Sumario
- Las 176 medidas económicas, la apertura parcial de farmacias privadas y las exenciones aduaneras conviven con operativos, tope de precios y un cuadro básico que sigue incompleto. Mientras esa brecha exista, La Cuevita, las casas de Matanzas, los portales habaneros y las mulas que llegan de Colón o de Miami seguirán siendo, para una parte mayoritaria de los cubanos, el único “comercio” que entrega lo que el Estado anuncia y no pone en el estante.
En 2026 el mercado negro e informal no es un fenómeno marginal en Cuba: es el mecanismo cotidiano con el que millones de personas consiguen lo que las farmacias, las tiendas en moneda nacional y la red mayorista estatal no entregan. El Gobierno reconoce que apenas alrededor del 30 por ciento del cuadro básico de medicamentos está disponible; el salario medio ronda los 6.930 pesos y el mínimo ascendió en julio a 3.210 pesos. En ese vacío, puestos callejeros, casas sin cartel, grupos de WhatsApp y Telegram y mercados como La Cuevita sostienen alimentación, tratamientos y bienes de uso diario.
Según el diario 14ymedio, La Cuevita, en San Miguel del Padrón, La Habana, funciona como el verdadero mercado mayorista informal de la capital. Allí se compran cajas de aceite a unos 3.500 pesos el litro para revenderlo a 5.000 en otros barrios; el kilogramo de pollo oscila entre 920 y 970 pesos; abundan conservas, higiene, ropa, electrodomésticos y, de forma llamativa, medicamentos. Quienes llegan no suelen ser consumidores finales, sino revendedores que abastecen municipios enteros. Cuando llueve, el barro convierte los pasillos en lodazal; cuando aparece la policía, el pregón de “¡agua!” dispersa y reubica los puestos en portales y calles aledañas.
El mercado informal cristalizó en los 90, durante el Período Especial, en la calle Segunda, junto al viejo cine Yaiti. Los vecinos fabricaban en casa artículos de plástico y aluminio —baldes, escobas, pozuelos, tendederas— y vendían más barato que los revendedores del resto de La Habana. Los cubanos que volvieron de Angola llamaron “candongas” a esos pulgueros. Las autoridades, incapaces de llenar las tiendas, toleraron lo que no podían sustituir. Ya entonces se compraba al por mayor para revender en municipios y provincias.
Tres oleadas lo inflaron. La reforma migratoria de 2013 facilitó las mulas. El trabajo por cuenta propia legalizó una franja de vendedores. Y, tras el 11 de julio de 2021, la exención de aranceles a alimentos y medicinas convirtió el predio en feria masiva. Llegan compradores de Ciego de Ávila y de todo el interior. Convivían —y conviven— tres capas: el puesto con licencia, el informal que lo rodea y el cambio de divisas a la vista, con carteles de dólar y euro como si fuera una Cadeca (Casa estatal de cambio).
Barro, basura, sacos de arroz abiertos y carteristas forman parte del paisaje, tanto como el aceite a 3.450–3.600 pesos el litro —más barato que los 4.500–7.000 de muchos privados del centro— o el enalapril cubano a 250 pesos el blíster. Hay mercancía de mulas (Panamá, Miami, Guyana) y de desvío estatal. En 2015 un cliente le dijo al periodista independiente Frank Correa que allí se podía encontrar “hasta cajas de muerto”.
En septiembre de 2025 la policía la cerró “un mes por reparaciones”, en pleno ejercicio nacional de enfrentamiento al delito. El código “¡Agua!” corrió entre los puestos. Minutos después, la gente remontaba tarimas en portales y en las calles 13, 94 y Camino Gimnasta. OnCuba lo fotografió: La Cuevita “fuera de lugar”, pero no desaparecida. Detergente a 150 pesos frente a 200 en otros municipios; una batidora a 7.000 con regalo, contra más de 10.000 fuera.
