La noche del pasado 31 de julio, la intercepción de las calles Juan Bruno Zayas y Estrada Palma, en el barrio de Santos Suárez, del municipio habanero Diez de Octubre, fue escenario de un hecho que refleja una alarmante realidad social: Un grupo de vecinos capturó a medianoche a un niño de apenas 12 años cuando intentaba perpetrar un asalto a mano armada junto a otros dos adolescentes, quienes lograron darse a la fuga.
Tras el aviso a la policía, fue detenido y trasladado a la Estación de la PNR (Policía Nacional Revolucionaria) ubicada en Acosta, en el mismo municipio.
El suceso, relatado a Martí Noticias por Yanaisy Curbelo, evidencia el vertiginoso avance de la delincuencia e inseguridad infantil y juvenil en la capital, un fenómeno que contrasta con la postura oficial del régimen cubano, que insiste en minimizar la existencia de pandillas organizadas catalogándolas como eventos esporádicos de "conductas individuales desadaptadas".
“El aumento de la violencia en Cuba es innegable. En cualquier país donde se produzca una crisis económica de la magnitud de la nuestra se eleva el índice de peligrosidad delictiva", indicó la socióloga cubana, recientemente exiliada en Houston, Teresa Díaz.
Aunque las intervenciones policiales se limitan a operativos punitivos y arrestos puntuales tras las reyertas entre pandillas, la cotidianeidad en las calles revela un panorama mucho más complejo.
Curbelo, una residente de Santos Suárez denunció que la zona se ha convertido en punto de encuentro y conflicto para bandas procedentes de diversos repartos como Luyanó, Mantilla y La Víbora. La preocupación no solo radica en los robos.
Los enfrentamientos entre estas agrupaciones, integradas, fundamentalmente, por adolescentes de entre 13 y 16 años, suelen saldarse con violentos combates a machetazos y cuchillazos a plena luz del día.
"Esto de las pandillas juveniles es un fenómeno que ahora es muy evidente, pero que ya venía conformándose hace algunos años, por ejemplo, la gran pelea que se produjo en lo que se denomina la Finca de los Monos hace un tiempo", señaló Díaz.
Ocurrido en junio de 2024 en la Finca de los Monos, en el municipio Cerro de La Habana, constituyó uno de los episodios de violencia juvenil de más repercusión pública en la capital cubana y avivó el debate sobre la creciente violencia urbana, la proliferación de pandillas juveniles y la falta de opciones de recreación seguras para la juventud en Cuba, además de poner en sobre el tapete fallas en la cobertura y prevención policial en eventos masivos.
Estas bandas a veces actúan por puro vandalismo: "son niños de 14 y 15 años que no te quitan nada, pero que le caen a piedra a las casas, a las personas", enfatizó Curbelo.
"No hace mucho, aquí en Diez de Octubre, había un señor como de 60 años sentado rellenando fosforeras y esos muchachos le cayeron a piedra. Lo están haciendo por mal, por diversión. Tienen al diablo metido en el cuerpo estos muchachos", lamentó.
El apresamiento ciudadano del menor de 12 años no solo pone de relieve la falta de efectividad en la prevención del delito, sino también el cansancio de los vecinos, que terminan asumiendo roles de vigilancia ante el incremento de la violencia urbana.
"A ello hay que añadir la drogadicción. Yo misma fui testigo del miedo que despertaba en la población de El Vedado, la multitud de jóvenes drogados que salían cada fin de semana de una discoteca y ya en las calles sacaban cuchillos, palos, machetes", subrayó Díaz.
"Otra causa de esta desgracia social es la falta de una educación donde se promueva una cultura de paz. También esto es debido a las familias desestructuradas. Es un gran problema que habrá que atender cuando en Cuba cambie el sistema que hoy predomina", detalló la especialista.
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Avanza sin pausa la violencia juvenil en Cuba
Las reacciones en redes sociales reflejan una profunda inquietud ante la participación de menores en actos violentos y asaltos armados. La mayoría de los usuarios señala a los padres como los principales responsables por la falta de educación, valores y supervisión.
Paralelamente, predomina un reclamo masivo de "mano dura" y la exigencia de que no se les de trato preferencial ni "pase la mano" por ser menores, sugiriendo medidas drásticas como penas de cárcel y la intervención de los padres ante la ley.
Mientras el Estado mantiene su silencio respecto a las estructuras delictivas juveniles, la ciudadanía convive a diario con el temor a una delincuencia cada vez más joven, violenta e incontrolable.