Un tribunal federal de apelaciones de Washington rechazó este viernes la demanda presentada por el contratista Alan Gross contra el Gobierno de Estados Unidos, al que había demandado por no advertirle de los riesgos de trabajar en Cuba, donde permanece detenido desde hace casi cinco años.
Gross y su mujer, Judy, reclamaron en noviembre de 2012, $60 millones al Ejecutivo federal y a la empresa Development Alternatives (DAI) por falta de información. La firma llegó en 2013 a un acuerdo con el contratista para zanjar el pleito, pero la disputa con el Gobierno ha llegado a los tribunales.
Tras un primer rechazo en una corte de distrito, Gross recibió este viernes una segunda negativa en su reclamación. El tribunal de apelaciones considera, al igual que la instancia inferior, que el Gobierno norteamericano no tiene por qué hacerse cargo al tratarse de un país extranjero.
En este sentido, los magistrados han instado a manifestar ante el Congreso, y en base a un "argumento político", cualquier queja sobre la supuesta falta de cobertura que dan las leyes a los estadounidenses enviados a otros países.
Gross, de 65 años, es un antiguo subcontratista de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y cumple una condena de 15 años de cárcel porque, según las autoridades de la isla, introdujo equipos de alta tecnología con la intención de establecer de manera ilegal el servicio de Internet.
Gross ha amenazado con suicidarse si no obtiene la liberación antes del próximo mes de mayo, cuando cumplirá 66 años, han advertido su mujer y su abogado.