Minyanville, un prestigioso portal de contenido especializado en negocios e información financiera, pone los puntos sobre las íes a los peligros que corren los inversionistas en Cuba.
En el mundo normal tener dinero es tener poder, pero en un país comunista como Cuba puede ser un delito contra la segurida nacional, dice Minyanville, una publicación electrónica estadounidense, en un extenso artículo en el que demuestra lo riesgoso que es invertir en la isla.
Especializado en el mundo de los negocios y la información financiera, el galardonado portal en Internet cita el caso del empresario británico Amado Fakhre, quien además de perder su dinero se ha quedado sin libertad, puesto que desde octubre del año pasado permanece encarcelado en Cuba sin que se le haya celebrado juicio.
También pone como ejemplo a Stephen Purvis, jefe de operaciones de la misma firma, Coral Capital, que dice haber invertido en la isla $75 millones de dólares y asegura que tenía proyectos en curso valorados en más de $1.000 millones. Purvis está detenido desde abril pasado, y la prensa cubana ni siquiera ha mencionado el caso, destaca.
Sin embargo, agrega, Coral Capital, formada en 1999 para invertir en Cuba y que realizó con éxito la restauración del hotel habanero Saratoga –donde una habitación puede llegar a costar $900 dólares la noche—no es la única firma extranjera a la que el gobierno cubano le ha “reembolsado (la inversión) con una estancia gratuita en Villa Marista”.
Menciona además a la compañía canadiense Tokmakjian Group, que ha vendido autobuses, camiones, y equipos de minería a Cuba, además de ser el distribuidor exclusivo de la Hyundai y hacer negocios con la isla estimados en $80 millones de dólares anuales.
Desde septiembre de 2011 –apunta- la firma fue cerrada y su ejecutivo principal, Vahe "Cy" Tokmakjian, está detenido bajo custodia de Seguridad del Estado. En igual sitiación, añade, está desde hace casi un año Sarkis Yacoubian, empresario principal de otra compañía canadiense, Tri-Star Caribbean.
No son pocos los extranjeros en problemas
“Durante los últimos dos años, Cuba ha enviado a la cárcel a 52 extranjeros, así como a cientos de ministros y funcionarios cubanos, además de haber expulsado del país a más de 150 dueños y operadores de negocios extranjeros”, destaca Minyanville.
La publicación precisa que parte de las reformas económicas iniciadas por el gobernante Raúl Castro incluyen la intención de “erradicar la rampante corrupción”, aunque no existe en el país, dice, una clara definición de lo que significa ese término.
Luego cita a un empresario europeo no indentificado radicado en La Habana quien recientemente se preguntaba si pagar $100 dólares extras al administrador cubano de su negocio era en verdad un delito contra la seguridad nacional. “En un país comunista la respuesta es sí”, dice Minyanville.
El dinero es poder – puntualiza- y las inevitables disparidades de ingresos que resultan de conceptos capitalistas como la bonificación hacen colapsar el orden de una “sociedad sin clases”.
Dice que a veces los sobornos son flagrantes, como “viajes gratuitos al extranjero, computadoras, televisores de pantalla plana o grandes depósitos de dinero en cuentas en el extranjero para los “altos funcionarios”, según constató un importador suramericano que hacía negocios en la isla y fue expulsado en 2009.
Otras veces, indica, la “corrupción” puede pasar inadvertida, como un puñado de dólares para gasolina, o adoptar formas perfectamente aceptables en las sociedades de mercado, donde usualmente se pagan comisiones a los empleados.
Cuba, un mercado “fronterizo”
Minyanville define a Cuba como otro de los tantos “mercados fronterizos” que hay en el mundo y que los inversionistas añoran que lleguen algún día a convertirse en “mercados emergentes” como ha sito el caso más típico y lucrativo de China.
Pero en estos mercados fronterizos --dice-- existen riesgos “geopolíticos”, son susceptiblemente instables, y los inversionistas pueden ser víctimas de nacionalización.
También carecen de infraestructura y de salvaguardas en forma de regulaciones, en virtud de lo cual los inversionistas se ven expuestos a disímiles peligros, entre ellos el más importante quizás –dice—la falta de liquidez.
En adición recuerda que la calificación crediticia de Cuba no ha dejado de deteriorarse durante años, y que se le sitúa a la cabeza desde 1999 del grupo de países deudores considerados “parias” por no pagar.
Remitiéndose a la agencia calificadora Moody´s, considerada una de las más importantes del mundo, destaca que la categoría que ésta le otorga a la isla refleja esa moratoria de la deuda, “en vigor desde hace más de 20 años, y que ha llevado a la acumulación de principal y atrasos (en el pago) de intereses”.
Además de la debilidad financiera del gobierno --puntualiza--, "la calificación de Cuba incorpora: primero, una economía en extremo dependiente de la importación de bienes; segundo, acceso restringido a financiamiento externo, y tercero, actuales incertidumbres políticas”.
