Sumario
- Cubalex reporta 94 protestas públicas en agosto, principalmente cacerolazos por apagones en La Habana, así como operativos policiales preventivos, restricciones de movilidad y vigilancia vinculados a actividades opositoras y visitas diplomáticas.
- El informe señala graves violaciones en cárceles cubanas, con amenazas, celdas de castigo, huelgas de hambre y al menos cinco muertes bajo custodia por deficiente atención médica, destacando incidentes en las prisiones Kilo 8 y Combinado del Este.
El centro de asesoría legal Cubalex documentó en agosto un récord de 52 homicidios y el mayor nivel de criminalidad desde que iniciaron el monitoreo mensual de estos indicadores en 2024.
El informe recoge 315 hechos delictivos y cinco feminicidios, en un contexto de apagones prolongados, dificultades de acceso al agua y deterioro de los servicios esenciales.
“Agosto evidenció cómo se ha profundizado la crisis multidimensional que impera en el país”, declaró a Martí Noticias Alain Espinosa, abogado de Cubalex.
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Cubalex: agosto registra la mayor violencia social en Cuba desde 2024
La organización contrasta el incremento de la violencia con una reducción de los eventos de militarización, que descendieron a 23, su cifra más baja desde febrero. Para Espinosa, esta situación evidencia que “el gobierno cubano prioriza la represión del disenso político por encima de la seguridad de sus ciudadanos”.
Cubalex documentó 280 eventos represivos que incluyeron 543 incidentes de hostigamiento contra al menos 187 personas. El informe explica que un mismo evento puede comprender varias acciones represivas, como una detención seguida de un traslado o amenazas.
El balance contabiliza 30 víctimas de detenciones arbitrarias y tres de desapariciones forzadas. Entre las personas afectadas por la represión hubo menores de edad, una situación que Espinosa describió como una “marcada vulneración al interés superior del niño”.
Las autoridades detuvieron a grupos de manifestantes en al menos tres cacerolazos, ocurridos en Calabazar, La Habana Vieja y Camagüey. En Lawton, una madre fue arrestada después de reclamar por la negación de acceso al agua en su vivienda, según el documento.
Entre los detenidos figura Pedro Lázaro Gutiérrez Collado, delegado del Movimiento Opositores por una Nueva República, arrestado durante un cacerolazo en Calabazar y trasladado a El Vivac.
Durante agosto, Cubalex verificó 94 protestas públicas, frente a las 200 de julio, aunque advierte que se trata de un subregistro. El 57% se concentró en La Habana y predominaron los cacerolazos por apagones prolongados. El 4 de agosto se registraron 16, motivados por una nueva desconexión del sistema eléctrico nacional.
La represión también adoptó formas preventivas. El informe describe operativos de vigilancia combinados con restricciones de movilidad y arrestos domiciliarios. El 18 de agosto concentró uno de los mayores números de operativos policiales del mes, coincidiendo con la visita del jefe de misión estadounidense Mike Hammer a Alquízar.
“El gobierno restringe la libertad y genera un estado de profunda inseguridad jurídica para toda la población”, afirmó Espinosa.
La mitad de los incidentes documentados involucró a personas privadas de libertad. La Prisión Especial Kilo 8, en Camagüey, acumuló 22 incidentes, el mayor número entre los centros identificados.
Allí, Cubalex registró amenazas de muerte contra Ediolvis Marín Mora y Fausto René Ramos, quienes también fueron enviados a celdas de castigo. Ambos acumularon siete incidentes represivos cada uno, la mayor cifra individual del período. Marín fue trasladado posteriormente a Kilo 7.
“Ocurrieron al menos cinco muertes bajo custodia debido a negación o deficiente atención médica en los centros penitenciarios”, denunció Espinosa.
El informe también recoge el uso del aislamiento como castigo en el Combinado del Este y huelgas de hambre de al menos nueve personas privadas de libertad durante agosto.
Cubalex elaboró el balance a partir de 1.278 registros obtenidos de redes sociales, sitios web e información recibida directamente. La organización aclara que sus cifras no son totales ni definitivas, debido a las limitaciones del monitoreo y a las dificultades de las víctimas para denunciar.