Sumario
- El régimen cubano publicó la lista completa de 2.010 personas indultadas por el Decreto Presidencial 1212 de 2026, presentado como un “gesto humanitario y soberano”.
- Entre los beneficiados figuran alrededor de 100 casos vinculados a delitos contra la Seguridad del Estado, pese a que inicialmente se anunció que quedarían excluidos quienes cometieran delitos contra la autoridad.
- Organizaciones como Prisoners Defenders, Amnistía Internacional y Human Rights Watch han criticado la opacidad del proceso, señalando que la mayoría de presos políticos no fueron incluidos y reclamando transparencia y liberación plena de detenidos por motivos de conciencia en la isla.
La Gaceta Oficial de Cuba publicó este lunes el listado completo de los beneficiados por el indulto anunciado en abril por el gobierno de Miguel Díaz-Canel, una medida que abarca a 2.010 sancionados y que fue presentada por las autoridades como un "gesto humanitario y soberano".
El documento, contenido en una edición extraordinaria que supera el centenar de páginas, incluye los nombres, apellidos y causas judiciales de las personas beneficiadas por el Decreto Presidencial 1212 de 2026.
Según el texto oficial, el indulto fue concedido tras evaluar factores como la conducta de los reclusos durante el cumplimiento de sus sanciones, el tiempo ya cumplido y las características de los delitos cometidos. Según las autoridades, el proceso de excarcelaciones se enmarcó en las celebraciones de la Semana Santa, y constituye una "práctica habitual en nuestro sistema de justicia penal".
Entre los datos que emergen de la publicación destaca la inclusión de alrededor de 100 personas con causas vinculadas a delitos contra la Seguridad del Estado, categoría que en el sistema judicial cubano suele abarcar procesos relacionados con disidencia y activismo político.
Este elemento ha sido señalado como parcialmente contradictorio con el discurso inicial del gobierno, que había indicado que quedarían excluidos del beneficio los condenados por delitos contra la autoridad, una figura frecuentemente aplicada a manifestantes y opositores.
La divulgación de la lista se produjo casi dos meses después de la firma del decreto, lo que, según diversas fuentes, impidió durante semanas verificar de manera independiente la identidad de los beneficiados y los delitos asociados a cada caso.
Organizaciones de derechos humanos y grupos de monitoreo han reaccionado de forma crítica tanto al contenido del listado como al proceso de excarcelación.
La ONG Prisoners Defenders, que marcó en su informe de abril un récord de 1,260 prisioneros por motivos políticos en Cuba, señaló en un comunicado que solo ha podido confirmar la inclusión de un preso político entre los indultados, lo que consideró evidencia de la exclusión de la mayoría de los reclusos encarcelados por motivos de conciencia.
Otras organizaciones han denunciado que el proceso estuvo marcado por la opacidad y discrecionalidad, cuestionando la falta de transparencia del gobierno tanto en la selección de los beneficiados como en la información pública disponible.
Amnistía Internacional había advertido previamente que las medidas de liberación y perdón en Cuba suelen carecer de garantías claras, y subrayó que la excarcelación de presos comunes no sustituye la obligación del Estado de liberar de forma inmediata e incondicional a quienes considera detenidos por motivos políticos.
Human Rights Watch, por su parte, también señaló tras el anuncio del indulto que no había identificado entre los beneficiados a personas consideradas presos políticos, en un contexto en el que cientos de opositores y críticos del gobierno continúan encarcelados en la isla.
Las críticas se suman a cuestionamientos recurrentes sobre el uso de los indultos en Cuba. Activistas y organizaciones han sostenido que este tipo de medidas, aunque representan alivio para algunos reclusos, no abordan de fondo la situación de los presos políticos ni las denuncias de detenciones arbitrarias y represión, por lo que reclaman mayor transparencia y la liberación plena de quienes permanecen encarcelados por ejercer derechos fundamentales.