Las hermanas Mariana Fernández León y Yaneris Redondo León, manifestantes del 11J que fueran condenadas en Cuba a 4 años de trabajo correccional sin internamiento y 7 años de prisión, respectivamente, por los supuestos delitos de atentado, desórdenes públicos y desacato, lograron arribar como balseras a los Estados Unidos el pasado domingo, 13 de noviembre.
La noticia fue dada a conocer en las redes sociales por la activista de la organización Justicia 11J Salomé García Bacallao, quien pidió al gobierno de los Estados Unidos no deportar a las jóvenes, e instó a la Embajada de EEUU en La Habana a “reabrir con urgencia el programa de refugiados”.
En entrevista con el portal digital CiberCuba, la activista aportó más detalles sobre el proceso y la llegada de las hermanas León a territorio estadounidense.
En estos momentos, Fernández León, de 20 años, se encuentra hospitalizada “porque llegó deshidratada”, explicó García Bacallao, quien no se refirió al estado físico de Redondo León, de 31 años.
Pedimos que Mariana y Yaneris no sean deportadas y tengan la oportunidad de defender su solicitud de asilo ante un juez. Mariana está siendo atendida en un hospital porque llegó deshidratada. https://t.co/QRbe3e2Ywc
— Salomé #MirenLasPrisionesDeCuba (@onceagainsalome) November 14, 2022
Según García Bacallao, las hermanas fueron acusadas de obstaculizar “de manera consciente el tráfico vehicular”, exhortar con gestos a que las personas se sumaran a las protestas; llamar “hijos de p...” y “corruptos” a los policías, además de gritar el consabido “Díaz-Canel sing*o”.
Las jóvenes, que fueron arrestadas el 18 de julio de 2021, fueron juzgadas en el Tribunal de Arroyo Naranjo y puestas en libertad con una fianza de 1.000 pesos cubanos a la espera del juicio de apelación, y durante el año transcurrido padecieron la vigilancia y el acoso de las fuerzas de la Seguridad del Estado, concluyó la activista.
En mayo pasado, Yariel Alfonso Puerta se lanzó al mar en una balsa para escapar de una posible condena de seis años por manifestante del 11 de julio en Matanzas, y pidió asilo político a las autoridades estadounidenses.
Ante el inminente juicio en su contra, acusado de los presuntos delitos de desórdenes públicos, desobediencia y resistencia, el joven decidió escapar de la isla junto a su amigo Alioski Quintero González, según detalla una petición a su favor en la plataforma Change.org.