El Tribunal Superior sudafricano ordenó hoy a las autoridades del país que eviten la salida del presidente sudanés, Omar al Bashir, hasta que la Justicia decida si debe ser arrestado por los cargos que le atribuye la Corte Penal
Internacional (CPI).
El mandatario llegó ayer a Johannesburgo para participar en una cumbre de la Unión Africana (UA), pese a la orden de detención emitida por la Corte y a que Sudáfrica es país firmante de su tratado.
El Tribunal Superior de Pretoria ha emitido esta orden provisional en un proceso iniciado por el Centro para la Litigación de África Meridional (SALC), que esta mañana presentó una acción legal urgente para forzar la detención de Al Bashir.
La corte decidirá a partir de las 15.00 hora local (13.00 GMT) si las autoridades sudafricanas deben detener a Al Bashir y ponerlo a disposición de la CPI.
En la presentación de la demanda, la abogada del SALC, Isabel Goodman, argumentó que Sudáfrica tiene la obligación legal de proceder a la detención del líder sudanés, al ser firmante del tratado de la CPI.
Por su parte, la representante del Gobierno, Isabel Ellis, defendió que la decisión corresponde al Ejecutivo sudafricano, y pidió un receso de tres horas, aceptado por el juez Hans Fabricius, para explicar legalmente esta postura.
Según la prensa oficial sudanesa y la televisión pública sudafricana, SABC, Al Bashir aterrizó anoche en el aeropuerto militar de Waterkloof (Pretoria), aunque no ha aparecido en público de momento.
Mientras se espera la decisión del Tribunal Superior en Pretoria, en Johannesburgo los jefes de Estado y de Gobierno de la UA -entre los que podría estar Al Bashir- se reúnen a puerta cerrada en la asamblea de la cumbre, que terminará mañana.
La oposición sudafricana y varios grupos de defensa de los derechos humanos, como Amnistía Internacional (AI), han exigido al Gobierno que cumpla sus compromisos internacionales y detenga a Al Bashir.
Las autoridades sudafricanas no se han pronunciado hasta el momento.
La UA ha mostrado en repetidas ocasiones su hostilidad hacia la CPI, al que algunos países del organismo panafricano acusan de perseguir injustamente a mandatarios del continente.
Una sentencia de 2008 del Tribunal Constitucional sudafricano establece que las autoridades están obligadas a investigar y juzgar a cualquier persona que cometa un crimen contra la humanidad definido como tal por la CPI.
La CPI, que hoy a instado al Ejecutivo sudafricano a proceder a su detención, emitió una orden de arresto contra el presidente sudanés en 2009, bajo acusaciones de responsabilidad por genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en la región de Darfur, en el oeste de Sudán, desde 2003.
Al Bashir no había visitado Sudáfrica desde la emisión de las órdenes de detención internacional en su contra, aunque sí ha viajado a otros países firmantes del Estatuto de Roma, como Kenia, Malaui y Nigeria.
El presidente sudanés se niega a reconocer al Tribunal de La Haya, al que considera una herramienta colonial dirigida contra su país y los africanos