"Capitalismo de compinches" en traspasos de CIMEX/GAESA, economista sugiere a quiénes dejar fuera

Díaz-Canel en la gala de clausura del Festival del Habano, en la que se subastó un humidor de la marca Cohiba que llevaba su firma por 4.200.000 euros, en La Habana, Cuba, el sábado 4 de marzo de 2023. AP/Ismael Francisco

El economista cubano Pedro Monreal advirtió sobre los riesgos de corrupción y concentración de poder económico que podrían derivarse de la reciente cesión de activos estatales de CIMEX en Cuba.

El economista cubano Pedro Monreal alertó sobre el riesgo de corrupción y un nuevo poder que podría estar generando la reciente cesión de activos estatales de CIMEX en Cuba, y recomendó una serie de medidas para evitar que se consolide el poder económico de dirigentes, militares, funcionarios, comerciantes conectados a la cúpula gobernante, y testaferros del régimen que gobierna la isla desde 1959.

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En un artículo publicado el miércoles en Horizonte Cubano, Proyecto de Creación de Capacidades en Cuba en la facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, explica que la decisión de la corporación perteneciente al conglomerado militar GAESA de ceder activos empresariales públicos a actores privados puede derivar en un "capitalismo de compinches" o un capitalismo de Estado "en el que ciertos núcleos de poder político y militar conserven el control estratégico, externalicen la gestión y capturen rentas mediante redes selectas de actores privados".

"Hasta ahora, CIMEX utiliza dos vías para ceder el control operativo a actores no estatales sin transferir la propiedad, que conserva CIMEX/GAESA: el arrendamiento de locales y los contratos de producción cooperada con activos estatales", precisa el doctor en Ciencias Económicas

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A su juicio, la Ley 120/2026, que autoriza la venta y otras formas de disposición de activos estatales tiene "debilidades normativas" que agravan los riesgos asociados a la opacidad, la discrecionalidad, el favoritismo, y los controles insuficientes.

Entre ellas se refiere a que los plazos divulgados, de solo siete días hábiles, que restringen la competencia y favorecen a quienes cuentan con información o contactos privilegiados; a que las convocatorias omiten el precio mínimo o rango del arriendo, la duración máxima del contrato, la moneda de pago, el estado técnico del local y las responsabilidades de reparación e inversión; y a que quienes deciden el otorgamiento de estos negocios son "directivos o comisiones vinculadas a CIMEX, sin mecanismos definidos de control y supervisión".

Sobre esto alerta que "no parecen existir incompatibilidades que impidan a funcionarios, sus familiares o sociedades controladas beneficiarse de las licitaciones, lo que abre la puerta al favoritismo".

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El investigador llama a evitar los riesgos de corrupción restringiendo de estas alternativas de negocio a quienes están en el ejercicio del cargo o en los diez años posteriores a su cese. Aquí incluye a miembros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y de sus comités provinciales y municipales y a militantes responsables de actividades económicas. Además a los miembros del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros y a todos los ministros, viceministros y jefes de organismos, a los gobernantes provinciales y municipales, a diputados de la Asamblea Nacional y los delegados de las asambleas de ámbito provincial y municipal.

Monreal recomienda dejar fuera de competencia también a la Contraloría General de la República, junto con sus contralores provinciales y municipales, la Fiscalía Nacional, directivos del Banco Central y de la banca estatal responsables de asignar divisas o créditos, a quienes dirigen el Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales (INAEE) y a los encargados de vender, tasar o entregar activos y aprobar contratos de producción cooperada.

Además restringe a la jefatura de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Interior que esté vinculada a grupos empresariales y a los cónyuges, hijos y sociedades controladas por las personas incluidas en esta lista, independientemente de su nacionalidad o residencia.

El economista sugiere transparencia total al exigir que sean publicados la identidad del adjudicatario, el precio final del arriendo, la valoración de activos, la duración del arrendamiento y del contrato de producción cooperada, los incentivos y el plan de inversión y llama a "crear un registro público accesible de todos los arrendamientos de activos estatales y de los contratos de producción cooperada que los utilicen y a exigir la identificación de los beneficiarios finales en los contratos, hasta llegar a la persona natural que ejerza el control último de la parte no estatal en arrendamientos y contratos".

"Se trata de activos de “todo el pueblo”, custodiados formalmente por CIMEX, una de las mayores corporaciones del país y que es parte de GAESA, el mayor holding económico de Cuba, exento de fiscalización por la Contraloría General. En estos procesos, los actores privados podrían capturar el valor económico de los activos estatales mediante su gestión, sin adquirir la propiedad formal. El problema no es la transición hacia una economía con mayor participación privada, sino que podría apoyarse, al menos en parte, en el expolio de bienes públicos. No es inevitable porque las normas pueden corregirse si existe “voluntad política”, concluye Monreal.

La semana pasada en entrevista con Martí Noticias, el consultor estratégico de mipymes Ángel Marcelo Rodríguez Pita, se refirió a estas iniciativas como una reorganización gradual de los activos de GAESA que beneficia a personas que actúan como intermediarias de los intereses del poder.

Sin identificar beneficiarios concretos de estas licitaciones, aseguró que las medidas contribuyen a concentrar la riqueza en un grupo reducido. “¿Quién se beneficia? Se benefician los testaferros”, dijo.