La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de EEUU se pronunció este jueves a favor del sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo, a quien el régimen cubano pretende encarcelar por compilar los nombres de los manifestantes detenidos el 11 de julio para que reciban ayuda humanitaria.
El tuit asegura que el gobierno cubano está acusando falsamente a Hernández Carrillo de "mercenario", una técnica utilizada “para silenciar a la disidencia, y que conlleva penas de 10 a 20 años de cárcel, o incluso la muerte”.
“Estamos con @ivanlibre y todos los reprimidos por ejercer los derechos humanos”, dice el mensaje.
Cuba is threatening labor rights activist Ivan Hernandez Carrillo with mercenarism, a spurious legal tool used to silence dissent, and which carries penalties of 10 to 20 years in jail – or even death.We stand with @ivanlibre & all those repressed for exercising human rights.
— Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor (@StateDRL) December 16, 2021
De la misma manera, el congresista republicano por la Florida, Mario Díaz-Balart, condenó las acciones del gobierno cubano en contra del activista y secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, y aseguró que el régimen lo está persiguiendo por su activismo y las demandas por los derechos humanos básicos.
“El régimen lo está castigando por hacer una lista de los arrestados el 11J y registrar los abusos”, señaló el legislador cubanoamericano.
The Cuban regime continues to persecute Ivan Hernandez Carrillo for his activism & demands for basic human rights. This time, the regime is punishing him for listing those arrested on #11J & recording the abuses.We must stand with @ivanlibre & all those demanding freedom in Cuba. https://t.co/os3VXLoeej
— Mario Diaz-Balart (@MarioDB) December 16, 2021
El día que Hernández Carrillo fue informado sobre la investigación en su contra, los agentes le dijeron que continúa con la restricción de movimiento que tiene impuesta desde hace varios meses y que no puede salir de su localidad sin avisar a los mandos de la policía política que se encargan de su caso.
El activista ha recibido, en ocasiones anteriores, amenazas de cárcel y hasta "amenazas de muerte", a través de un perfil falso de Facebook, por desarrollar sus actividades de sindicalista independiente, en el país y a nivel internacional.