Justicia brasileña tras prácticas corruptas de Odebrecht en Puerto del Mariel

Cuatro años después de la inauguración del Puerto del Mariel, encargado por el gobierno cubano a la constructora brasileña Odebrecht, permanecen aún las sombras sobre las corruptelas en el millonario negocio de modernización portuaria del oeste de La Habana.

Sin embargo, el fin del secretismo sobre si Odebrecht extendió sus prácticas corruptas a Cuba parece estar a la vuelta de la esquina de mano de la justicia brasileña.

Tras el destape del que muchos consideran el mayor caso de corrupción de la historia, la constructora brasileña se vio obligada a reconocer que pagó “cientos de millones de dólares en sobornos a altos funcionarios de gobiernos en todo el mundo”, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Suficientes evidencias apuntan hacia la isla caribeña.

La obra “más importante” realizada en Cuba en los últimos años y, probablemente, la mayor de infraestructura portuaria desde 1959, fue considerada la “base para alcanzar el despegue económico que necesitamos” -en palabras del gobernante Raúl Castro. Se inauguró en enero de 2014 y habría costado -según Odebrecht- $957 millones de dólares, un valor financiado en gran parte por el estado brasileño.

Raúl Castro y Dilma Rousseff inauguran la primera etapa del puerto del Mariel, en enero de 2014..

Es precisamente ese aporte del país sudamericano lo que la justicia brasileña ha puesto bajo la lupa por sospechas de irregularidades en el contrato de financiación: desde presunto sobreprecio de la obra, hasta anomalías en los plazos, cuotas e intereses de la deuda.

Página 82 de la sentencia del Tribunal de Cuentas de la Unión que encontró presuntas irregularidades en los costos del Puerto del Mariel

Dos investigaciones relacionadas con el Mariel avanzan en el Ministerio Público, una en la fiscalía de Brasilia y otra en el estado de Rio de Janeiro, mientras tres auditorias se tramitan bajo la égida del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU).

A eso se suman tres demandas en tribunales, dos de ellas pidiendo que se levante el estatus secreto sobre los documentos del préstamo -una con fallo favorable. A su vez, se crearon dos Comisiones Parlamentarias de Investigación, una en el Senado -con plazo para concluir el próximo 23 de marzo- y otra en la Cámara de los Diputados, que fue enterrada en febrero de 2016 sin emitir conclusiones, limitándose a dar recomendaciones para futuros préstamos del banco de fomento.

Las investigaciones se dilatan años cuando chocan contra el secretismo impuesto por el gobierno brasileño a las operaciones. Desde el primer pedido de documentación relacionada con el Mariel, oficiado en junio de 2014 por el fiscal del Núcleo de Combate a la Corrupción, Anselmo Lopes, el banco cerró filas y prolongó el contencioso amparado en el “secreto bancario y financiero”.

Cortina de hierro

La clasificación por 15 años se decretó en 2012, durante el primer gobierno de Dilma Rousseff. El Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior -entidad rectora del banco estatal BNDES- justificó el secreto sobre las operaciones en el riesgo que la divulgación traería a otras negociaciones bilaterales y como medida de protección al gobierno de la isla: “Podría no ser favorable a la relación del gobierno cubano con otros países acreedores, además de causar malestar diplomático”, declara el alegato firmado por el exministro Fernando Pimentel.

Clasificación secreta al préstamo del Mariel

Pero el manto de silencio que el gobierno brasileño tiró sobre Cuba tiene fuertes opositores en Brasil.

“Por tratarse de dinero público, considero un derecho tener acceso a esos documentos. El gobierno brasileño prestó $682 millones para el financiamiento de esa obra, pero ¿quién asegura que no costó $500 millones y los otros $180 millones fueron desviados para otras cosas? Quiero saber quién fiscalizó la obra, quién estimó los costos y quién firmó los documentos diciendo que era económicamente viable”, explicó a Martí Noticias el académico brasileño Adolfo Sachsida.

Adolfo Sachsida.

Sachsida es un investigador brasileño del Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA) que en septiembre de 2014 entabló una “demanda popular” contra la Estado y el BNDES a favor de barrer el secreto y hacer públicos los procesos administrativos del préstamo para el Mariel, así como papeles de trabajo, notas técnicas y memorandos.

El economista dice no entender como un “país pobre” como Brasil prestó millones a Cuba para la construcción de instalaciones portuarias “cuando existen varios puertos brasileños que no tienen ni siquiera recursos para hacer mantenimiento”, y esgrime además “cuestiones morales y humanitarias”, que asegura, van más allá de la cuestión económica.

“Nosotros estamos financiando una dictadura, el gobierno cubano es una dictadura. ¿Qué decisión es esa de financiar emprendimientos en países dictatoriales que dificultan el control, donde no impera la democracia, donde no impera el estado de derecho y no se respetan los derechos humanos? Lo que estoy levantando es una cuestión de dinero público brasileño", declaró el demandante.

