El Departamento de Estado divulgó este viernes un comunicado donde condena la detención de estudiantes miembros del Diálogo Nacional con el régimen de Daniel Ortega.
La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, hizo un llamado al Gobierno de Ortega para que garantice la seguridad de todos los que eligen
ejercer sus derechos universales a la libertad de expresión y a la
libertad de reunión.
The U.S. condemns the arbitrary detention of six National Dialogue members in #Nicaragua. We call for the release of all arbitrarily detained persons and call on the Ortega gov%27t to ensure the safety of all who choose to exercise universal rights to freedom of speech & assembly. pic.twitter.com/JLFa6Ky7I5
— Heather Nauert (@statedeptspox) September 8, 2018
"Los Estados Unidos condenan la reciente detención arbitraria por parte del régimen de Ortega de seis prominentes edtudiantes miembros del Diálogo Nacional.
Estos estudiantes representan el ejemplo más reciente de los miles de ciudadanos que al protestar pacífica y democráticamente contra las acciones del gobierno han sido acosados, detenidos, desaparecidos y en ocasiones asesinados.
Cinco de estos estudiantes han sido liberados. Hacemos un llamado a que todas las personas que hayan sido detenidas de manera arbitraria sean liberadas. También pedimos al gobierno de Ortega que de garantías de que respetará la seguridad de aquellas personas que ejercen el derecho universal a la libertad de expresión y a la libertad de reunión.
Todos los gobiernos deben promover la democracia, el buen gobierno y los derechos humanos para el beneficio de todos los ciudadanos.
Continuaremos apoyando a los nicaragüenses y haremos que Ortega se responsabilice por la represión y la violencia".
Los seis estudiantes a los que se refirió en su comunicado el Departamento de Estado son: Ariana Moraga, Iskra Malespín, Judith Mairena, Gracia Rivera, Alejandro Centeno y Edwin Carcache, este último miembro del opositor miembro de la opositora Alianza Cívica y el único que permanece bajo custodia de las autoridades.
Las protestas contra Ortega y contra su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide su renuncia, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso de poder y corrupción.