EEUU pendiente a decisión de la Corte Suprema sobre confiscaciones del régimen cubano

Este lunes la Corte Suprema de EEUU escucha los argumentos orales de dos casos relacionados con las confiscaciones del régimen cubano en su ola de expropiaciones de los años 60, lo cual podría definir el futuro de actuales y futuras demandas amparadas por el Título III de la Ley Helms-Burton.

El destino final de “Havana Docks Corporation vs. Royal Caribbean Cruises” y “Exxon Mobil vs. Corporación Cimex” se decide este lunes en Washington, DC, luego de transitar por cortes inferiores desde 2019, cuando la Administración Trump abrió las puertas a este tipo de litigios bajo el mencionado precepto.

En su cuenta en X, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado recordó la postura asumida por la Casa Blanca en la aplicación de la Ley Helms-Burton, en particular lo estipulado con las demandas de ciudadanos estadounidenses que perdieron propiedades en Cuba.

En la publicación, la agencia hace referencia al escrito enviado por la Administración Trump apoyando las demandas, a solicitud de la Corte Suprema, en el cual insistió en una interpretación amplia de la Ley Helms-Burton, como forma de validar la intención del Congreso en 1996.

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Para el Departamento de Estado, las demandas en cuestión tienen implicación en la política exterior de EEUU y están relacionadas directamente con el fomento “de la democracia en Cuba, promoviendo la rendición de cuentas por las confiscaciones ilícitas del gobierno cubano”, escribió.

Entretanto, el congresista por Florida Mario Díaz-Balart también se refirió a la decisión de este lunes, que “podría afectar la capacidad de las víctimas, cuyos bienes fueron confiscados por el régimen en Cuba, de obtener justicia bajo la Ley LIBERTAD, tal como lo dispuso el Congreso”, aseguró.

“La justicia para las víctimas de este despojo se ha hecho esperar demasiado”, publicó el representante republicano por el distrito 26 en su cuenta de X.
La Ley Helms-Burton, firmada por el presidente Bill Clinton luego del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, contempla en la Sección 302 del Título III la posibilidad de que ciudadanos estadounidenses entablen demandas contra quienes usen sus propiedades confiscadas en la isla.

Desde 1996 hasta 2019, esta parte de la legislación había sido suspendida, hasta que en 2019 la primera Administración Trump la reactivó, abriendo las puertas a decenas de litigios. En sus días finales, el gobierno de Biden volvió a suspenderla, hasta que fue nuevamente activada en 2025 por Trump.

“Havana Docks Corporation vs. Royal Caribbean Cruises” está relacionada con las compañías de cruceros que durante la era Obama usaron las instalaciones de la terminal de cruceros del puerto habanero, que es una concesión a la compañía estadounidense confiscada sin indemnización.

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Los demandados alegan que cuando sus buques fondearon en la Bahía de La Habana, ya había expirado la concesión que tenía Havana Docks sobre las instalaciones portuarias habaneras, mientras los demandantes aseguran que “el reloj” de la concesión se detuvo en el momento de la expropiación.

La demanda de Exxon Mobil en contra de la empresa militar cubana CIMEX, parte del conglomerado de GAESA, está basada en la confiscación en 1960 de refinerías, terminales y estaciones de servicio pertenecientes a sus subsidiarias por toda la Isla, sin que mediara indemnizaciones.

En este caso se debate si CIMEX está protegida por la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras, que impide demandas contra Gobiernos extranjeros en Cortes estadounidenses. Exxon defiende que el Congreso autorizó estas demandas al incluir el Título III en la Ley “Helms-Burton”.