El gobierno de Estados Unidos reiteró su solidaridad con los prisioneros políticos cubanos, en particular, los arrestados y encarcelados tras las protestas del 11 de julio en más de 40 ciudades de la isla y urgió en las redes sociales a sumarse al reclamo de Washington.
“Muchos de los manifestantes pacíficos que el régimen cubano encarceló tras las protestas del 11 de julio de 2021 siguen encarcelados. Durante los próximos 10 días, incluido el Día Internacional de los Derechos Humanos, iluminaremos a quienes aún están tras las rejas. Únase a nosotros para alzar la voz y preguntar Presos por qué?, escribió en su cuenta en Twitter Brian A. Nichols, subsecretario norteamericano de Estado para América Latina, quien retoma de esta manera la campaña #PresosPorQué.
Many of the peaceful protestors the Cuban regime jailed following the July 11, 2021 protests remain imprisoned. For the next 10 days, including International #HumanRightsDay, we will shine a light on those still behind bars. Join us in raising your voice & asking #JailedforWhat? pic.twitter.com/hL9IMSDDrV
— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) December 8, 2021
Sus comentarios se producen en vísperas de la Cumbre de la Democracia, que organiza EEUU este 9 y 10 de diciembre, de manera telemática, y que abordará la defensa contra el autoritarismo, la lucha contra la corrupción y la promoción del respeto a los derechos humanos, según informó la Casa Blanca. Cuba, Nicaragua y Venezuela han sido excluidas del cónclave.
Cubalex organización defensora de los derechos humanos en la Isla, informó que hasta el 23 de noviembre pasado, 662 personas se encontraban privadas de libertad por participar en las protestas masivas del pasado 11 de julio en las que se exigió el fin del régimen castrista. Según la fuente, de esta cifra, 21 tienen 18 años o son menores de edad. El gobierno cubano había arrestado a 1.281 personas, de las cuales 551 han sido liberadas.
EEUU, mediante su cancillería y su embajada en La Habana, ha venido denunciando la represión gubernamental a ciudadanos cubanos que disienten de las políticas e ideología oficiales.
La semana pasada Washington emitió una orden de restricción de visado de entrada al país a nueve funcionarios cubanos que no identificó, pero sí mencionó que entre ellos hay oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, por su implicación en actos represivos y el arresto de activistas que planeaban participar en una marcha pacífica el pasado 15 de noviembre.
Según un comunicado del Secretario de Estado Antony Blinken, los nueve funcionarios “tomaron medidas para negar a los cubanos su derecho a la libertad de expresión y reunión”.
A mediados de noviembre, el subsecretario Nichols, exigió la liberación inmediata del preso político José Daniel Ferrer, dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, arrestado el 11 de julio y encarcelado en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba.
El funcionario condenó las condiciones en que se encuentra, confinado en una celda tapiada y con luz artificial las 24 horas del día, como han denunciado allegados.
La familia de Ferrer ha dicho que teme ocurra lo peor al opositor. Durante la última visita esta semana, confesó a su hija Fátima Victoria Ferrer Cantillo que podría “no estar vivo” cuando vuelvan a verlo.
El 19 de agosto, el Departamento del Tesoro de EEUU informó de las nuevas sanciones a funcionarios cubanos por acusaciones de represión a ciudadanos que participaron en las manifestaciones de julio.
Las sanciones están dirigidas a tres funcionarios de la isla, entre los que se encuentran el jefe del Ejército Central y el subjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, quienes, de acuerdo con el Tesoro, fueron responsables de las unidades desplegadas durante las manifestaciones.
El tercer sancionado, es un alto funcionario de cárceles, a quien EEUU acusa de estar detrás del tratamiento penitenciario de unas 800 personas arrestadas durante el estallido social.
El Departamento de Estado comunicó que las medidas se aplicaban a tenor de Ley Global Magnitsky, que congela activos de aquellos involucrados en abusos de derechos humanos y les impide a los estadounidenses a hacer negocios con ellos.