En Cuba persisten "patrones sistemáticos de violación de los derechos laborales" que provienen de un sistema no democrático, denunciaron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, (REDESCA).
En el informe "Derechos laborales y sindicales en Cuba", presentado en la Universidad de Miami, las dos entidades adscritas a la Organización de los Estados Americanos advierten que el ejercicio pleno de los derechos humanos laborales se ven también afectados por el peculiar contexto socioeconómico que atraviesa Cuba.
El incumplimiento de los derechos laborales está indisolublemente ligado a contextos de “precariedad laboral, empeoramiento de las condiciones de contratación, ausencia de medidas de protección de la salud y seguridad laboral y falta de libertad de expresión en el lugar de trabajo que da lugar a sanciones disciplinarias, expulsiones e incluso, despidos injustificados", señala el documento.
Las protestas del 11 de julio de 2021 y las de 2022 han agudizado “la represión a la disidencia en el país y graves afectaciones a los derechos humanos”. El informe también dice que un 92,3% de los entrevistados por las dos entidades cree que en el país no se respetan los derechos laborales, en tanto un 98,4% opina que no existen las libertades sindicales y de asociación en la isla.
El documento llama la atención sobre “el especial peligro al que se ven sometidas las personas trabajadoras que se encuentran bajo relaciones laborales especiales como el personal docente y las restricciones arbitrarias a la libertad de cátedra”.
Lee también Nuevo informe sobre libertad académica analiza papel de la ideologización en CubaDe igual manera sucede con las personas destinadas a “misiones internacionalistas” y del sector cuentapropista.
Advierte en particular que los trabajadores en las brigadas médicas cubanas en el exterior podrían estar en situación de trabajo forzoso u obligatorio, "conceptos relacionados a la esclavitud moderna toda vez que sus derechos laborales más básicos serían vulnerados".
"Persisten las denuncias sobre la explotación de los profesionales de la salud en el exterior", señala el informe. Cita, por ejemplo, que el gobierno cubano retendría hasta el 90% del salario que otros gobiernos pagan por la colaboración médica, e impone graves limitaciones a las libertades de expresión y asociación de los trabajadores.
El reporte detalla la falta de un salario para los trabajadores que los dote de la capacidad adquisitiva para atender necesidades básicas o disfrutar de otros derechos, como salud, alimentación y vivienda; la violación al debido proceso legal y el acceso a la justicia y la discriminación y aplicación de sanciones disciplinarias por razones políticas.
Señala la discriminación estructural que afecta a las personas afrocubanas, las mujeres, las personas con discapacidad, las personas mayores y a la población LGBTI.
Un grupo de expertos encabezado por la relatora especial de REDESCA, Soledad García Muñoz; María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH; Andy Gómez, de la Universidad de Miami; y Giselle Morfi, abogada del Centro de Información Legal Cubalex, presentaron el estudio.
Los especialistas recordaron que, aunque Cuba ratificó varios convenios internacionales en materia de derechos laborales, "presenta un complejo escenario en el ámbito de los derechos laborales y sindicales".
Por ejemplo, “la legislación cubana no contempla el derecho de huelga, lo que implica que el propio marco jurídico imposibilita medidas de acción colectiva para la defensa de los derechos laborales y, al mismo tiempo, califica de ilícita toda acción colectiva de las personas trabajadoras, al considerarse contrarias al orden público o atentados contra la paz y la seguridad social".
De igual forma, la Constitución cubana sólo reconoce a la oficialista Central de Trabajadores de Cuba, lo que “se opone a los principios más básicos en materia de libertad sindical”.
Los derechos laborales colectivos, como la libertad sindical o el derecho a la libre asociación, "son totalmente inexistentes como consecuencia de la falta de un contexto de democracia e imposición de un partido único", subraya el informe.
En este sentido, denuncia que “el movimiento sindical se encuentra severamente limitado dada la politización y el monopolio que ejerce el sindicato único -controlado por el propio Estado".
Esto deviene "en acciones represivas" contra las personas que tratan de afiliarse a un sindicato independiente, “así como contra los propios representantes sindicales de tales sindicatos independientes”.
Lee también Iniciativa instruye a trabajadores cubanos para que reclamen sus derechosA partir de lo expresado en el documento, la CIDH y REDESCA propusieron una serie de recomendaciones a Cuba, entre las que están las siguientes:
-Promover políticas públicas que garanticen el trabajo digno y decente, y velen por su efectivo cumplimiento, incidiendo en la eliminación de la falta de oportunidades de calidad y de condiciones de trabajo precarias y protegiendo específicamente a los grupos en situación de vulnerabilidad.
-Adoptar las medidas necesarias que, de acuerdo al principio de igualdad y no discriminación, pongan fin a los obstáculos estructurales que impiden a las personas trabajadoras el libre acceso al empleo, respetando su derecho a elegir un trabajo en función de sus intereses, necesidades y formación académica.
- Redoblar los esfuerzos para erradicar la discriminación por motivos políticos, de género, origen étnico, orientación sexual o identidad de género y condición física en el ámbito laboral.
- Efectuar las adaptaciones del salario mínimo siguiendo los estándares internacionales de la OIT y, teniendo en consideración, los impactos específicos que pudiera tener su aumento en el particular contexto de inflación del país, asegurando un nivel de protección efectiva y adecuada en materia salarial a las personas trabajadoras.
- Asegurar el ejercicio de la libertad de expresión en el contexto laboral y, en particular, garantizar el cese inmediato de los ataques contra personas defensoras de los derechos humanos, asegurando que éstas puedan llevar a cabo sus labores, sin temor a intimidaciones ni a restricciones indebidas de sus derechos laborales.
- Fortalecer los mecanismos de acceso a la información pública como garantía de transparencia y rendición de cuentas en materia de afectaciones empresariales a los derechos laborales y sindicales.