Sumario
- Los casos del pastor evangélico Maikel Pupo Velázquez, detenido por convocar una oración pública, y el de la influencer Anna Bensi y su madre, condenadas a dos años de limitación de libertad, destacan en el informe más reciente de la ONG Prisoners Defenders.
- El balance incluye al periodista Henry Constantín Ferreiro, detenido en Camagüey, y subraya que 152 de los presos políticos son mujeres, mientras 214 manifestantes han sido condenados por sedición.
Cuba cerró septiembre de 2026 con un récord de 1.351 presos políticos y de conciencia, según el más reciente informe de la organización independiente Prisoners Defenders, que documenta 50 nuevos casos durante el mes y 318 incorporaciones en los últimos doce meses.
“Cuba ha alcanzado un nuevo récord absoluto de represión, 1.351 prisioneros políticos y de conciencia”, afirmó el presidente de la ONG, Javier Larrondo, en declaraciones a las que tuvo acceso Martí Noticias.
El activista denunció que las autoridades cubanas utilizan el encarcelamiento para castigar a ciudadanos que reclaman servicios básicos, expresan opiniones críticas o ejercen su libertad religiosa.
“Pedir agua y electricidad puede llevarte a prisión. Denunciar los abusos del gobierno puede destruir tu vida y la de tu familia”, advirtió.
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Prisoners Defenders registra 1.351 presos políticos en Cuba durante septiembre
Entre los casos destacados figura el del pastor evangélico Maikel Pupo Velázquez, detenido el 26 de septiembre en Camagüey después de convocar a varias iglesias a una oración pública por Cuba.
Según Prisoners Defenders, el religioso pidió a los fieles que no acudieran para evitar represalias, pero decidió presentarse solo en el lugar previsto y fue arrestado. Permanece en prisión provisional en Cerámica Roja, acusado de desobediencia, tras pasar nueve días incomunicado.
“Incluso convocar una oración pública puede llevarte a prisión, ya seas sacerdote, pastor, imán o Ifá yoruba”, denunció Larrondo.
El informe también recoge el caso de la influencer cubana Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, y su madre, Caridad Silvente Laffita, declaradas culpables el 1 de octubre por un tribunal de Cojímar, en La Habana.
Al salir del juicio, Anna Bensi informó que ambas fueron condenadas a dos años de limitación de libertad. La joven rechazó la decisión al considerar que el proceso judicial busca silenciar sus opiniones en las redes sociales.
Prisoners Defenders denunció además el caso de Leandro Cristian Palmero Guevara, detenido cuando tenía 17 años y para quien la Fiscalía solicita una condena de 12 años de prisión, pese a que, según la organización, el escrito fiscal no le atribuye un acto delictivo concreto consumado.
El informe contabiliza 40 personas detenidas cuando eran menores de edad, entre ellas 14 adolescentes procesados por las protestas del 11 de julio de 2021 y condenados por sedición.
Otro de los aspectos más preocupantes del informe es la situación sanitaria de los reclusos. Prisoners Defenders documenta 476 presos políticos con enfermedades físicas graves y 53 con trastornos severos de salud mental, sin atención médica adecuada.
“En las prisiones los matan de hambre”, denunció Larrondo, quien aseguró que algunos presos reciben entre 250 y 350 kilocalorías diarias.
La organización atribuye el deterioro de la salud de los reclusos a la desnutrición, los malos tratos y la falta de medicamentos y asistencia médica.
El informe también incluye al periodista independiente Henry Constantín Ferreiro, director de La Hora de Cuba, detenido el 16 de septiembre en Camagüey y recluido provisionalmente en la prisión Kilo 7, acusado de desobediencia.
Según el balance, entre los 1.351 presos políticos y de conciencia figuran 152 mujeres. La organización contabiliza además 214 manifestantes condenados por sedición, de los cuales 138 permanecen encarcelados.
Larrondo advirtió que la cifra real de presos políticos podría ser mayor debido al temor de numerosas familias a denunciar. “Tienen miedo a denunciar, tienen miedo a hablar y su vida se ha convertido en una pesadilla”, afirmó.
El presidente de Prisoners Defenders pidió a la comunidad internacional que exija el fin de la represión, garantías judiciales y la liberación de quienes permanecen privados de libertad por ejercer sus derechos fundamentales.
“Llega un momento que callar es ser cómplice, que callar es infame, que callar es una vergüenza”, concluyó.