Un panel de la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó el miércoles un proyecto de ley que reforzaría la seguridad en los aeropuertos cubanos, pero no detendría los vuelos a ese país, como se reclamó el año pasado, hasta que ese objetivo se logre.
John Katko, presidente del Subcomité para el Transporte del Comité de Seguridad Interna de la Cámara.
En la segunda mitad de 2016, mientras las aerolíneas de Estados Unidos se preparaban para reanudar el servicio aéreo comercial con Cuba después de más de 50 años, algunos representantes apoyaron un proyecto de ley del republicano por Nueva York, John Katko, ─presidente del subcomité de Seguridad en el Transporte─ para suspender los vuelos hasta que se realizara un estudio de la seguridad en los aeropuertos cubanos y se garantizara un acuerdo con el gobierno de Cuba sobre la presencia en los mismos de alguaciles federales encubiertos.
La publicación sobre asuntos del gobierno federal The Hill dice que, casi un año después de que se iniciaran los vuelos (el 31 de agosto de 2016), esos congresistas parecen haber revisado su posición.
"Este es un proyecto de ley muy diferente del que se presentó la última vez", aseguró Katko el miércoles durante una reunión del Comité de Seguridad Interna de la cámara baja. "No estamos buscando suspender los vuelos. Simplemente queremos hacerlos seguros".
El nuevo proyecto de ley de Katko (H.R. 3328) requeriría a aerolíneas estadounidenses que operan itinerarios a Cuba, y que a veces pagan a una agencia controlada por el gobierno cubano para que se encargue, con sus propios empleados, de sus operaciones en tierra, que hagan públicos esos contratos.
El promotor del proyecto lo considera un paso importante, dada la amenaza potencial de que estos trabajadores tengan acceso a información privilegiada.
"Las aerolíneas desconocen quiénes son estos trabajadores, cómo son filtrados y cuánto se les paga", dijo Katko, citado por The Hill.
Según la publicación, se espera que la medida aliente a las líneas aéreas de EE.UU. a contratar directamente a sus empleados, algo que podría tropezar con la política del gobierno cubano que obliga a las compañías extranjeras que operan en la isla a contratar su personal entre las opciones que les ofrecen agencias empleadoras gubernamentales, generalmente personas "políticamente confiables"
El borrador precisa que "en la medida de lo posible", los nacionales cubanos contratados por las aerolíneas que tienen convenios con la Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeronauticos y otras entidades del gobierno de Cuba "no deberán haber sido reclutados, contratados o entrenados por entidades que sean propiedad, o estén operadas o controladas, total o parcialmente, por el Consejo de Estado de Cuba, el Consejo de Ministros, el Partido Comunista, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio de Relaciones Exteriores o el Ministerio del Interior".
La legislación también requeriría que la Administración para la Seguridad en el Transporte (TSA) evalúe cada uno de los 10 aeropuertos internacionales de Cuba y rinda un informe al Congreso.
La evaluación incluiría: clases de equipos en los puntos de control; técnica canina; frecuencia de los entrenamientos de escaneo y seguridad, y controles de acceso a las instalaciones.
También, prácticas y procedimientos de filtración del personal; capacidad de usar a Cuba como vía de entrada a EE.UU. por parte de terroristas; y capacidad para usar misiles antiaéreos portátiles.
La Habana negó visas el año pasado a una delegación de congresistas, entre ellos Katko, que deseaban inspeccionar las terminales aéreas cubanas.
El proyecto de ley contiene amplias disposiciones sobre seguridad de la aviación, incluyendo un requisito de que el gobierno revele todos los acuerdos con socios extranjeros que impliquen a sus alguaciles aéreos federales.
The Hill informa que los demócratas aceptaron no oponerse al plan, pero instaron a Katko a continuar asegurando que este no vaya a imponer una carga indebida sobre el pueblo cubano.
"Vamos a apoyarlo. No quiero que sigamos peleándonos por Cuba", dijo Bennie Thompson, representante por Mississippi y el demócrata de mayor rango en el panel. "Aunque tengo algunas inquietudes acerca de su proyecto de ley, no voy a solicitar una votación formal".
El proyecto H.R.3328 fue aprobado por voto oral, y ahora se dirige al pleno de la Cámara de Representantes.