La presa política Aymara Nieto Muñoz cumplirá cinco años y 4 meses de cárcel por el delito de desórdenes en los establecimientos penitenciarios o centros de reeducación, después de que el Tribunal Supremo Popular desestimara un recurso de casación interpuesto a su favor.
Ismael Boris Reñí, esposo de Nieto Muñoz, dijo a Radio Martí que el documento de sentencia se lo envió la abogada, que lleva el caso vía WhatsApp.
"A ella en la prisión no le han comunicado nada", aseguró Reñí, tras una conversación telefónica con su esposa este miércoles.
Your browser doesn’t support HTML5
Declaraciones de Ismael Boris Reñí a Radio Martí
La presa política aguardó durante más de cinco meses por una respuesta del Tribunal a su caso. El opositor señaló que la Dama de Blanco y activista de la Unión Patriótica de Cuba "ya no tiene reacción ninguna, ya estaba preparada" para una noticia que era de esperar.
"Sabíamos que pagar un abogado era por gusto, que teníamos que prepararnos psicológicamente y no esperar nada bueno respecto a lo que pudiera hacer una abogada que, normalmente, responde a los intereses del régimen, no a los intereses de la persona", explicó Reñí.
Nieto Muñoz, cumplió en el mes de mayo una condena de 4 años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado, daño y desacato. En febrero de este año fue sentenciada nuevamente bajo el cargo de desorden público en un centro penitenciario
La Dama de Blanco fue imputada por supuestamente liderar una protesta en 2020 en el Centro Penitenciario de Mujeres de Occidente, en El Guatao, donde estaba recluida en ese momento. Durante el juicio, no se demostró su participación en dicho delito, afirmó su esposo.
Nieto Muñoz fue enviada entonces a una prisión de Mujeres en la oriental provincia de Las Tunas, a más de 600 kilómetros de La Habana, donde reside su familia.
La activista ha presentado varios problemas de salud en prisión, entre ellos dengue e hipertensión arterial, tras más de dos meses en una celda de castigo en condiciones "infrahumanas", denunció su esposo.
El caso de la presa política cubana ha sido denunciado por el Grupo de Trabajo Sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, que demandó al régimen de La Habana su inmediata liberación y una indemnización por daños y perjuicios.
(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)