Sumario
- Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) restricciones a la libertad religiosa en Nicaragua, que incluyen confiscaciones, vigilancia de actividades de culto, cierre de medios de comunicación y procesos judiciales contra líderes religiosos.
Representantes de organizaciones civiles expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reunida en Panamá, una serie de denuncias sobre las restricciones que enfrentan distintas comunidades religiosas en Nicaragua bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Durante el 197.º período de sesiones de la CIDH, los denunciantes señalaron que estas medidas afectan tanto a la Iglesia católica como a congregaciones evangélicas y otras comunidades de fe.
Marylaura Acuña, representante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), describió las prácticas que limitan el ejercicio de la libertad religiosa en el país centroamericano.
“Las cancelaciones de personalidad jurídica, las confiscaciones, la vigilancia, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y el destierro de líderes religiosos forman parte de un conjunto de prácticas que restringen el ejercicio individual y colectivo de este derecho”, afirmó Acuña.
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Denuncian en CIDH persecución religiosa y restricciones a iglesias en Nicaragua
Más de 1.300 organizaciones religiosas canceladas
Uno de los principales señalamientos presentados ante la CIDH estuvo relacionado con la cancelación de la personalidad jurídica de organizaciones religiosas de diferentes denominaciones.
Katy Lechado, representante del Colectivo Nicaragua Nunca Más, presentó cifras que reflejan el alcance de estas medidas sobre distintas comunidades religiosas. “Al menos 1.341 organizaciones religiosas han sido canceladas desde 2018. En su mayoría son evangélicas, aunque también hay 132 católicas, tres judías, dos musulmanas y una hinduista”, detalló Lechado.
Las cifras expuestas por la organización representan un total de al menos 1.341 entidades religiosas canceladas, según el desglose presentado durante la audiencia.
Las organizaciones denunciantes consideran que estas cancelaciones afectan la capacidad de las comunidades religiosas para desarrollar sus actividades y mantener sus estructuras institucionales.
Vigilancia de sermones y restricciones a las procesiones
Las denuncias también abarcaron el control de las actividades religiosas y las restricciones a las manifestaciones públicas de fe.
Según los testimonios presentados ante la CIDH, sacerdotes han denunciado vigilancia sobre sus sermones y procesiones, mientras que congregaciones evangélicas reportaron presiones para entregar información privada de sus integrantes.
Registros del Colectivo Nicaragua Nunca Más han documentado el cierre de 22 medios de comunicación religiosos, de los cuales 16 eran católicos.
Las restricciones a las actividades religiosas en espacios públicos resultan especialmente visibles durante la Cuaresma y la Semana Santa. De acuerdo con las exposiciones, las autoridades nicaragüenses han impuesto limitaciones a distintas manifestaciones públicas de fe durante estas celebraciones.
Cuestionamientos al sistema judicial
Otro de los asuntos planteados durante la audiencia fue la situación de líderes religiosos sometidos a procesos judiciales en Nicaragua.
Organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionaron las condiciones en que se desarrollan estos procedimientos y denunciaron la imposición de condenas de prisión sin las garantías judiciales que consideran indispensables.
Los representantes de la sociedad civil solicitaron mantener la atención internacional sobre las restricciones denunciadas y sus consecuencias para el ejercicio de la libertad religiosa en Nicaragua.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no envió representantes a la audiencia celebrada en Panamá, por lo que las denuncias no recibieron una respuesta de las autoridades nicaragüenses durante la sesión.