La jueza rechazó el alegato de los fiscales de que esos detenidos son “combatientes enemigos” y no tienen derecho a tener representación legal.
Kollar-Kotelly dijo que el gobierno no puede vigilar con micrófonos y cámaras los encuentros de los abogados y los detenidos en Guantánamo y que tampoco puede revisar las notas que tomen los abogados porque eso perjudicaría la relación de los detenidos con sus defensores.