El presidente de Guatemala, Otto Pérez, desafía las voces de la calle que exigen su renuncia por su presunta vinculación con un multimillonario fraude fiscal, mientras una comisión del Congreso comenzó a discutir este viernes si le levanta la inmunidad para que enfrente a la justicia.
"Enfrentaré el proceso de antejuicio (sobre el retiro de su inmunidad) porque no tengo nada que esconder", aseguró el mandatario, en respuesta a miles de manifestantes que la víspera llenaron la Plaza de la Constitución en el centro de la capital, apoyados por empresarios, que cerraron sus negocios.
La resistencia de Pérez a renunciar a la presidencia cayó mal a los ciudadanos "indignados", que aseguran estar frustrados por el cobro de sobornos en las aduanas y otros escándalos de corrupción destapados en los últimos meses.
Además del clamor de las calles, la petición para que Pérez deje la silla presidencial es respaldada por la poderosa gremial de empresarios, activistas de derechos humanos, la Iglesia Católica y universitarios.
Según una investigación de la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente adscrito a la ONU, Pérez y la detenida ex vicepresidenta Roxana Baldetti encabezaban una mafia denominada "La Línea", que cobraba sobornos a empresarios para evadir impuestos aduaneros.
Baldetti, quien renunció el 8 de mayo salpicada por el escándalo, se encuentra en prisión preventiva luego de que un juez la ligara al proceso judicial, mientras que Pérez podría ser investigado por la justicia si el Congreso autoriza quitarle la inmunidad.
Este viernes el diputado del gobernante Partido Patriota (PP, derecha) Mario Linares, quien preside el comité que dirige la investigación legislativa contra Pérez, dijo a periodistas que no puede anticipar cuándo tomarían una decisión sobre la inmunidad del mandatario, pese a la presión por un pronunciamiento rápido.
"Entiendo la postura de la población y de los sectores, pero hay que hacer esto como se debe, porque si no, podría ser impugnado", explicó el congresista de la comisión, que tiene hasta 60 días de plazo para analizar el expediente.
En un mensaje a la nación el domingo y en una entrevista con una radio local el jueves, Pérez, un general retirado de 64 años, retó con tono enérgico a sus detractores, a quienes les aseguró que no renunciará, a pesar de que la Fiscalía lo vincula directamente con el caso de corrupción.