El equivalente provincial más visible en el oriente es el mercado de Los Chinos, en el reparto Lenin de Holguín. El nombre honra a inmigrantes chinos asentados en la ciudad y convive con el Mercado Agropecuario Estatal del mismo nombre. El circuito informal ocupaba casi un kilómetro de la calle 8, entre las 19 y la 21: viandas, granos, especias, carnes, conservas y cuanto no aparecía en la red estatal. Allí trabajaban más de mil personas entre comerciantes, transportistas e intermediarios; solo en el desalojo de junio de 2026 quedaron afectados más de 350 mipymes y carretilleros. La competencia de tantos puestos, reconocía incluso la prensa local, contenía los precios frente a otros puntos de la ciudad.
El 11 de junio de 2026 las autoridades desmontaron Los Chinos bajo vigilancia policial: patrullas en los extremos de la calle, inspectores y agentes de civil. El argumento oficial fue insalubridad, basura, aguas albañales, ventas sin control y la cercanía de dos círculos infantiles y dos escuelas primarias. Diez días después se inauguraron bulevares en Pueblo Nuevo y Villa Nueva 2, más kioscos en El Gran Panel y la calle Cuba, junto al hospital Lenin. Cada módulo se tasó en torno a 1,6 millones de pesos —en redes se habló de hasta dos millones— en régimen de alquiler, sin derecho de propiedad: si el vendedor cierra, el local vuelve al Estado.
Un mes después del desalojo, vecinas como Yolanda Ruiz, del propio reparto Lenin, describían el efecto: “Siempre fui al mercado Los Chinos porque había variedad a diferentes precios. Desde que lo desbarataron paso mucho trabajo porque los vendedores están regados por todo Holguín y los precios son más altos”. En septiembre de 2026, videos mostraban montañas de basura otra vez junto a los kioscos “ordenados”, el mismo problema que había servido para justificar el cierre. La formalización no recreó la densidad de oferta ni el rol mayorista-minorista que el mercado informal cumplía mientras la canasta estatal dejaba de entregar aceite, pollo y yogurt.
El mismo patrón se replica en otras provincias. En Matanzas, viviendas sin licencia venden arroz importado a 320 o 350 pesos la libra (0,45 kg), aseo, termos y cafeteras. La producción nacional de arroz procesado en 2025 fue de unas 20.100 toneladas, muy por debajo de las 600.000 a 700.000 que el país necesita al año. En Bayamo, Santiago de Cuba, Holguín y Ciego de Ávila la lógica es la misma: lo que no aparece en el mostrador estatal circula en la calle, a precios que consumen pensiones y salarios enteros.
En salud el contraste es más cruel. Un blíster de paracetamol o dipirona cuesta 250 a 300 pesos; fármacos cardiovasculares, para hipertensión o diabetes llegan a 400. Un lote de quimioterapia de producción cubana (doxorrubicina más ciclofosfamida) supera los 60.000 pesos, unos 86 dólares al cambio informal. Enalapril, fenitoína, alprazolam o fluoxetina desaparecen de las farmacias y reaparecen en soportales de la calle Monte, en Diez de Octubre o en grupos digitales a precios que una pensión de 3.400 pesos no cubre. Pacientes de cáncer y crónicos piden ayuda en redes o espacian dosis.
Parte de esos fármacos sale de fábricas, droguerías, hospitales y farmacias estatales. Otra parte entra como importación personal —exenta de aranceles para alimentos, aseo y medicamentos sin carácter comercial— y se revende. El ministro de Salud reconoció ante la Asamblea que solo el 30 por ciento del cuadro básico estaba disponible; en Ciego de Ávila la disponibilidad cayó alrededor de un 10 por ciento. La Oficina Nacional de Estadística llegó a imputar el 91,5 por ciento de los precios de salud en el índice de inflación porque casi no hay cotización oficial que medir./
Las mercancías del circuito informal tienen varios orígenes. Las “mulas” viajan a la Zona Libre de Colón en Panamá, a Guyana, Haití, México y, a través de familiares, a Miami y Hialeah, donde compran ropa, calzado, electrodomésticos, piezas, aceite, pasta, pollo y productos chinos de bajo costo. Desde Florida también llegan envíos de mipymes y combos familiares. En paralelo, bienes de producción nacional se desvían de la red estatal. El Gobierno ha prorrogado beneficios arancelarios a importaciones no comerciales precisamente porque reconoce el déficit, y a la vez denuncia que muchos viajeros los usan con fines de lucro.