Sachsida considera que en el proyecto del Mariel se usó el dinero del contribuyente brasileño y hay que averiguar cómo se gastó ese dinero. "Más allá del punto de vista financiero, hay una cuestión moral. ¿Es correcto usar dinero público de un país para financiar obras en una dictadura? Yo como brasileño me avergüenzo de eso”, concluyó el economista.

La demanda de Sachsida obtuvo un fallo favorable en segunda instancia, pero el dictamen fue apelado por el BNDES. En 2017, otro juez federal de Brasilia negó el recurso interpuesto por el banco de fomento, pero según Sachsida aún tramitan otras apelaciones de la institución.

El expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, en cambio, defendió la inversión iniciada en su gestión con el mejor estilo castrista, demonizando a los cubanos exiliados y dejando entrever que el destino del puerto estaría asociado al levantamiento -o inminente flexibilización- del embargo estadounidense durante la administración de Barack Obama.

Raúl Castro y Lula da Silva, en La Habana. (Foto: Ricardo Stuckert/Presidencia de Brasil)

“Queremos que Cuba, cuando se abra al mundo, no sea tomada por los otros cubanos, sino que sea tomada por varios empresarios, por inversiones de varios países, que aprovechen el potencial intelectual de su pueblo… Dios quiera que sea verdadera esa voluntad de Obama de que el Congreso apruebe que se llegue al fin del embargo y Cuba sea totalmente libre, porque fue precisamente para eso que los cubanos hicieron una revolución”, declaró Lula da Silva en material divulgado por el instituto que lleva su nombre.

Préstamo sin fundamento

Desde que saltó la polémica, el BNDES, Odebrecht y el gobierno brasileño esgrimen un argumento: la modalidad de crédito usada en el Mariel no financia a gobiernos extranjeros -a pesar de que estos se quedan con la deuda-, sino las operaciones de empresas brasileñas de ingeniería y construcción alrededor del mundo. Justifican así que el dinero estimularía las exportaciones y la creación de puestos de trabajo en Brasil. No obstante, en el caso cubano, las cifras no sustentan ni una cosa, ni la otra.

Lo cierto es que el denominado crédito “Pos-embarque” pareciera hecho a la medida de las necesidades de Odebrecht. Tanto que, 80% de los más de $14.4 mil millones de dólares prestados por el banco a 140 obras en América Latina y África entre 2005 y 2014, fueron a parar a la cuenta de la constructora, de acuerdo con la auditoria 034.365/2014-1 del Tribunal de Cuentas de la Unión, máximo órgano de control de las finanzas públicas de Federación brasileña.

En el caso del proyecto del Mariel, entre 2009 y 2013 el banco transfirió a Odebrecht $682 millones de dólares, distribuidos en cinco contratos de $43, $108, $150, $150 y $230 millones, respectivamente.

Muchos de los equipos y maquinaria pesada usada en la construcción del Mariel no son de fabricación brasileña.

Según los contratos examinados por Martí Noticias, el BNDES abrió en Brasil, a nombre del Banco Nacional de Cuba, créditos por esos valores, que podrían ser usados a criterio del gobierno cubano para pagar exportaciones de materiales, equipos y servicios. Los equipos debían ser comprobadamente brasileños o con más de un 60% de componentes nacionales, pero con la salvedad de que todo debería tener un único destino: Mariel.

En sus discursos de inauguración del Mariel, el 27 de enero de 2014, portavoces de Odebrecht y la propia presidenta Rousseff, repitieron que el crédito financió las exportaciones a Cuba de 400 compañías brasileñas -coordinadas por Odebrecht- y, consecuentemente, la apertura de miles de puestos de trabajo.

“Si el puerto será de gran importancia para el socialismo cubano, es el capitalismo brasileño quien más ha ganado hasta ahora”, ironizó Marcelo Odebrecht.

La declaración del ex todopoderoso magnate de la construcción -al frente de la compañía fundada por su abuelo- apareció en un artículo titulado "Cuantos más Marieles, mejor para Brasil", publicado en el diario Folha de Sao Paulo ese mismo año. “Con más financiamientos, mucha más riqueza habría sido producida en Brasil”, argumentó el empresario.

Sin embargo, ni la empresa, ni el banco han presentado pruebas de la presunta cadena productiva formada para cubrir las necesidades de la obra en Cuba.

A raíz de la inauguración del Mariel, Mauro Hueb, entonces director superintendente de la Compañía de Obras e Infraestructura (COI), subsidiaria de Odebrecht en Cuba, dio un panorama, en números, de la obra que dirigió en la isla: las exportaciones brasileñas para la construcción del Puerto de Mariel totalizaron $800 millones de dólares y estimularon la creación de alrededor de 156,000 empleos en Brasil.

