Sumario
- El experto petrolero Jorge Piñón, de la Universidad de Texas, advierte que alcanzar la producción proyectada podría tardar entre tres y cinco años.
- Piñón señala que sin información detallada sobre la estructura legal y financiera del pacto anunciado por Donald Trump y Delcy Rodríguez no es posible calcular su verdadero alcance.
El acuerdo petrolero anunciado por el presidente Donald Trump y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, no supone que Estados Unidos se haya convertido en propietario de una parte de las reservas venezolanas, ni tendrá un efecto inmediato sobre el precio de la gasolina, afirmó el experto energético Jorge Piñón.
“Eso es incorrecto. Las reservas geológicas del subsuelo venezolano le pertenecen al pueblo y al gobierno de Venezuela; no le pertenecen a una tercera compañía”, explicó Piñón, colaborador principal de investigación del Instituto de Energía de la Universidad de Texas en Austin, en entrevista con Martí Noticias.
Trump anunció el 28 de agosto un pacto mediante el cual Estados Unidos tendría una participación mayoritaria en la explotación de 17 campos petroleros ubicados principalmente en la Faja del Orinoco y el lago de Maracaibo. La operación abarcaría unos 65.000 millones de barriles, dijo Trump, y tendría una vigencia mínima de 25 años, reportó Reuters.
La información divulgada apunta a una participación estadounidense del 55%. Rodríguez, por su parte, aseguró que el proyecto podría atraer inversiones por 100.000 millones de dólares y generar aproximadamente 209.300 millones en impuestos y regalías para Venezuela.
Sin embargo, aún no se han identificado públicamente las empresas encargadas de operar los campos ni se ha divulgado el texto íntegro de los contratos. Tampoco está clara la naturaleza jurídica del consorcio que administraría las operaciones.
Una concesión, no la propiedad del petróleo
Piñón explicó que los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo pertenecen al Estado venezolano. Lo que el Gobierno puede conceder a una empresa o consorcio es el derecho temporal a explorar, extraer y comercializar el crudo de determinados bloques.
“El Estado venezolano, por medio de PDVSA, puede otorgar una concesión o establecer un contrato de producción compartida durante un número específico de años”, señaló.
Por ello, el especialista interpreta el anuncio como un posible esquema de concesiones o participación en la producción, no como una transferencia de la propiedad de las reservas a Estados Unidos.
Venezuela posee aproximadamente 303.000 millones de barriles de reservas probadas, la mayor cantidad registrada en el mundo, según el perfil de la Administración de Información Energética de Estados Unidos.
No obstante, disponer de grandes reservas no equivale a tener capacidad para producirlas inmediatamente. Buena parte del petróleo venezolano es crudo extrapesado y requiere infraestructura, diluyentes, tecnología especializada e inversiones considerables.
La producción podría tardar años
Uno de los objetivos asociados al acuerdo sería elevar la producción de los campos involucrados hasta aproximadamente 1,5 millones de barriles diarios. Piñón considera que alcanzar esa cifra exigirá tiempo.
“Eso va a tomar por lo menos de tres a cinco años, si no más”, afirmó.
El experto distinguió entre dos tipos de campos. Los denominados brownfields son áreas donde existen pozos e instalaciones que dejaron de funcionar o producen por debajo de su capacidad. Algunos podrían reactivarse en un período de entre seis y 12 meses, dependiendo de su estado.
Los greenfields, en cambio, son campos cuyas reservas han sido identificadas, pero que todavía necesitan perforaciones, instalaciones y redes de transporte. Su puesta en marcha podría tardar entre tres y cinco años o más.
Piñón agregó que algunas grandes petroleras internacionales se muestran cautelosas ante proyectos que no ofrezcan garantías jurídicas y comerciales de largo plazo. La rapidez deseada por Washington y Caracas podría explicar la participación de compañías más pequeñas en el nuevo esquema.
Empresas como Chevron, Eni, la india ONGC, GeoPark y GE Vernova se encuentran negociando o ultimando iniciativas relacionadas con el sector venezolano, pero esos proyectos serían distintos del acuerdo sobre los 17 campos anunciado por Trump, según otra información de Reuters.
Poco efecto inmediato sobre la gasolina
Trump presentó el pacto como una oportunidad para aumentar el suministro energético, reducir costos y contribuir eventualmente a la recuperación de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos.
Piñón, sin embargo, advirtió que el precio de la gasolina depende principalmente del mercado internacional y que una futura producción venezolana tendría poco peso en el corto plazo.
“El precio es un factor internacional”, señaló.
Las interrupciones relacionadas con el estrecho de Ormuz y los daños provocados por ataques ucranianos contra instalaciones energéticas rusas podrían tener consecuencias mucho más inmediatas sobre los precios que cualquier aumento de la producción venezolana, explicó.
“No espere un resultado inmediato. Esto va a largo plazo y no va a impactar los precios de la gasolina, ni de una forma ni de otra”, concluyó.
La Reserva Estratégica estadounidense se encuentra cerca de su menor nivel desde 1982, con alrededor de 290 millones de barriles. Incluso si parte del crudo venezolano se destinara a reponerla, el proceso podría tardar años, según un análisis de Reuters.
Incertidumbre sobre las ganancias
Piñón considera prematuro determinar si la distribución anunciada de ingresos resulta favorable para Venezuela o para las empresas estadounidenses.
“No sabemos. Hay tantos factores para calcular esa fórmula y esos costos, y no tenemos información”, afirmó.
Para hacer ese análisis sería necesario conocer las inversiones exigidas, los costos de extracción y transporte, el precio utilizado como referencia, las regalías, los impuestos y la fórmula de recuperación del capital.
Otra incógnita es si una futura Asamblea Nacional o un nuevo Gobierno venezolano reconocerían los contratos. Piñón señaló que una administración elegida posteriormente podría revisar los términos y alegar que fueron aprobados sin suficiente transparencia, que resultan perjudiciales para el Estado o que incumplen la legislación venezolana.
El antecedente de las nacionalizaciones pesa sobre las decisiones de las grandes compañías. ExxonMobil y ConocoPhillips mantienen reclamaciones multimillonarias relacionadas con activos expropiados durante el Gobierno de Hugo Chávez. Exxon ha manifestado que estaría dispuesta a evaluar un regreso, pero solamente bajo condiciones que garanticen la protección de sus inversiones, según Reuters.
“Exxon ha sido nacionalizada dos veces y no quiere que haya una tercera”, recordó Piñón.
“Muchas preguntas y pocas respuestas”
El pacto también genera interrogantes sobre las empresas conjuntas que PDVSA mantiene con socios de China, Rusia, India y otros países.
No está claro si esos contratos continuarán vigentes, serán renegociados o podrían verse desplazados por las nuevas operaciones impulsadas desde Washington. También se desconoce cómo afectará el acuerdo a la relación de Venezuela con la OPEP y con Cuba.
Piñón recordó que Estados Unidos, a diferencia de Venezuela, México o Brasil, no posee una compañía petrolera estatal que pueda asumir directamente la explotación. Por ello, el Gobierno estadounidense tendría que apoyarse en empresas privadas y establecer con claridad quién administra las inversiones y asume los riesgos.
“Esto puede ser un barril sin fondo; puede ser una situación muy peligrosa”, advirtió.
Para el especialista, el acuerdo abre la posibilidad de recuperar parte de la deteriorada industria petrolera venezolana, pero valorar su verdadero alcance dependerá de información que todavía no se ha hecho pública.
“Todo está muy nubloso. Hay muchas preguntas y, desafortunadamente, muy pocas respuestas”, concluyó Piñón.