Rey Anthony, jefe de gabinete en Washington, D. C. del congresista republicano Carlos Giménez, reconoció que inmigrantes cubanos sin antecedentes penales están sufriendo las consecuencias de la ofensiva migratoria de la Administración Trump, aunque responsabilizó de la situación a las políticas fronterizas del expresidente Joe Biden.
“Lastimosamente, por las malas acciones de la Administración pasada, están pagando justos por pecadores”, afirmó Anthony durante una entrevista con Martí Noticias, al ser cuestionado por los casos de cubanos que entraron legalmente a Estados Unidos, solicitaron la residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano y ahora temen ser detenidos o deportados.
Anthony, un cubanoamericano de tercera generación nacido en Miami, fue nombrado jefe de gabinete de Giménez en el Capitolio en febrero de 2026. Anteriormente trabajó para la senadora Ashley Moody, la congresista María Elvira Salazar y la Fiscalía General de Florida, según la oficina del legislador.
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Cuba al Día con Rey Anthony
El funcionario aseguró que la oficina de Giménez respalda que las personas con solicitudes de asilo “creíbles y legítimas” puedan presentar sus pruebas ante un juez.
También dijo que los cubanos que cumplan los requisitos de la Ley de Ajuste Cubano deben recibir la oportunidad de obtener la residencia permanente.
“Lo que nosotros estamos pidiendo es que puedan ajustar su estatus, los que tienen los casos de miedo creíble, los que tienen los casos de asilo político”, explicó.
Sin embargo, no ofreció un plazo para la reanudación o resolución de los casos pendientes y admitió que todavía se intenta encontrar una salida para quienes quedaron atrapados en el limbo migratorio.
Una confusión sobre CBP One
Anthony atribuyó la pérdida del estatus migratorio de miles de personas a una supuesta decisión judicial que habría declarado ilegal el programa CBP One.
“No fue la Administración. Un juez dictaminó que ese programa no era legal”, aseguró.
Los antecedentes oficiales muestran una secuencia diferente. CBP One era una aplicación utilizada para programar citas en los puertos de entrada de la frontera, mientras que el parole humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos era un programa separado que permitía viajar por vía aérea con un patrocinador en Estados Unidos.
El 20 de enero de 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que instruyó al Departamento de Seguridad Nacional dejar de utilizar CBP One para facilitar entradas y a terminar los programas colectivos de parole, incluido el destinado a ciudadanos de esos cuatro países.
La medida, por tanto, surgió del Poder Ejecutivo y posteriormente fue objeto de litigios, según consta en el Registro Federal.
En marzo de 2026, una jueza federal determinó que el Departamento de Seguridad Nacional había actuado ilegalmente al cancelar mediante notificaciones masivas el parole y los permisos de trabajo de personas admitidas después de utilizar CBP One. El fallo concluyó que la agencia no siguió los procedimientos legales requeridos, de acuerdo con Reuters.
Anthony insistió, no obstante, en que el volumen de entradas registrado durante el Gobierno de Biden obligó a la nueva Administración a tomar medidas más severas.
“El pueblo estadounidense votó para cerrar esa frontera y tomó otro rumbo”, declaró.
Restricciones de visas para los cubanos
El jefe de gabinete de Giménez también defendió las restricciones que impiden que numerosas familias cubanas puedan reunirse en Estados Unidos.
Cuando fue cuestionado por personas que esperaron durante años por una visa para sus padres, hijos o cónyuges, Anthony sostuvo que se trata de una política de alcance mundial y no de una medida dirigida exclusivamente contra Cuba.
También afirmó que los tribunales habían determinado la legalidad de esas restricciones y que era poco lo que podían hacer los políticos para modificarlas.
Las actuales limitaciones para los ciudadanos cubanos, sin embargo, provienen de la Proclamación Presidencial 10998 y no de una orden judicial. Desde el 1 de enero de 2026, Estados Unidos mantiene parcialmente suspendida para los nacionales de Cuba la emisión de visas de turismo B-1/B-2, visas estudiantiles y de intercambio, y la mayoría de las visas de inmigrante.
La política contempla excepciones limitadas y la posibilidad de autorizar algunos viajes por razones de interés nacional, según el Departamento de Estado.
Anthony consideró que las decisiones migratorias no afectarán electoralmente a Giménez ni a los demás congresistas republicanos del sur de Florida.
“No creo, porque las personas saben el compromiso inquebrantable que tienen nuestros congresistas con la comunidad”, sostuvo.
“El régimen se está desmoronando”
En cuanto a Cuba, Anthony aseguró que la presión ejercida desde Washington está provocando divisiones y desorganización en la cúpula gobernante.
“El régimen se está desmoronando”, afirmó. “Ya no es una cuestión de si va a caer, sino de cuándo”.
Reconoció, no obstante, la frustración de los cubanos que esperaban acciones más rápidas después de las promesas de dirigentes republicanos de que “Cuba era la siguiente”, especialmente tras los cambios ocurridos en Venezuela.
Anthony dijo confiar en la estrategia del secretario de Estado, Marco Rubio, y aseguró que existen proyectos y nuevas medidas contra La Habana, aunque evitó ofrecer detalles.
“No es nada que pueda compartir, pero sí hay muchos proyectos”, expresó.
Según el funcionario, las denuncias, fotografías y videos enviados desde Cuba son utilizados por funcionarios estadounidenses para identificar a represores, empresas y dirigentes susceptibles de recibir sanciones.
También pidió a los cubanos continuar expresando públicamente su descontento, pese al aumento de la represión dentro de la isla.
“Sigan en la calle, sigan presionando, sigan enviándonos esas denuncias”, manifestó. “Estados Unidos estará acompañándolos cuando se dé ese gran momento del cambio”.
Anthony aseguró además que la oficina de Giménez ha entregado al Departamento del Tesoro información sobre empresas del sur de Florida presuntamente relacionadas con dirigentes cubanos.
El jefe de gabinete de la oficina en el Capitolio del legislador cubanoamericano no identificó durante la entrevista a las compañías ni presentó pruebas específicas sobre esas conexiones.
Ante el cuestionamiento de por qué algunos de esos negocios continúan operando después de casi dos años de denuncias, sostuvo que las investigaciones y sanciones requieren tiempo debido a las garantías del sistema estadounidense.
“La democracia es lenta”, concluyó Anthony. “Lo fácil y lo rápido solo lo puede hacer un dictador”.