La opositora de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), Yolanda Carmenate Fernández, de 65 años de edad, denunció a Radio Martí que fue amenazada con ser llevada a prisión si continúa criticando al gobierno.
La activista, condenada a cuatro años de cárcel en prisión domiciliaria, por los supuestos delitos de desacato, resistencia y propagación de epidemias, por su participación en las protestas populares del 11 de julio en el territorio, dijo que la amenaza de encarcelamiento viene del juez de ejecución del Tribunal Municipal de Las Tunas, en complicidad con la Seguridad del Estado.
"Los días 2 y 3 del mes de febrero fui sometida injustamente ante el juez de ejecución, donde fui objeto de coacción, coerción e intimidación con amenazas de llevarme a prisión, de continuar con mi activismo político", denunció.
La mujer explicó las dificultades que enfrenta en el sistema de reclusión domiciliaria: "No puedo salir de la ciudad, en mi vivienda (que es de heredero) no puedo aceptar ningún hermano de causa, no puedo tampoco meterme en las redes sociales a dar ningún tipo de opinión, ni nada que tenga que haber en contra de la revolución. Si yo no cumplo con lo que ellos me están exigiendo, porque si ellos vienen a cualquier hora, y yo no estoy en mi casa, cualquier cosa que a ellos le parezca mal, ya ellos me pueden llevar a prisión. Y como si fuera poco, se está estudiando la forma de que continúe laborando, por supuesto, trabajo esclavo o forzoso".
"Yo no estoy en condiciones psíquicas ni físicas para ir a una prisión. Pero bueno, tendré que hacerlo porque no puedo seguir así. Es imposible que un ser humano. acepte una vejación moral como esa", declaró Carmenate Fernández.
Tras ser detenida en las protestas del 11 de julio, la activista permaneció 24 días encerrada en una celda de aislamiento de la Unidad de Instrucción Policial en Las Tunas.
Carmenate ya cumplió una condena de prisión política de dos años y medio por el supuesto delito de "Instigación a Delinquir", pasó 7 meses en celdas de castigo en la prisión Veguita en Las Tunas, de donde salió por cumplimiento de condena en mayo de 2019.