La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la noche del martes el proyecto de Ley de Asignaciones para el año fiscal 2016 a los Departamentos de Transporte y Vivienda y Desarrollo Urbano, que contiene cláusulas restrictivas para la ampliación de los viajes a Cuba implementada por el presidente Barack Obama.
La Sección 414 del borrador, aprobado en votación cerrada de 216 a favor y 210 en contra, prohíbe a las entidades gubernamentales reguladoras de la navegación el uso de fondos para expedir licencias o certificados a embarcaciones comerciales que hayan atracado o anclado en los seis meses anteriores hasta a 7 millas (11.2 km) de una propiedad parcial o totalmente confiscada por el Gobierno cubano, lo cual reitera disposiciones de la Ley Libertad o Helms-Burton de 1996.
La norma afectaría los viajes marítimos en ferries y cruceros recientemente licenciados por el Ejecutivo.
Por su parte la Sección 193 impide el uso de los fondos aprobados para facilitar nuevos vuelos regulares a la isla programados después del 31 de marzo de 2015 que aterricen en, o pasen a través de, propiedades confiscadas por el Gobierno de Cuba, incluyendo aquellas donde la confiscación haya afectado a un interés minoritario.
¿Educación o turismo?
Mientras tanto, el Comité de Asignaciones de la Cámara dio a conocer otro plan presupuestario que contiene apartados igualmente dirigidos a revertir la nueva política del Presidente hacia La Habana.
El proyecto de Ley de Asignaciones para el año fiscal 2016 a los Servicios Financieros otorga los fondos para las operaciones del Departamento del Tesoro, incluida la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) que regula los viajes a Cuba.
Un resumen del documento recoge las siguientes restricciones relativas a la isla:
Conan visita el museo del ron en La Habana, una escala de los viajes "de pueblo a pueblo".
La prohibición de viajar a Cuba para intercambios educativos que no impliquen estudios académicos con un programa para obtener un título; la prohibición de importar propiedades confiscadas por el Gobierno cubano; y la prohibición de efectuar transacciones financieras con los militares y el servicio de Inteligencia cubanos.
Las medidas afectarían aquellos viajes llamados "de pueblo a pueblo" con fines supuestamente educacionales pero cuyos programas suelen coincidir con itinerarios turísticos; prohibirían todas las transacciones con entidades pertenecientes a, o gestionadas por las fuerzas armadas y los servicios de seguridad cubanos, que controlan la economía en divisas; y se dirigirían contra la importación de bienes producidos en propiedades confiscadas, como el ron y el tabaco.