Eso sin contar, agrega, que de acuerdo con las leyes del embargo económico, los estadounidenses que hagan negocios con Cuba encaran penalidades “severas y constitucionales”, que incluyen multas entre $11.000 y un millón de dólares por delitos civiles, y entre $50.000 y $10 millones y sentencias de 10 a 30 años de cárcel por infracciones que tengan carácter criminal.
Especializado en el mundo de los negocios y la información financiera, el galardonado portal en Internet cita el caso del empresario británico Amado Fakhre, quien además de perder su dinero se ha quedado sin libertad, puesto que desde octubre del año pasado permanece encarcelado en Cuba sin que se le haya celebrado juicio.
También pone como ejemplo a Stephen Purvis, jefe de operaciones de la misma firma, Coral Capital, que dice haber invertido en la isla $75 millones de dólares y asegura que tenía proyectos en curso valorados en más de $1.000 millones. Purvis está detenido desde abril pasado, y la prensa cubana ni siquiera ha mencionado el caso, destaca.
Sin embargo, agrega, Coral Capital, formada en 1999 para invertir en Cuba y que realizó con éxito la restauración del hotel habanero Saratoga –donde una habitación puede llegar a costar $900 dólares la noche—no es la única firma extranjera a la que el gobierno cubano le ha “reembolsado (la inversión) con una estancia gratuita en Villa Marista”.
Menciona además a la compañía canadiense Tokmakjian Group, que ha vendido autobuses, camiones, y equipos de minería a Cuba, además de ser el distribuidor exclusivo de la Hyundai y hacer negocios con la isla estimados en $80 millones de dólares anuales.
Desde septiembre de 2011 –apunta- la firma fue cerrada y su ejecutivo principal, Vahe "Cy" Tokmakjian, está detenido bajo custodia de Seguridad del Estado. En igual sitiación, añade, está desde hace casi un año Sarkis Yacoubian, empresario principal de otra compañía canadiense, Tri-Star Caribbean.
No son pocos los extranjeros en problemas
“Durante los últimos dos años, Cuba ha enviado a la cárcel a 52 extranjeros, así como a cientos de ministros y funcionarios cubanos, además de haber expulsado del país a más de 150 dueños y operadores de negocios extranjeros”, destaca Minyanville.
La publicación precisa que parte de las reformas económicas iniciadas por el gobernante Raúl Castro incluyen la intención de “erradicar la rampante corrupción”, aunque no existe en el país, dice, una clara definición de lo que significa ese término.
Luego cita a un empresario europeo no indentificado radicado en La Habana quien recientemente se preguntaba si pagar $100 dólares extras al administrador cubano de su negocio era en verdad un delito contra la seguridad nacional. “En un país comunista la respuesta es sí”, dice Minyanville.
El dinero es poder – puntualiza- y las inevitables disparidades de ingresos que resultan de conceptos capitalistas como la bonificación hacen colapsar el orden de una “sociedad sin clases”.
Dice que a veces los sobornos son flagrantes, como “viajes gratuitos al extranjero, computadoras, televisores de pantalla plana o grandes depósitos de dinero en cuentas en el extranjero para los “altos funcionarios”, según constató un importador suramericano que hacía negocios en la isla y fue expulsado en 2009.
Otras veces, indica, la “corrupción” puede pasar inadvertida, como un puñado de dólares para gasolina, o adoptar formas perfectamente aceptables en las sociedades de mercado, donde usualmente se pagan comisiones a los empleados.
Cuba, un mercado “fronterizo”
Minyanville define a Cuba como otro de los tantos “mercados fronterizos” que hay en el mundo y que los inversionistas añoran que lleguen algún día a convertirse en “mercados emergentes” como ha sito el caso más típico y lucrativo de China.
Pero en estos mercados fronterizos --dice-- existen riesgos “geopolíticos”, son susceptiblemente instables, y los inversionistas pueden ser víctimas de nacionalización.
También carecen de infraestructura y de salvaguardas en forma de regulaciones, en virtud de lo cual los inversionistas se ven expuestos a disímiles peligros, entre ellos el más importante quizás –dice—la falta de liquidez.
En adición recuerda que la calificación crediticia de Cuba no ha dejado de deteriorarse durante años, y que se le sitúa a la cabeza desde 1999 del grupo de países deudores considerados “parias” por no pagar.
Remitiéndose a la agencia calificadora Moody´s, considerada una de las más importantes del mundo, destaca que la categoría que ésta le otorga a la isla refleja esa moratoria de la deuda, “en vigor desde hace más de 20 años, y que ha llevado a la acumulación de principal y atrasos (en el pago) de intereses”.
Además de la debilidad financiera del gobierno --puntualiza--, "la calificación de Cuba incorpora: primero, una economía en extremo dependiente de la importación de bienes; segundo, acceso restringido a financiamiento externo, y tercero, actuales incertidumbres políticas”.
Eso sin contar, agrega, que de acuerdo con las leyes del embargo económico, los estadounidenses que hagan negocios con Cuba encaran penalidades “severas y constitucionales”, que incluyen multas entre $11.000 y un millón de dólares por delitos civiles, y entre $50.000 y $10 millones y sentencias de 10 a 30 años de cárcel por infracciones que tengan carácter criminal.