Sumario
- El Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito anuló decisiones previas de la de la Junta de Apelaciones de Inmigración sobre el formulario I‑220A y ordenó revisar los casos bajo una interpretación correcta de la ley migratoria.
- La corte detectó una clasificación errónea del estatus de migrantes cubanos, lo que les impidió ajustar estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano.
- El fallo no define si el I‑220A equivale a un parole, pero abre la posibilidad de reexaminar estrategias legales y solicitudes de residencia para los más de 300 mil beneficiarios bajo esta clasificación.
Una decisión reciente del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito podría cambiar el rumbo migratorio de cientos de miles de cubanos en Estados Unidos que fueron liberados bajo el formulario I‑220A, un documento que ha generado interpretaciones legales contradictorias con consecuencias directas para los migrantes.
El tribunal anuló las decisiones previas de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) y ordenó revisar nuevamente los casos bajo una interpretación correcta de la legislación migratoria federal, un giro que abre nuevas puertas para quienes buscan acogerse a la Ley de Ajuste Cubano.
El fallo, que los abogados de inmigración ven como una victoria procesal, no ofrece una solución definitiva a los portadores del I‑220A, pero sí obliga a reexaminar miles de expedientes rechazados bajo criterios ahora considerados erróneos.
“Es un fallo interesante. Regresa el caso a la BIA. Es una victoria parcial, aunque retrasa una solución definitiva. Sin duda puede tener impacto en asuntos de fianza y en los habeas” corpus, comentó el abogado Wilfredo Allen, citado en un post sobre el fallo judicial publicado en la cuenta en Facebook de su oficina.
La corte concluyó que el análisis previo de la BIA se basaba en una clasificación incorrecta del estatus de los migrantes, dado que el propio gobierno estadounidense admitió haber procesado erróneamente a muchos de ellos bajo la sección equivocada de la ley migratoria. Esto influyó directamente en que se les negara la posibilidad de ajustar estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano al no ser considerados “admitidos” ni poseer un “parole” o documento de libertad bajo palabra.
El tribunal no decidió si el I‑220A debe ser equiparado a un parole, cuestión clave en estos casos, pero sí señaló que la revisión previa fue defectuosa y debe repetirse, abriendo una brecha para que abogados de inmigración reevalúen estrategias legales, incluidas solicitudes de fianza y reaplicaciones a la residencia.
La decisión implica una reapertura de oportunidades legales para más de 300 mil beneficiarios del I‑220A, tras años de incertidumbre sin poder ajustar su estatus. Aunque no todos los casos serán aprobados, la orden del tribunal obliga a darles una segunda oportunidad.
La oficina de Allen subrayó que el impacto de la decisión es directo, sobre todo en Florida, donde se concentra una gran cantidad de cubanos en esta situación. "El fallo no cambia automáticamente el estatus de todos los beneficiarios de I-220A, pero obliga a la BIA a reconsiderar los casos bajo un marco jurídico distinto. Para muchas familias, esto significa algo concreto: una nueva oportunidad de ser escuchados".