La Corte Suprema de Justicia de Brasil acordó enviar a la cárcel al expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, durante una maratónica sesión plenaria que concluyó en las primeras horas de la madrugada de este jueves.
Con una votación de 6 votos a favor y 5 en contra los magistrados rechazaron el recurso de habeas corpus interpuesto por la defensa del ex mandatario, condenado en segunda instancia a doce años de cárcel en enero pasado.
La presidenta de la Corte, Carmen Lucia, fue la última en votar y decidió con su voto el rechazo denegando la petición de la defensa.
Lula no ingresaría en la cárcel inmediatamente. El exmandatario todavía tiene hasta el 10 de abril para presentar un recurso, pero los expertos en derecho coinciden en que esta etapa es una formalidad y que la probabilidad de que tenga éxito es mínima.
En contra del recurso interpuesto por Lula, votaron, además los jueces Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Rosa Weber e Luiz Fux
A favor de la petición de Lula, votaron los jueces Gilmar Mendez, Dias Toffoll, Ricardo Lewandowski, Marco Aurelio Mello y Celso de Mello.
El primer voto fue emitido por el juez Edson Fachin, instructor del caso "Lava Jato", por el que ha sido condenado el expresidente, y quien recordó que la propia Corte Suprema, en 2016, ya declaró constitucional que una pena comience a ser ejecutada una vez que se ratifique en segunda instancia, como es el caso de Lula.
Según Fachin, un recurso de esa naturaleza sólo puede concederse "en favor de alguien que tenga amenazada su libertad por alguna ilegalidad o abuso de poder", lo que "no es el caso", agregó.
"No cabe considerar ilegal, amenaza o abuso de poder dos fallos" de tribunales de primera y segunda instancia, sostuvo.
El juez Gilmar Mendes, quien votó en favor de la petición de Lula de no ingresar a prisión, argumentó que la corte no podía tomar decisiones con base en la opinión pública.
“Si una corte cede (ante la presión), bien podría no existir”, dijo Mendes.
El juez Luis Roberto Barros argumentó que la integridad del sistema judicial está en juego.
“Un sistema penal que no trabaja con una efectividad mínima favorece el desarrollo del instinto de hacerse justicia por propia mano”, afirmó Barros, quien votó contra la petición.
El voto más esperado por especialistas en el área judicial era el de la jueza Rosa Weber, que ha expresado su convicción personal de que una persona no puede ir a prisión hasta tanto se agoten todas las apelaciones, pese a lo cual desde 2016 ha decidido en casos similares según lo expresado entonces por el pleno.
En este caso, pese a que se conjeturaba que su visión sobre el asunto prevalecería sobre la jurisprudencia dictada en 2016, Weber también negó el "habeas corpus" en favor de Lula.
"He negado recursos similares en respeto a lo que en 2016 había decidido el pleno de la corte, en respeto al colegiado", y "lo hice incluso en contra de mis convicciones personales", declaró Weber, quien apuntó que en este caso "no podría ser de otra manera".
Weber dijo que si no se tratase de un "caso específico", como es el de Lula, y se tratara de un asunto con "repercusión general", lo cual supone que valdría para todos los condenados en esa situación, su posición pudiera ser otra.
En la causa penal a que se refiere el "habeas corpus", una de las siete en que responde ante los tribunales, Lula fue hallado culpable de haberse beneficiado de las corruptelas en la estatal Petrobras mediante la cesión de un apartamento en un balneario paulista.
En primera instancia, Lula fue condenado a nueve años de cárcel, que fueron ampliados a doce en la segunda instancia.
La defensa de Lula ha negado todos los cargos y afirmado que su cliente es víctima de una "persecución política" que intenta impedir que vuelva al poder, meta que se ha trazado para las elecciones de octubre próximo, a pesar de normas que impiden postular a cualquier cargo electivo a los condenados en segunda instancia.
La sesión comenzó bajo estrictas medidas de seguridad, frente a la posibilidad de que tanto partidarios como adversarios de Lula se manifiesten en las calles de Brasilia, que en esta jornada, en la que hasta ahora no ha habido incidentes, tienen un refuerzo de 4.000 policías.
Manifestaciones en Brasil piden al Supremo rechazar recurso de defensa de Lula.
Para evitar posibles enfrentamientos, las autoridades separaron a ambos bandos con vallas metálicas y cerraron el tránsito en la Explanada de los Ministerios, una avenida que concentra todos los edificios del poder público y en uno de cuyos extremos están el Palacio presidencial, el Parlamento y la sede del Supremo.
Lula, que gozó de una inmensa popularidad tras dos mandatos al frente del país entre 2003 y 2010, se ha convertido en un personaje polémico en medio de un escándalo de corrupción que ha sacudido a Brasil en los últimos años y ha enfurecido al ciudadano promedio contra la clase política.
El ex mandatario fue declarado culpable el año pasado por ayudar a una empresa constructora a lograr contratos a cambio de la promesa de que recibiría un apartamento en la playa. El encargado de dictar la sentencia fue el juez Sergio Moro, responsable de los casos derivados de la Operación Autolavado, el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil. Muchos consideran a Moro un héroe, mientras que sus detractores lo acusan de ser partidista.
Simpatizantes del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva siguen desde la sede del sindicato de los metalúrgicos la sesión de la Corte Suprema.
Lula siempre ha defendido su inocencia, y ha argumentado que este caso, como otros cargos de corrupción pendientes de juicio, son intentos para mantenerlo fuera de la carrera presidencial.
Sin embargo, Lula recibió un revés en enero, cuando una corte de apelaciones ratificó la condena relativa al apartamento en la costa. Los tres magistrados que revisaron el caso ampliaron incluso la sentencia a 12 años y un mes.
Aunque el ex mandatario puede presentar más recursos, la ley brasileña podría obligarlo a empezar a cumplir su pena, como han ordenado Moro y los otros magistrados.
Los abogados de Lula sostienen que su cliente tiene el derecho constitucional de permanecer en libertad hasta agotar todas las apelaciones posibles. Sin embargo, en un caso no relacionado de 2016, el alto tribunal discrepó con ese argumento, y dictaminó que un condenado debería empezar a cumplir su sentencia tras la denegación de la primera apelación.
Lula no ha dejado de hacer campaña durante toda su batalla legal, criticando a sus detractores y prometiendo no rendirse. La semana pasada, durante una escala en el estado sureño de Paraná, donde Moro lo declaró culpable, dos de los autobuses de su comitiva fueron alcanzados por disparos, que no dejaron heridos.
“No habrá un buen resultado en este juicio”, dijo Carlos Melo, un politólogo en la Universidad Insper en Sao Paulo. “La mitad de Brasil estará decepcionada sin importar el resultado y nadie sabe qué papel jugará esa frustración en las elecciones”.
(Escrito por Pablo Alfonso con información de la agencia EFE y AP y las redes sociales)