En Nicaragua la constitución prohíbe la discriminación basada en la religión, pero según numerosos informes de prensa, el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo usaron retórica de odio incitando al acoso, la intimidación y los ataques físicos contra el clero católico, los fieles y los lugares de culto.
Estos informes, denuncia el Departamento de Estado en su Informe sobre Libertad Religiosa del 2019, declararon que la Policía Nacional de Nicaragua, PNN, junto con grupos progubernamentales y activistas del partido gobernante, Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, hostigaban e intimidaban rutinariamente a líderes religiosos y profanaban espacios religiosos.
Los líderes católicos informaron ataques físicos e insultos verbales, amenazas de muerte y campañas de intimidación por parte del PNN y grupos asociados con el presidente Ortega y la vicepresidente Murillo, como la Juventud Sandinista.
líderes católicos informaron ataques físicos e insultos verbales, amenazas de muerte y campañas de intimidación ...
La PNP y los grupos progubernamentales atacaron a los fieles católicos en numerosas ocasiones después de que asistieron a los servicios religiosos en los que oraron por los presos políticos, incluidas al menos dos ocasiones en las que los oficiales del la policía dispararon balas de goma y gases lacrimógenos a los fieles cuando salían de Misa.
Según los religiosos líderes y medios de comunicación, individuos vinculados al Gobierno o representantes del Gobierno continuaron cometiendo actos de vandalismo y profanación de objetos sagrados en iglesias y cementerios católicos en todo el país.
La policía y los partidarios del Gobierno interrumpieron con frecuencia los servicios religiosos al reproducir música a alto volumen a través de altavoces ubicados fuera de las iglesias. Muchos líderes religiosos dijeron que el gobierno politizó la religión en el contexto de la actual crisis política y el conflicto social en el país.
Los líderes religiosos dijeron que el gobierno y sus representantes tomaron medidas agresivas, incluido el acoso, las amenazas de muerte y los asaltos físicos, contra el clero que se considera crítico con el Gobierno.
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Según la prensa local, los líderes protestantes católicos y evangélicos que proporcionaron refugio y asistencia médica a los manifestantes pacíficos en 2018 continuaron siendo víctimas de represalias por parte del Gobierno, incluidas calumnias, investigaciones arbitrarias por parte de agencias gubernamentales sobre cargos infundados, retención de exenciones de impuestos, reducción de asignaciones presupuestarias y negar servicios religiosos para presos políticos.
En octubre, las cuentas de las redes sociales publicaron fotos de estudiantes golpeando piñatas hechas a imagen de sacerdotes católicos colgados de sogas. Algunas cuentas de Twitter vinculadas al ala juvenil sandinista del FSLN distribuyeron las fotos con el título: "Sé un patriota, mata a un sacerdote". Los líderes católicos dijeron que el Gobierno continuó usando festividades religiosas, simbolismo e idioma en sus leyes y políticas para promover su agenda política, una práctica que los líderes católicos dijeron que socavaba la integridad religiosa de la Iglesia.
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Un ciudadano ruso que en 2018 arrojó ácido sulfúrico a un sacerdote de la Catedral de la Inmaculada Concepción en Managua durante la confesión, fue declarado culpable de cargos por lesiones corporales y exposición de otros a un peligro inminente. El individuo fue sentenciado a ocho años de prisión en mayo. En agosto, los medios informaron que el atacante fue visto en un avión que volaba a Panamá. No hubo una declaración oficial que confirmara o negara la liberación del atacante de la prisión.
Altos funcionarios del Gobierno de EEUU pidieron reiteradamente al Gobierno de Ortega que cese la violencia y los ataques contra el clero, los fieles y las iglesias católicas.
El 18 de diciembre, de conformidad con la Ley de Libertad Religiosa Internacional de 1998, enmendada, el Secretario de Estado, Michael Pompeo, colocó a Nicaragua en la Lista Especial de Vigilancia por haber participado o tolerado violaciones graves de la libertad religiosa.