Ante la demostración de fuerza del independentismo catalán, apoyado por el del País Vasco, el gobierno español, imperturbable, ignora los desafíos separatistas de estas regiones pero, tarde o temprano, deberá responder a esta "demanda social muy fuerte" según los analistas.
"Esta V es un mensaje de gran potencia, de mucho calibre que en Madrid deberían escuchar. Es el momento de que se avengan a sentarse en la mesa a negociar", declaró el jueves el presidente nacionalista catalán Artur Mas.
Unas horas antes, centenares de miles de catalanes invadieron con banderas independentistas dos largas avenidas de Barcelona formando una gran V de Votar pidiendo el derecho a organizar el 9 de noviembre una consulta sobre la secesión de esta región española.
Desde el País Vasco, región del norte de España con marcada identidad cultural, los nacionalistas conservadores del PNV en el poder y los independentistas de izquierda, la segunda fuerza política vasca, enviaron delegaciones para manifestar su apoyo a la causa catalana. "Es imprescindible dejar claro a Madrid que los catalanes no están solos, que los vascos también estamos allí. El 'no' a Cataluña es un 'no' al País Vasco", advirtió recientemente Hasier Arraiz, presidente del partido independentista Sortu.
Si bien los analistas no presagian una "explosión" inminente de España, el gobierno conservador de Mariano Rajoy se enfrenta a dos realidades distintas. "Hay una demanda social muy fuerte de cambio en la estructura del Estado español", que dota de amplia autonomía a las regiones, afirmó Antón Losada, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Santiago de Compostela.
"No es una demanda artificial alentada por las elites de los partidos nacionalistas", subrayó. Pero mientras los catalanes expresaron su malestar en una movilización de organización impecable, con los manifestantes formando un mosaico gigante con las franjas rojas y amarillas de la bandera catalana, las aspiraciones independentistas se mantienen en un segundo plano estos últimos meses. Los nacionalistas del PNV "aprendieron del fracaso" de su propio intento de organizar un referéndum en esta región sobre el "derecho a decidir" en 2008, señaló Florencio Domínguez, director de la agencia de información Vasco Press.
Y, segundo factor relevante, el País Vasco, que trabaja en la elaboración de un nuevo estatuto para adquirir más autogobierno, dispone de autonomía para gestionar los impuestos, una cuestión que catalizó el conflicto entre Cataluña y el gobierno central.
En 2012, la negativa de Rajoy a negociar un sistema fiscal para Cataluña precipitó la decisión de Mas de iniciar el proceso de autodeterminación en esta región. Minoritario antes de la crisis, el independentismo empezó a ganar fuerza, especialmente después de que el Tribunal Constitucional español recortara en 2010 un estatuto de autonomía aprobado en referéndum en 2006 que definía a Cataluña como nación.
"Había una demanda real que necesitaba una respuesta política que el estatuto del 2006 intentó gestionar. Pero no solo no se gestionó sino que después de la sentencia del Tribunal Constitucional se infectó", dijo Losada.
Para Cataluña y el País Vasco, "la clave ahora se encuentra en Escocia", señaló Fernando Vallespín, profesor de ciencias políticas en la Universidad Autónoma de Madrid. "Si en Escocia sale el 'sí', se rompe el tabú de que no existen secesiones en Europa occidental", explicó.
Pero si el "no" se impone en el referéndum del 18 de septiembre "se subrayaría un poco más la soledad del caso catalán y esto aliviaría al gobierno español", destacó Ignacio Molina, del instituto madrileño Elcano.
No obstante, Rajoy separa constantemente ambos casos, insistiendo en que, a diferencia del caso escocés, el referéndum pedido por el gobierno catalán es "ilegal".
Denunciando el "inmobilismo" del gobierno, la oposición socialista, también contraria a la consulta catalana, propone modificar la Constitución para construir una España federal, una de sus apuestas principales para las elecciones generales de finales de 2015.
Aunque actualmente parece difícil, una vez pase el 9 de noviembre una "vía de diálogo se puede abrir" entre Madrid y Barcelona, quiere creer Losada.
"Con el paso del tiempo, se ha instalado el convencimiento en el Partido Popular (de Rajoy) de que algo vamos a tener que hacer con la Constitución", asegura. "O cambias y te adaptas o revienta", advierte.