Multas y amenazas a opositores por comentar sobre el coronavirus en la isla

Cubanos almacenan agua en La Habana en medio de la crisis por el coronavirus. Las autoridades están amenazando y multando a miembros de la sociedad civil que reporten sobre la situación de la pandemia en la isla.

Activistas de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) fueron citados, multados y amenazados el miércoles por "hablar mal de los dirigentes del gobierno y tratar el tema de coronavirus" en sus publicaciones en las redes sociales, explicaron a Radio Televisión dos integrantes de ese grupo opositor.

Ovidio Martín Castellanos, uno de los coordinadores de la UNPACU en Santiago de Cuba, fue detenido ayer por más de 8 horas en una unidad de la Policía conocida por El Palacete, donde dos agentes se presentaron "como instructores de ETECSA" y le informaron que sería multado.

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El activista indicó que cuando indagó las razones de las multas, uno de los agentes dijo que eran porque "andaba en las redes hablando mal de los dirigentes del gobierno y hablando de la situación que hay en el país con el coronavirus".

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Aunque no las firmó, pidió constancia de las mismas para "hacer la reclamación pertinente".

El opositor recibió una multa de 3.000 pesos, por las publicaciones en internet, y otra de 200 pesos, por unas octavillas que aparecieron en algunos lugares de la ciudad y con las que aparentemente intentan relacionarlo.

Martín Castellanos calificó el incidente de "maniobra" contra su persona.

El Decreto 370 regula en la isla el uso de la internet y contempla multas hasta de 3.000 pesos.

También el miércoles, en Camagüey, la policía política citó para una estación policial al activista Adrián Quesada, de la UNPACU.

"Un funcionario del tribunal, que no se identificó, junto a un agente de la Seguridad del Estado, me hicieron una acta de advertencia por mis publicaciones en internet y me dijeron que podrían multarme con 3.000 pesos", detalló el opositor.

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Activista de UNPACU citado y amenazado por la policía política de Camagüey

Quesada agregó que le abrieron un expediente de "peligrosidad" porque, según ellos, la Seguridad del Estado considera que tiene "potencial delictivo".

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Durante las últimas semanas, activistas de otras organizaciones opositoras y periodistas independientes han denunciado que las autoridades policiales los han multado con 3.000 pesos por fotografiar aglomeraciones de personas para comprar alimentos.

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La periodista independiente Camila Acosta fue multada la pasada semana. por violar, según las autoridades, el decreto 370; mientras que también el comunicador Julio Aleaga Pesant fue citado y amenazado con ser llevado a prisión bajo la Ley de Peligrosidad Social Predelictiva.

(Con entrevistas de Ivette Pacheco e Idolidia Darias)