Sumario
- Los expertos cuestionan ¿real apertura o estrategia de control estatal?
En medio de una severa crisis que mantiene contra las cuerdas al aparato productivo nacional, el régimen cubano aprobó el Decreto-Ley 133 de 2026, una normativa que elimina el límite de contrataciones para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Con esta medida, englobada dentro del paquete de 176 “transformaciones económicas y sociales”, el Gobierno dará paso a negocios privados con más de 100 trabajadores sin establecer un tope máximo de empleados.
Economistas entrevistados por Martí Noticias, han acogido el anuncio con marcado escepticismo, calificándolo como un ajuste estéril para la magnitud del colapso financiero que atraviesa la isla.
Emilio Morales señaló que las disposiciones no representan un avance sustancial ni otorgan un entorno de libre mercado auténtico:
"Lo que el gobierno cubano acaba de autorizar no es nada extraordinario, es lo que normalmente ocurre en cualquier país del mundo. Que tengan más de 100 trabajadores no significa absolutamente nada, no van a superar el problema de la economía", señaló Emilio Morales.
La nueva regulación también concede autorización a estas compañías para establecer sucursales en cualquier provincia del país. Asimismo, contempla la realización de importaciones y exportaciones de forma directa, aunque supeditadas a la aprobación del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX).
“Tienen que seguir con los permisos para poder importar y exportar; no tienen ninguna autonomía para eso, tienen que depender del Ministerio de Comercio Exterior. Tampoco pueden manejar los precios como ellos quieran, tienen que estar regidos por los topes de precio que el gobierno ponga”, indicó Morales.
“No veo ninguna mejoría cuando lo que tenemos en el frente es una economía que está derrumbada. Siguen limitadas porque solo van a abrir cuentas en la moneda nacional, la moneda que no sirve y está con tremenda inflación”, apuntó.
En materia fiscal y bancaria, el Banco Central de Cuba (BCC) exigirá a los socios el depósito de un capital inicial y la acreditación formal de su procedencia previo a la aprobación de la entidad.
Entre los derechos y libertades anunciados destacan la autonomía para fijar salarios y precios dentro del sector privado. De forma paralela, el decreto legaliza la impartición de clases particulares privadas fuera de los horarios escolares y autoriza el aprendizaje privado de idiomas, sujeto a que los docentes certifiquen al menos un nivel B1 de dominio lingüístico.
Por su parte, el economista Elías Amor coincidió en que la medida responde a la dinámica elemental del crecimiento empresarial, pero advirtió sobre un trasfondo de control político tras el incentivo al gran tamaño corporativo:
"Lo que vienen es a plantear algo que es absolutamente normal en cualquier economía: un negocio arranca de una dimensión chiquita y cuando las cosas le van bien va cogiendo tamaño. En Cuba, el sentimiento empresarial pequeño está arraigado a pesar de que el régimen comunista lo ha querido eliminar durante 67 años."
"Yo creo que es mucho más interesante para el futuro de la economía cubana basarse en las medianas y pequeñas empresas, en los trabajadores por cuenta propia y en los campesinos independientes, que promover el nacimiento de grandes empresas. El régimen lo que quiere es permitir que las empresas crezcan para luego dominarlas. Es más fácil dominar a esas empresas grandes que viven del régimen que a las pymes libres. No le doy ninguna trascendencia económica a este tipo de medidas", puntualizó Amor.
Aunque el Decreto-Ley 133 intenta proyectar una imagen de apertura estratégica hacia el sector privado, el análisis técnico sugiere que la burocracia centralizada y las distorsiones monetarias continuarán limitando el despegue económico real en la isla.