EEUU contra el trabajo forzoso en Xinjiang, China

El perímetro cercado del centro Dabancheng, en Xinjiang. (REUTERS/Thomas Peter).

Estados Unidos está ampliando sus esfuerzos para eliminar el trabajo forzoso de las cadenas mundiales de suministro en medio de la creciente condena internacional a las violaciones de derechos humanos cometidas por la República Popular China en Xinjiang, informó Share America, plataforma del Departmento de Estado.

El 24 de junio, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) emitió lo que se conoce como una “orden de retención de salida” contra la empresa Hoshine Silicon Industry Co. Ltd., basándose en pruebas de que la empresa, con sede en Xinjiang, utiliza mano de obra forzada. La orden bloquea la importación de los productos de sílice de Hoshine, que se utilizan para fabricar paneles solares, productos electrónicos y otros bienes.

“Estados Unidos no tolerará la esclavitud moderna en nuestras cadenas de suministro”, declaró Alejandro N. Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos. La orden del CBP forma parte de nuestro compromiso continuo “de proteger los derechos humanos y las normas laborales internacionales y promover un mercado global más justo y competitivo.”

En una reciente declaración ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Estados Unidos y otros 43 países instaron a la República Popular China a permitir el acceso sin restricciones de observadores independientes a Xinjiang, añadiendo que están “gravemente preocupados por la situación de los derechos humanos” en la región, incluidos los trabajos forzados.

La declaración conjunta presentada por la embajadora canadiense ante las Naciones Unidas, Leslie E. Norton, el 22 de junio, citaba la detención arbitraria de más de un millón de personas, la vigilancia masiva e informes de tortura, esterilización forzada y otros tratos degradantes a uigures y otros miembros de grupos minoritarios musulmanes.​

Los nuevos esfuerzos de Estados Unidos para disuadir el trabajo forzado también se producen después de que el presidente Biden y otros líderes del Grupo de los Siete (G7) se comprometieran el 13 de junio a eliminar de las cadenas mundiales de suministro los productos fabricados con trabajos forzados y a tomar otras medidas para poner fin a los abusos de Pekín contra los derechos humanos. Los países del G7 son Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido.

“Estados Unidos considera que el trabajo forzoso auspiciado por el Estado en Xinjiang es una afrenta a la dignidad humana y un ejemplo de las prácticas económicas desleales de la República Popular China”, indica la Casa Blanca en un comunicado del 24 de junio.

Los departamentos de Trabajo y Comercio de Estados Unidos se unen a la CBP en la adopción de medidas para impedir el trabajo forzoso en Xinjiang. El 24 de junio, el Departamento de Comercio incluyó a cinco empresas que utilizan trabajo forzoso en Xinjiang, entre ellas el Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang, en su lista de entidades designadas. La lista bloquea a esas empresas de recibir programas informáticos, tecnología u otros bienes de Estados Unidos sin una aprobación especial.

El Departamento de Trabajo añadió el polisilicio producido en la República Popular China a la “Lista de bienes producidos mediante trabajo infantil o forzado“, que advierte a las empresas que compran bienes de la lista que corren el riesgo de apoyar el trabajo forzado.

Estas medidas se suman a otras anteriores adoptadas por Estados Unidos para disuadir a la República Popular China de utilizar el trabajo forzoso, que van desde el bloqueo por parte de la CBP de la entrada en Estados Unidos de todos los productos de algodón y tomate procedentes de Xinjiang hasta la inclusión en la lista de entidades de docenas de empresas relacionadas con abusos a los derechos humanos.

“Seguiremos trabajando con nuestros socios y aliados para promover la rendición de cuentas por el uso, por parte del gobierno de la RPC, de trabajo forzado, así como por el genocidio y los crímenes contra la humanidad”, dijo el portavoz del Departamento de Estado Ned Price el 24 de junio. “Apoyamos a nuestros aliados en todo el mundo en reclamo de que cesen de inmediato los crímenes de la RPC y para que las numerosas víctimas obtengan justicia”.