La madre de un preso del 11J con discapacidad intelectual denunció este jueves las precarias condiciones que enfrenta su hijo en la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, donde no recibe los medicamentos que necesita para controlar su padecimiento.
Se trata del joven Gilberto Castillo Castillo, quien fue detenido el 12 de julio de 2021, en el poblado Güira de Melena, provincia de Artemisa, acusado de participar en las protestas populares y de lanzarle piedras a una tienda en moneda libremente convertible (MLC) en la localidad.
A pesar de su condición mental, fue condenado a seis años de prisión y su abogado presentó ante las autoridades judiciales y también del penal, la documentación que acredita su enfermedad mental, algo que no se tuvo en cuenta, explica su madre Mariana Castillo.
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Tomás Cardoso entrevistó a la madre del joven, Mariana Castillo
“Mi niño, cuando ocurrió el suceso, le pedían 11 años de cárcel, luego rebajaron a 8 y, finalmente, quedó sentenciado a 6 años. Estuvo en la prisión de menores Jóvenes de Occidente y ya, cuando cumplió los 21 años de edad, lo trasladaron para el Combinado del Este, donde lleva dos meses", dijo la mujer.
Añadió que Gilberto "es un niño con retraso mental, no sabe leer ni escribir, y el abogado que contratamos pidió su libertad inmediata, porque el cerebro de mi hijo funciona como si tuvieron entre siete y 12 años".
Según Mariana, el abogado planteó que, con un solo chequeo que se le realizó a su hijo en la prisión, no se puede determinar si tiene una discapacidad que limita su aprendizaje. "Por lo tanto, solicitó otra evaluación para el niño", apuntó, algo que lo denegaron las autoridades penitenciaras, quienes explicaron que Gilberto sí tiró piedras contra la tienda, y para hacerlo "tuvo sus cinco sentidos, entonces puede estar preso", argumentaron.
Pero el joven "tiene que medicarse para la retención”, contó la madre.
Gilberto tiene, además, problemas de comunicación, y ya le llegó la sentencia firme al penal, desde donde será trasladado próximamente para la sección de sancionados, algo que le preocupa mucho a Mariana.
“Ya le hicieron los análisis para trasladarlo a la parte de sancionados. Cuando llamó, me dijo que lo ubicarían en el Edificio 4, donde las visitas son mensuales. En ese destacamento hay presos por narcotráfico, asesinatos, hay muchos reclusos por muchos delitos graves. Entonces, mi niño no está adaptado a ese ambiente, y me da mucho miedo que le pase algo en ese lugar”, alertó la madre del recluso.
A Mariana le han recomendado que presente una queja en 15 y K, sede de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior (MININT), algo que no ha hecho, dice, por sus limitaciones intelectuales.
“Me da pena decirlo, pero tengo que hacerlo, yo soy analfabeta y no sé expresarme para plantear la situación de mi hijo”, señaló.
Giberto Castillo Castillo es parte de un grupo de 33 personas de la localidad de Güira de Melena, en Artemisa, condenados por la Fiscalía Militar, en juicio celebrado en el Tribunal Municipal de 10 de Octubre, por los supuestos delitos de “sabotaje con carácter continuado”, “robo con fuerza”, “desacato” y “desórdenes públicos”, tras su participación en las protestas populares del 11 de julio de 2021.