La canciller de Colombia María Ángela Holguín y el Defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora, viajaron hoy a la ciudad de Cúcuta, para conocer sobre el terreno la situación en la frontera con Venezuela, que está cerrada por orden del presidente socialista venezolano, Nicolás Maduro, desde el jueves pasado.
Holguín y Otálora examinarán la crisis causada por la deportación de cerca de 400 colombianos, entre ellos 42 menores de edad.
El pasado jueves los pasos entre el departamento Norte de Santander (Colombia) y el estado de Táchira (Venezuela) fueron cerrados por orden de las autoridades del vecino país tras un ataque de presuntos contrabandistas contra militares venezolanos que dejó tres uniformados y un civil heridos.
Tras el incidente, Venezuela intensificó las deportaciones y repatriaciones de colombianos, denunció el lunes el Gobierno de Bogotá, que exigió a Caracas respetar los Derechos Humanos de sus ciudadanos objeto de medidas migratorias.
Migración Colombia reveló que alrededor 3.800 colombianos han sido expulsados, deportados o repatriados desde Venezuela en el 2015. La cifra sobrepasa los 1.820 del año pasado.
Decenas de colombianos también regresaron voluntariamente, una situación que amenaza con convertirse en una crisis humanitaria, según el Gobierno de Bogotá.
"Exigimos que antes de aplicar las medias de deportación se analice en cada caso la situación familiar para garantizar la unión de padres e hijos", dijo la Cancillería colombiana.
"Colombia solicita al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que en el marco del estado de excepción anunciado, se respete la integridad y los Derechos Humanos de los colombianos que sean objeto de detenciones, deportaciones y demás acciones adelantadas por las autoridades venezolanas, de conformidad a las normas internacionales vigentes".
De acuerdo con estadísticas oficiales unos cinco millones de colombianos viven en Venezuela, país que aumentó sus controles migratorios en medio de la crisis social y política que enfrenta.
Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera terrestre de 2.219 kilómetros que facilita el paso a uno y otro lado sin mayores controles, al igual que actividades ilegales como el contrabando de alimentos y combustibles.