Sumario
- Para los analistas consultados, la sucesión de cambios pone nuevamente en discusión la responsabilidad de las estructuras superiores del Gobierno en los problemas de gestión que afectan a las provincias.
Tres gobernadores provinciales quedaron fuera de sus cargos en Cuba entre el 9 y el 12 de noviembre, en una sucesión de cambios que incluyó también la destitución de un intendente municipal.
Las salidas se produjeron en Camagüey, Las Tunas y Guantánamo. Aunque la prensa oficial atribuyó los relevos a errores administrativos, asuntos familiares y problemas de salud, analistas consultados por Martí Noticias consideran que los cambios reflejan las tensiones internas del aparato estatal y la crisis económica que atraviesa el país.
El primero de los movimientos ocurrió el lunes 9 de noviembre, cuando las autoridades anunciaron la salida del gobernador de Camagüey, Jorge Enrique Sutil Sarabia, quien, según los medios oficiales reconoció haber cometido errores en el ejercicio de sus funciones.
Para el periodista independiente José Luis Tan Estrada, la versión oficial busca encubrir un caso de desvío de fondos públicos investigado por una comisión enviada desde La Habana.
“A Jorge Enrique Sutil, el gobernador de Camagüey, lo botaron. No renunció, como dicen los medios oficialistas, esto lo pusieron para evitar un escándalo. Lo botaron por corrupto, por desviar recursos, por desviar millones de pesos del presupuesto del gobierno provincial para sus propios intereses”, afirmó Tan Estrada.
Según el periodista, las investigaciones también detectaron el desvío de combustible, incluido el destinado al traslado de pacientes que reciben hemodiálisis, así como el uso de recursos de entidades provinciales para beneficiar negocios privados mediante testaferros.
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Cuba registra cuatro relevos en gobiernos locales durante la misma semana
Tan Estrada señaló además que la vicegobernadora Yenny León Mayedo quedó al frente de la administración provincial y la vinculó con la supuesta red de irregularidades.
Dos días después, el miércoles 11 de noviembre, el periódico oficial 26 informó que la gobernadora de Las Tunas, Yelenys Tornet Menéndez, había presentado su renuncia por motivos personales, específicamente para dedicarse al cuidado de su madre.
El jueves 12 se conoció un tercer relevo, esta vez en Guantánamo. Según dijeron, el gobernante Miguel Díaz-Canel aprobó el cese de Alis Azahares Torreblanca como gobernadora debido a problemas de salud.
Ese mismo día, el periódico Invasor informó sobre la destitución de Rafael Ramírez Acosta, intendente del municipio Venezuela, en Ciego de Ávila, por deficiencias en la producción de alimentos e irregularidades relacionadas con la cooperativa El Fortín.
Analistas cuestionan el alcance de los cambios
Desde La Habana, el comunicador y analista Julio Aleaga Pesant relacionó los movimientos con las disputas dentro de las estructuras de poder y las diferencias económicas entre los funcionarios civiles y el sector empresarial controlado por los militares.
“Por una parte están los que tienen la economía, que es GAESA, los militares, la aristocracia militar… Los funcionarios del Partido, del gobierno y del Poder Popular pues tienen que corromperse como una forma de estar al nivel de vida al que aspiran. Tienen que estar destituyendo funcionarios no solamente por el mal trabajo, pero que además están enriqueciéndose”, dijo Aleaga a Martí Noticias.
El analista considera que estas diferencias favorecen prácticas de corrupción entre funcionarios que buscan acceder a los recursos y privilegios concentrados en determinados sectores del poder.
Por su parte, el opositor y analista Manuel Cuesta Morúa sostuvo que los gobernadores se han convertido en los principales responsables visibles de los fracasos administrativos, mientras las máximas autoridades del país quedan al margen de los cuestionamientos.
“Son los chivos expiatorios del fracaso, ligados también al tema de que las redes sociales logran de alguna manera exponer sobre todo la corrupción de alguno de ellos. El caso más concreto es el del gobernador de Camagüey; este está vinculado a negocios, mipymes, pero parece que de un modo corrupto”, afirmó Cuesta Morúa a Martí Noticias.
Según explicó, las denuncias difundidas en las redes sociales han contribuido a hacer visibles las irregularidades de funcionarios, particularmente sus vínculos con negocios privados.
Cuesta Morúa cuestionó además que las autoridades recurran a los relevos administrativos sin promover una discusión sobre las responsabilidades de los principales dirigentes del país.
“Simple y llanamente quitan a uno para poner a otro. Creo que por ahí va el contexto general, las circunstancias generales: la crisis tremenda y la incompetencia compartida ya en ese caso, y no solo por los gobernadores, sino también por los máximos dirigentes del país”, señaló.
Desde Guantánamo, el periodista independiente Emilio Almaguer coincidió en que la sustitución de funcionarios difícilmente producirá mejoras mientras se mantengan las políticas actuales.
Almaguer mencionó entre los problemas más graves la escasez de alimentos, las dificultades que enfrentan los pensionados y las multas y decomisos impuestos a trabajadores privados.
“No creo que la sustitución de un funcionario por otro vaya a mejorar nada. Lo que hay que sustituir es la manera de pensar y la política que lleva el país. Esperemos que también se mire un poco más alto, a la alta esfera”, expresó Almaguer.
Los relevos ocurren mientras el régimen revisa un paquete de 176 medidas económicas, en medio de una prolongada crisis marcada por la escasez de productos básicos y las dificultades para sostener los servicios públicos.
Para los analistas consultados, la sucesión de cambios pone nuevamente en discusión la responsabilidad de las estructuras superiores del Gobierno en los problemas de gestión que afectan a las provincias.