Sumario
- La Habana aceleró la implementación de 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas en junio de 2026, en medio de una crisis marcada por escasez, apagones y falta de liquidez, mientras busca proyectar una imagen de apertura económica.
- Analistas como el economista Elías Amor consideran que las reformas no alteran los fundamentos socialistas establecidos en la Constitución de 2019 y las ven como mecanismos temporales para aliviar la presión económica sin modificar el control estatal.
La Habana ha acelerado durante los últimos días la implementación de algunas de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular el 18 de junio de 2026. El despliegue normativo ocurre en medio de una crisis prolongada, marcada por la escasez de alimentos y medicamentos, los apagones y la falta de liquidez, pero también bajo una fuerte presión de la administración del presidente Donald Trump.
La ofensiva comunicacional del régimen cubano ha presentado cada nuevo paso como prueba de una apertura económica de gran alcance. Esta semana, la prensa oficialista destacó la publicación de un amplio paquete jurídico para el sector agropecuario, el análisis de 36 proyectos de farmacias gestionadas por actores no estatales y un seminario nacional encabezado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz para acelerar la ejecución de las medidas.
El propio Marrero afirmó que 155 de las 176 transformaciones ya cuentan con las normas jurídicas necesarias para su implementación y que otras 17 debían quedar listas antes de finalizar septiembre. Sin embargo, el primer ministro admitió que el verdadero desafío será traducir ese entramado legal en resultados visibles para una población golpeada por años de contracción económica.
La insistencia oficial en exhibir avances coincide con un reclamo público dirigido a Washington. El canciller Bruno Rodríguez declaró esta semana que “no ha habido ningún pronunciamiento oficial del Gobierno de Estados Unidos sobre los cambios económicos y sociales decididos recientemente”.
La afirmación abrió una interrogante: ¿busca La Habana únicamente aliviar la crisis interna o intenta también que Washington reconozca las reformas y modifique su política hacia la isla?
Más espacio privado, pero bajo supervisión estatal
Uno de los principales avances anunciados fue el nuevo marco jurídico agropecuario, integrado por la Ley 185 de Tierra Agropecuaria y Forestal y un conjunto de decretos, decretos-leyes y resoluciones complementarias.
Las disposiciones amplían el acceso en usufructo a tierras estatales ociosas para personas naturales y jurídicas, cooperativas, mipymes y determinadas entidades extranjeras. También conceden mayores facultades a las cooperativas, flexibilizan la comercialización de productos y reconocen derechos sobre algunas construcciones y mejoras realizadas por los usufructuarios.
El cambio llega en un país que depende ampliamente de las importaciones para abastecer su mercado alimentario. Aunque las autoridades presentan la ley como una vía para recuperar la producción nacional, la tierra estatal no pasa a manos de los productores: se entrega en usufructo y continúa sometida a condiciones, plazos y controles administrativos.
Una apertura igualmente limitada se observa en el sector farmacéutico. El Ministerio de Salud Pública informó que evalúa 36 proyectos presentados por formas de gestión no estatal; tres se encuentran en proceso de constitución y otros 14 recibieron aval para continuar los trámites. Hasta ahora, ninguna de esas farmacias ha comenzado a operar.
El Decreto 160 de 2026 permitirá incorporar actores privados y cooperativos a determinados servicios farmacéuticos, ópticos, de rehabilitación y cuidado. No obstante, el Estado conserva el control de las autorizaciones y de los canales legales de importación de medicamentos, además de excluir productos de uso hospitalario, narcóticos, psicofármacos y otras categorías restringidas.
El patrón se repite en otras áreas. Las normas recientes prometen mayor autonomía a las empresas estatales y los municipios, flexibilizan determinados procedimientos para la inversión extranjera y amplían el espacio de los negocios privados. Pero la dictadura cubana insiste en que no se trata de un tránsito hacia el capitalismo, sino de una actualización del socialismo en la que el Estado mantendrá el mando de los sectores considerados estratégicos.
Rubio responsabiliza al modelo cubano
Desde Barranquilla, Colombia, el secretario de Estado Marco Rubio responsabilizó al régimen cubano por la crisis y cuestionó las restricciones impuestas a la iniciativa privada.
“Si Cuba es un desastre humanitario es porque su Gobierno, su régimen, es un desastre; porque el modelo económico que siguen no funciona”, declaró Rubio.
El funcionario agregó que las autoridades cubanas no permiten “que el sector privado prospere” ni que los ciudadanos elijan individualmente su propio camino.
Las declaraciones evidenciaron la distancia entre ambas capitales. Mientras La Habana presenta las medidas como una demostración de cambio y reclama que Estados Unidos se pronuncie, Washington sostiene que la crisis no se resolverá con ajustes parciales dentro de la misma estructura política y económica.
Analista: “Un instrumento para ganar tiempo”
Para el economista cubano Elías Amor, el alcance de las medidas está limitado desde su origen porque no modifica los fundamentos económicos de la Constitución de 2019.
“Estas medidas que está planteando el régimen castrista no representan una solución práctica para la economía cubana, sino que son tan solo un instrumento para ganar tiempo”, afirmó el analista.
Amor señaló que los artículos del título constitucional dedicado a los fundamentos económicos mantienen la economía socialista, la propiedad estatal sobre los medios fundamentales de producción y la planificación central como ejes del sistema. La Constitución reconoce la propiedad privada, pero le asigna un papel complementario y preserva la dirección estatal de la actividad económica.
Ese marco, según el economista, impide que la apertura desemboque en una economía de mercado con plenos derechos de propiedad. Su análisis también parte de un precedente: en otras etapas, el régimen cubano amplió el espacio privado para aliviar momentos de crisis y después impuso límites, suspendió licencias o aumentó la regulación cuando esas actividades adquirieron mayor autonomía.
El paquete actual tampoco altera el monopolio político del Partido Comunista ni desplaza al Estado de las áreas estratégicas. A ello se suma el peso del conglomerado militar GAESA en sectores como el turismo, el comercio en divisas, las remesas y la logística, aun cuando sus operaciones internacionales enfrentan sanciones y restricciones estadounidenses.
Una reforma sometida a la prueba de los resultados
Las 176 transformaciones abarcan 23 ejes y prometen descentralización, mayor autonomía empresarial y municipal, apertura a la inversión extranjera, incluida la de cubanos residentes en el exterior, y más participación del sector privado. Sobre el papel, constituyen uno de los programas de flexibilización más amplios presentados por La Habana en los últimos años.
Sin embargo, la rapidez con que ahora se publican normas y se organizan seminarios contrasta con la ausencia de resultados cotidianos. Las farmacias privadas todavía no funcionan, la nueva legislación agrícola aún debe demostrar que puede elevar la producción y la ampliación del espacio no estatal continúa condicionada por decisiones administrativas y por límites constitucionales.
Cuba atribuye buena parte de la crisis al embargo y a las sanciones de Estados Unidos. Washington, en cambio, responsabiliza al modelo económico y político de la isla y mantiene su política de presión. Entre ambas posiciones, La Habana intenta presentar sus reformas como evidencia de transformación, mientras los críticos las consideran una maniobra de supervivencia.