EEUU acepta extraditar a exministro de Defensa de México

Salvador Cienfuegos, ex secretario de Defensa de México

En una decisión considerada “inédita” en procesos de esta envergadura, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer el pasado 17 de noviembre que “pediría que se retiraran los cargos” al exsecretario de Defensa de México, general Salvador Cienfuegos.

El militar tenía abierta una causa en EEUU desde 2019 por “participar en una red internacional de tráfico de drogas y lavado de dinero”, según informa la Agencia Associated Press.

El secretario de Defensa de México durante la gestión del presidente Enrique Peña (2012-2018) fue detenido en octubre en el principal aeropuerto de Los Ángeles, a pedido de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Para el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, la captura de Cienfuegos fue un hecho "muy lamentable" que simboliza la corrupción de gobiernos precedentes.

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Carol Amon, jueza de la corte del distrito de Nueva York, accedió a la petición fiscal de retirar los cargos contra Cienfuegos, advirtiéndole que debería abandonar territorio norteamericano “de forma expedita” y regresar a México escoltado por alguaciles estadounidenses.

De acuerdo con lo reportado por AP, “el gobierno de México elogió la medida y algunos analistas la interpretaron como un ‘regalo’ del gobierno del presidente Donald Trump” a su homólogo mexicano, refiriéndose a la negativa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a reconocer al candidato demócrata Joe Biden como ganador de las elecciones mientras no hubiera un pronunciamiento oficial por parte de EE.UU.

Al ser preguntado por la jueza Amon si la petición de retiro de cargos provenía directamente de William Barr, fiscal general de los EE.UU, el fiscal Seth DuCharme contestó que sí, y que se debía a “un balance de intereses”, agregando, según AP, que “el gobierno estadounidense cree que la medida es beneficiosa para la relación entre México y los Estados Unidos”.

Ante lo cual, la juez Amon dijo durante la audiencia, a la que pudieron asistir pocos periodistas debido a las limitaciones impuestas por el COVID-19: “No tengo motivos para dudar de la sinceridad de la posición del gobierno”.

“El gran interés en mantener una relación cooperativa con México”, señaló el fiscal DuCharme según AP, “supera en importancia al interés de la fiscalía en llevar a cabo la acusación formal contra Cienfuegos”, aunque -añade AP- Estados Unidos ha dicho que espera que México investigue a Cienfuegos y lleve a cabo su propio proceso judicial.

Por su parte, en canciller mexicano Marcelo Ebrard ha dicho que esta decisión es el resultado de más de un mes de conversaciones entre ambos gobiernos y que “no tiene nada que ver” con el proceso electoral en el que están inmersos los Estados Unidos. “Son dos procesos diferentes”, afirmó el canciller Ebrard.

El canciller Ebrard también se refirió al hecho de que, expone AP, “México había manifestado su rechazo a la detención del general por no haber sido notificado de la investigación”, recordando además, que el gobierno mexicano está en proceso de revisión de “su relación con la agencia antidrogas estadounidense (DEA)” por lo cual, el paso dado por el gobierno es acertado.

El canciller Ebrard dijo que la medida no es vista como "un camino a la impunidad sino como un acto de respeto a México y a las fuerzas armadas de México”.