La cifra no se sostiene. Se encargó de triturarla el extitular del Comercio Exterior, Antonio Monteiro Neto, mientras exponía los beneficios de un flamante Plan Nacional de Exportaciones que lanzó Dilma Rousseff en junio de 2015. Para cada mil millones de dólares exportados, el país utiliza aproximadamente 50 mil trabajadores, defendía el exministro.

De acuerdo con esa proporción, la obra ejecutada en Cuba por Odebrecht habría estimulado la apertura de 40,000 empleos en Brasil, cuatro veces menos de los propagados por el exdirectivo de COI, actualmente al frente de los negocios del grupo empresarial en Ecuador.

Tribunal de Cuentas tras la ruta del dinero

El monto de las exportaciones brasileñas para el Mariel, según Odebrecht, ascendió a $802 millones de dólares: $682 millones provenientes del préstamo brasileño y $120 millones pagos directamente por Cuba, en cumplimiento de una cláusula que estipulaba que el crédito brasileño sólo cubría 85% de las compras o servicios contratados y Cuba pagaría, en efectivo, el 15% restante.

Si todo ese valor fue efectivamente exportado, significa que 84% del gasto declarado para la obra incurrió fuera de Cuba e ingresó a la cuenta de la constructora brasileña.

El alto porcentaje de exportaciones encendió las alarmas del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU).

La auditoría del Tribunal concluyó que el monto exportado por Odebrecht para el Mariel -incluyendo proyectos, consultoría, servicios de montaje e instalación, mano de obra brasileña, administración central, beneficios de la compañía, así como máquinas y materiales- es “bastante significativo” en relación al valor total de la construcción. El Tribunal pidió que se investigue a fondo la lista de productos y servicios, precios y su representatividad para la obra.

El informe presentado al Tribunal por el ministro de esa corte, Augusto Sherman, analizó un total de 140 construcciones de más de $100 millones, financiadas por el BNDES en América Latina y África -entre ellas el Puerto del Mariel y el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. El fallo judicial se pronunció por revisar, en todas las obras constructivas, si los valores declarados como exportaciones brasileñas corresponden con la realidad.

Las dudas parten – según el TCU- de estudios de construcción de carreteras que evidencian que el movimiento de tierra, la pavimentación, el drenaje y el material asfáltico representan 80% de los costos directos de ese tipo de obra.

“Todo eso tiene características de ejecución y de costo local, aún cuando se asuma que todos los equipos necesarios hayan sido importados”, concluyó el TCU brasileño.

Para el caso de específico de los puertos, la corte ha determinado que se hagan estudios similares. No obstante, cabe recordar que el proyecto de modernización y ampliación del Puerto del Mariel, además de la construcción de la terminal de contenedores, con un muelle de 702 metros de extensión, abarcó otras obras civiles de perfil vial: 11,7 kilómetros de carretera y un puente, que enlazan la terminal a la autopista Habana-Pinar del Río; 78 kilómetros de ferrovía -algunos trechos rehabilitados y otros nuevos- para unir el puerto a la capital; sistemas de drenaje pluvial; una conductora de agua de 22 kilómetros y 270 kilómetros de redes de electricidad e infocomunicación, según reportes de la prensa oficial cubana.

En el caso Mariel, los gastos de contratación de mano de obra local, materiales, arrendamiento de equipos, administración local, importación de equipos de otros países, montaje e instalación con mano de obra y herramientas locales, además de todo el dragado de la bahía -esencial para el objetivo del puerto de recibir los buques de gran calado Panamax y post-Panamax- conforman el 16% del costo de la obra. El valor resulta muy inferior al 32% de gasto local promedio detectado en las 140 obras investigadas, un índice ya de por sí considerado bajo por el relator de la auditoria.

Grúas chinas en la terminal de contenedores del Puerto del Mariel.

Odebrecht registró en sus informes anuales la contratación de 1,567 trabajadores cubanos en 2011; 2,358 en 2012; 2,453 en 2013 y 52 en 2014. Sin embargo, a pesar del consabido bajo costo de la mano de obra cubana -con salarios ajustados por un empleador estatal cubano-, al gasto local se suman otros que aumentan las dudas sobre la contabilidad presentada por la compañía.

Las evidencias saltan a la vista. Se encuentran en las cuatro gigantescas grúas verdes de pórtico -símbolo de la terminal de contenedores- que fueron fabricadas en China por la Shanghai Zhenhua Heavy Industry Co; en las 12 grúas de patio sobre llantas y dos sobre rieles adquiridas al mismo fabricante; en los 22 vehículos para transporte de contenedores de hasta 40 toneladas marca Terberg, provenientes de los Países Bajos; en el sistema de automatización de operaciones portuarias y los equipamientos de comunicaciones del gigante chino de las telecomunicaciones Huawei; en las aplanadoras alemanas Hamm utilizadas en la pavimentación; y en la poderosa grúa flotante Magnus XII, con bandera de Belice, contratada para la colocación de las pesadas lozas del muelle.

Ninguno de esos equipos es de fabricación o de componentes brasileños.