Tras un año y siete meses de haber sido instruidas de cargos, el juicio contra las intelectuales Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja Torres fue programado para el viernes 30 en el Tribunal Municipal de Matanzas. Ambas mujeres enfrentan una causa iniciada por los mismos agentes que previamente las agredieron y las convirtieron en víctimas de violencia policial.
La Fiscalía pide cuatro años de privación de libertad para López Hernández y tres para Pantoja Torres, sustituida por trabajo correccional sin internamiento.
“La pretensión, obviamente, es. rebajar el costo político de la condena, pero, en este caso, por un problema de coherencia, dignidad y de conciencia, nosotros no podemos aceptar otra cosa que no sea la exoneración total de los cargos que son falsos”, recalcó la académica matancera a Martí Noticias.
“Fuimos golpeadas, maltratadas; nuestros derechos fueron violados ese día, nosotros no hicimos nada contra esa oficial de policía que nos acusa de atentado”.
Lee también Madre e hija acusan al régimen cubano de violaciones a la ConstituciónEl 18 de junio de 2024, las dos historiadoras se dirigían a La Habana donde tenían previsto llevar a cabo la protesta pacífica que el 18 de cada mes realizan, junto a otros activistas, para reclamar al régimen una serie de demandas políticas y socioeconómicas.
Fueron arrestadas cerca del puente de Bacunayagua, que enlaza las provincias de Matanzas y Mayabeque, y conducidas a la estación policial de "La Playa" en la capital matancera. Durante la detención, los agentes policiales hicieron uso desmedido de la fuerza y propinaron golpes a las activistas que dejaron secuelas certificadas por los médicos.
“Intentaremos defendernos sabiendo que, en un juicio en Cuba, la justicia no es lo que prevalece, sino las determinaciones de la Seguridad del Estado, la policía política, independientemente de nuestra abogada y del trabajo de tanta calidad que pueda hacer”, indicó López.
“Lo que sabemos es que la vista oral y no digo pública, porque realmente no lo es, porque esa salita es muy pequeña y ahí siempre, cuando se trata de juicios de esta índole, de naturaleza política, la llenan de funcionarios judiciales y de agentes de Seguridad del Estado”.
El proceso judicial contra las estudiosas se desarrolla en un escenario de crisis sistémica, en medio de un empobrecimiento severo de la población castigada por prolongados apagones y empobrecimiento generalizado, donde la respuesta de la cúpula gobernante al descontento general es la represión.
El anuncio del juicio desencadenó, en Facebook, un clima de opinión abrumadoramente favorable hacia las historiadoras, predominando la solidaridad, el respaldo y la indignación frente a lo que se percibe como un proceso injusto. Para la mayor parte de los usuarios, el juicio no es solo un evento legal, sino un caso que pone en evidencia: las tensiones éticas, el desgaste institucional y la determinación de la ciudadanía de expresar apoyo frente a los que considera un abuso.
Lee también En primera persona: Alina Bárbara“Creo que lo más inteligente hubiera sido no llegar a este punto, no llegar al juicio, pero una vez que ya ellos se han decidido, después de año y medio, incumpliendo todos los plazos que establece la ley, no creo que llegado a este punto salgamos sin ninguna sanción”, agregó Pantoja, en conversación con nuestra redacción.
Ambas historiadoras han advertido que no aceptarán ningún tipo de sanción y que no negociarán su libertad a cambio de silencio porque se consideran inocentes.
“No vamos a aceptar ningún tipo de sanción que no sea la absolución. No esperamos justicia de un sistema que no la ofrece a nadie, ni de un país donde la injusticia es lo que prima y donde el sistema judicial es totalmente ineficaz, inoperante y lejos de administrar justicia, lo que hace es todo lo contrario. Ahí los jueces, los fiscales, todos están en función de apuntalar al régimen, apuntalar al sistema y obviar incluso los propios procesos legales y las propias leyes aprobadas por la Asamblea”, subrayó Pantoja.