Sumario
- La carga económica es tan alta que varios hogares sobreviven con una sola comida al día; una entrega de ayuda puede costar entre 20.000 y 60.000 pesos cubanos, muy por encima del salario mínimo mensual.
- La organización denuncia que el Estado traslada a las familias responsabilidades que le corresponden y que la asistencia más eficaz sería en efectivo, junto con apoyo legal e internacional para enfrentar abusos y garantizar derechos.
El encarcelamiento por motivos políticos en Cuba impone a las familias una carga económica que obliga a algunos hogares a sobrevivir con una sola comida al día para sostener a sus parientes presos, según un informe de Cubalex que documenta cómo la represión se extiende más allá de las cárceles.
“En Cuba, cuando una persona es encarcelada por motivos políticos, esta condena no termina cuando la persona ingresa a la prisión, sino que el castigo se extiende a todo su entorno y sobre todo a su hogar”, declaró a Martí Noticias el abogado de esa organización Alain Espinosa.
El informe “El castigo extendido: necesidades de las personas presas políticas en Cuba y de sus familias”, publicado el 12 de octubre de 2026, se basa en 28 entrevistas semiestructuradas a familiares de personas encarceladas por motivos políticos. De las personas entrevistadas, 25 son mujeres.
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Alimentar a un preso político en Cuba, un sacrificio que empobrece a los hogares.
Los hallazgos fueron contrastados con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como Reglas Nelson Mandela, y con las tipologías de represión documentadas por Cubalex.
Según Espinosa, la investigación ha dejado al descubierto “toda una crisis humanitaria que se ha silenciado o que no se le da toda la visibilidad que necesita”.
La investigación denuncia que el Estado ha trasladado a los hogares responsabilidades que le corresponden respecto a las personas bajo su custodia. En la mayoría de los casos documentados, las familias proporcionan la totalidad de la alimentación complementaria, los medicamentos, los artículos de higiene, la ropa de cama e incluso el agua de beber.
“El Estado ha transferido a las familias la responsabilidad de garantizar la supervivencia de las personas que están presas”, afirmó Espinosa.
El abogado explicó que son principalmente las madres, esposas y hermanas quienes asumen esa obligación. Quien no cuenta con ese respaldo, advirtió, “queda en la más absoluta indigencia dentro de las prisiones”.
Cada entrega de una jaba o saco con alimentos y medicinas cuesta entre 20.000 y 60.000 pesos cubanos, de acuerdo con el informe, que sitúa el salario mínimo mensual en 3.210 pesos.
A ese gasto se suma el transporte para las visitas, cuyo costo oscila entre 400 y 15.000 pesos, según la distancia. En los casos documentados, los medicamentos se adquieren íntegramente en el mercado informal.
El 60 % de las personas entrevistadas identificó la necesidad económica como la más urgente. Varios hogares reportaron vivir con una sola comida al día.
Para sostener a un familiar privado de libertad, explicó Espinosa, algunos hogares deben “llegar al extremo de sobrevivir ellos con una sola comida al día”.
Cubalex sostiene que la asistencia económica directa en efectivo es la respuesta más eficaz a las necesidades descritas por las familias.
El informe recoge que los apagones prolongados provocan la pérdida de alimentos enviados como ayuda. También documenta robos durante las entregas y restricciones que impiden introducir parte de las provisiones en las prisiones.
Espinosa denunció que los funcionarios penitenciarios deciden de manera discrecional qué productos pueden ingresar, lo que dificulta que las familias preparen sus envíos.
“Por eso creemos que la asistencia más eficaz en este momento son las transferencias directas y en efectivo”, afirmó. Ese apoyo, explicó, permite comprar lo que realmente necesita la persona presa y buscar precios más bajos.
La continuidad de la ayuda es otro factor esencial. Según el informe, los apoyos existentes se redujeron o cesaron durante los seis a doce meses anteriores a la investigación. Algunas familias que dependían de un único canal pasaron meses sin poder llevar alimentos a su pariente encarcelado.
“Una ayuda esporádica deja a las familias vulnerables durante meses”, advirtió el abogado.
La investigación también identifica la orientación jurídica como una necesidad humanitaria. Según Cubalex, la mayoría de las familias entrevistadas desconoce los beneficios penitenciarios y los mecanismos internacionales de denuncia, mientras que la administración carcelaria oculta o falsea información sobre la progresión de régimen.
Espinosa subrayó la importancia de que los familiares puedan “conocer primero cuáles son sus derechos y después denunciar todos estos abusos que se cometen con las personas que están privadas de libertad”.
El informe organiza las necesidades en tres niveles: atención de emergencias, como alimentación y medicamentos; estabilización económica mediante transferencias sostenidas y apoyo a mujeres cuidadoras y niños afectados; y protección a través de asesoría legal, documentación y acompañamiento internacional.
Cubalex recalca que la asistencia humanitaria no sustituye la responsabilidad estatal, pero resulta esencial para evitar daños irreversibles a las familias que sufren lo que la organización describe como un castigo colectivo deliberado.