El caso de un nuevo menor de edad, Yotuel de Jesús Muñoz Antes, de 16 años, a la espera de juicio por manifestarse pacíficamente el 11 de julio en Manzanillo, provincia Granma, fue confirmado este martes por la organización independiente Justicia 11J.
Muñoz Antes, con medida cautelar de reclusión domiciliaria, enfrenta una petición fiscal de 4 años de privación de libertad, por los delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado, de acuerdo al registro actualizado de detenidos en las protestas.
La organización lanzó “un llamado de atención a la continua llegada de nuevos reportes de personas que siguen detenidas y aún no han sido llevadas a juicio, a casi 10 meses de las protestas en el país”.
A partir de esta nueva incorporación, nuestro registro de menores de edad aumenta a 57, de ellos:12 permanecen en detención, 22 han sido juzgados, 7, con petición fiscal, aún esperan juicio. pic.twitter.com/kdRkR8tUap
— @Justicia11J Detenciones por motivos políticos (@justicia11j) May 24, 2022
Con la confirmación de este caso, el registro de menores de edad presos por el 11J que contabiliza la organización aumentó a 57; de ellos, 12 permanecen en detención, 22 han sido juzgados, y 7 con petición fiscal aún esperan juicio.
En igual situación se encuentra Jonathan Torres Farrat, recluido en el penal Jóvenes de Occidente, en El Guatao, del municipio habanero de La Lisa, quien está siendo amenazado por un agente de la policía política con la postergación indefinida de su juicio, según denunció su madre la semana pasada.
Torres Farrat fue encarcelado el 13 de agosto de 2021 y tiene una petición fiscal de ocho años de prisión por los presuntos delitos de atentado y desorden público.
Lee también Amenazan a Jonathan Torres Farrat con dilatar su juicio: "Es una forma de tortura", denuncia su madre (VIDEO)En su más reciente informe sobre los detenidos el 11J, la organización señala que observará con especial atención los juicios de casación a jóvenes manifestantes de la Esquina de Toyo, en La Habana, acusados del presunto delito de sedición.
“Este juicio debería celebrarse el 27 del presente mes, en el Tribunal de Diez de Octubre. Hacemos un llamado a los medios de prensa internacionales, a las organizaciones de defensa de derechos humanos, a la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, a que observen también el desarrollo de estos eventos, así como las conclusiones a que ellas den lugar”, señala Justicia 11J.
Este 27 será el juicio de casación de los menores de Toyo. Llamamos a los medios de prensa internacionales, a las organizaciones de defensa de DDHH, a la oficina de la Alta Comisionada @mbachelet, a que observen el desarrollo de estos eventos.https://t.co/GaxHDJgH7M
— @Justicia11J Detenciones por motivos políticos (@justicia11j) May 24, 2022
La Organización de Estados Americanos (OEA) denunció a principios de mayo que un total de 26 menores de edad han sido condenados a prisión o arresto domiciliario por manifestarse contra el gobierno el 11 de julio pasado en Cuba, y se enfrentan a sentencias de hasta 19 años.
La situación de los menores presos en Cuba también fue abordada por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas durante una sesión celebrada a principios de mayo en Ginebra, Suiza.
Lee también Los "niños del 11J", tema central de debate en Comité de ONU“Los niños que se encuentran en el grupo de edad de 16 a 18 años se siguen considerandos menores de edad por la Convención sobre los Derechos del Niño, y el Comité hizo mucho énfasis en este grupo de edad, porque sí son sujetos del Derecho Penal en Cuba”, dijo a Radio Martí la activista Darcy Borrero, testigo del evento.
De acuerdo a informes de la Fiscalía General de la República de Cuba, 55 menores de entre 16 y 18 años de edad han sido procesados en la isla en relación con las protestas populares del 11 de julio, acusados de desórdenes públicos, instigación a delinquir, daños, robo con fuerza y violencia, atentado, sabotaje y sedición. De ellos, el gobierno reconoce que 28 están encarcelados en régimen de prisión provisional y a 27 se les aplicó lo que denominan el “procedimiento legal establecido”.