Ese corredor externo no sustituye un mercado mayorista legal. Cuba carece de uno funcional para el sector privado; las tiendas en divisas quedan fuera del alcance de quien cobra en pesos. El resultado es un comercio triangular: capital de remesas o de viajes, compra en zonas francas o almacenes de Miami, entrada por aduana o por resquicios, y reventa en La Cuevita, en casas de Matanzas o en la calle 13 de Holguín. El Estado recauda poco de ese flujo y lo persigue de forma intermitente.
La represión es selectiva y cíclica. En septiembre de 2025 la policía cerró La Cuevita “por reparaciones” en coincidencia con un ejercicio nacional de enfrentamiento al delito; vendedores y clientes la reabrieron al día siguiente en las calles vecinas. En 2026 ha habido decomisos de medicamentos en el reparto Sueño y en 18 Plantas de Garzón, Santiago de Cuba; detenciones en La Habana; una condena de seis años en Villa Clara por tramadol y difenhidramina. El Código Penal prevé hasta diez años por venta ilegal de fármacos controlados.
En junio, en Holguín, La patrulla 427 detuvo a dos mujeres cerca de la calle 13 por comercializar medicamentos de producción nacional y sustancias controladas, según la Resolución 25/2022 del Minsap. El perfil oficial “Realidades desde Holguín” presentó el operativo como defensa de la salud pública. En las redes la reacción fue la inversa: más de 140 comentarios en la publicación de CiberCuba defendieron a las detenidas.
“No estoy de acuerdo con esas ventas prohibidas de medicamentos, pero si en las farmacias no hay nada, qué hay que hacer, ¿esperar la muerte?”, escribió una usuaria. Otra: “Llevo meses comprando enalapril en mercado negro, si no ya mi esposo y yo hubiéramos muerto”. Un tercero resumió el argumento que se repite en cada decomiso: “Gracias a esas personas que venden medicamentos estamos vivos”. La crítica no niega el riesgo sanitario de fármacos sin cadena de frío ni trazabilidad; señala que el Estado persigue el síntoma y no restablece el suministro.
Esa tensión define 2026. El Gobierno autorizó un piloto de farmacias privadas (Decreto 160/2026), con registro sanitario, farmacéutico responsable y sin derecho a importar: Medicuba y Farmacuba retienen el monopolio de compra externa. Los precios de los pocos locales que ya operan —por ejemplo en Regla— siguen siendo altos para el salario mínimo. Mientras tanto, el mercado informal cubre el 70 por ciento que falta, a costa de inflación, calidad incierta y exposición penal de quienes venden y de quienes compran por necesidad.
La importancia económica del circuito informal va más allá de la supervivencia individual. Absorbe remesas, ocupa a revendedores, transportistas y mulas, fija de facto el tipo de cambio (el dólar informal rozaba 698 pesos a mediados de septiembre de 2026) y determina quién come proteína o quién completa un ciclo de quimioterapia. Cuando el Estado topa precios, la mercancía desaparece de los anaqueles legales y reaparece en La Cuevita. Cuando decomisa un puesto de pastillas, las familias buscan otro vendedor.
El costo social es doble. Por un lado, el mercado negro evita colapsos aún mayores de nutrición y de tratamientos crónicos. Por otro, concentra riesgos: medicamentos desviados o caducos, alimentos sin control sanitario, violencia asociada a efectivo y a mercancías escasas, y una legalidad que criminaliza a mujeres que venden enalapril mientras las droguerías oficiales permanecen vacías. La población, en los comentarios de junio y en las colas de San Miguel del Padrón, ha dejado claro qué prioriza: acceso ahora, no la etiqueta de legalidad de un sistema que no abastece.
Hacia finales de 2026 el dilema no se ha resuelto. Las 176 medidas económicas, la apertura parcial de farmacias privadas y las exenciones aduaneras conviven con operativos, topes de precios municipales y un cuadro básico que sigue incompleto. Mientras esa brecha exista, La Cuevita, las casas de Matanzas, los portales habaneros y las mulas que llegan de Colón o de Miami seguirán siendo, para una parte mayoritaria de los cubanos, el único “comercio” que entrega lo que el Estado anuncia y no pone en el estante.