El gobierno español reacciona indignado y dice que, con la expropiación de la petrolera, Argentina se ha dado “un tiro en el pie”.
La decisión del gobierno de Argentina de expropiar el 51 por ciento de la firma petrolera YPF, una filial de la española Repsol, ha desatado una ola de protestas y puesto a la presidenta argentina, Cristina Fernández, en el ojo de una tormenta internacional.
En Madrid, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, dijo que Argentina "se ha dado un tiro en el pie" con su decisión de expropiarle YPF a Repsol y quebró la confianza que durante años tuvo de parte de España y de la comunidad internacional.
El presidente de la firma, el español Antonio Brufau, acusó al gobierno en Buenos Aires de manipular a la opinión pública y de haber expropiado la empresa para "tapar la crisis social y económica que está enfrentando" Argentina.
"El país tiene una crisis, con niveles de inflación superiores a los que declara; de transporte; y crisis cambiara arbitraria que ha llevado a que la economía argentina no sea competitiva a los tipos actuales", dijo el alto directivo.
Según el ministro de Justicia español, Alberto Ruiz-Gallardón, la decisión ha sido "un
error político extraordinario" de Argentina y aseguró que habrá una respuesta contundente "a través de organismos internacionales" y en las propias relaciones bilaterales Madrid-Buenos Aires.
Por lo pronto, el canciller García-Margallo convocó al embajador de Argentina en Madrid, Carlos Bettini, para patentizar la protesta del gobierno español, y la Comisión Europea (CE) suspendió una reunión del comité conjunto con Argentina que iba a celebrarse el 19 y 20 de abril en Buenos Aires.
La CE considera “ilegal” la expropiación si no conlleva una compensación adecuada, que ya la propia Repsol ha situado en al menos $10.500 millones de dólares, de los $18.300 millones de dólares que estima de valor a la compañía.
Entre las voces que salieron en defensa de Repsol está también la de Francia, que reclamó "diálogo" y que se "respete el derecho" por parte del gobierno argentino.
En virtud de los acuerdos bilaterales suscritos entre España y Argentina, Repsol podría acudir a tribunales en Naciones Unidas y el Banco Mundial, una vez que el Congreso argentino apruebe la ley de expropiación decidida por la presidenta Fernández.
En Madrid, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, dijo que Argentina "se ha dado un tiro en el pie" con su decisión de expropiarle YPF a Repsol y quebró la confianza que durante años tuvo de parte de España y de la comunidad internacional.
El presidente de la firma, el español Antonio Brufau, acusó al gobierno en Buenos Aires de manipular a la opinión pública y de haber expropiado la empresa para "tapar la crisis social y económica que está enfrentando" Argentina.
"El país tiene una crisis, con niveles de inflación superiores a los que declara; de transporte; y crisis cambiara arbitraria que ha llevado a que la economía argentina no sea competitiva a los tipos actuales", dijo el alto directivo.
Según el ministro de Justicia español, Alberto Ruiz-Gallardón, la decisión ha sido "un
error político extraordinario" de Argentina y aseguró que habrá una respuesta contundente "a través de organismos internacionales" y en las propias relaciones bilaterales Madrid-Buenos Aires.
Por lo pronto, el canciller García-Margallo convocó al embajador de Argentina en Madrid, Carlos Bettini, para patentizar la protesta del gobierno español, y la Comisión Europea (CE) suspendió una reunión del comité conjunto con Argentina que iba a celebrarse el 19 y 20 de abril en Buenos Aires.
La CE considera “ilegal” la expropiación si no conlleva una compensación adecuada, que ya la propia Repsol ha situado en al menos $10.500 millones de dólares, de los $18.300 millones de dólares que estima de valor a la compañía.
Entre las voces que salieron en defensa de Repsol está también la de Francia, que reclamó "diálogo" y que se "respete el derecho" por parte del gobierno argentino.
En virtud de los acuerdos bilaterales suscritos entre España y Argentina, Repsol podría acudir a tribunales en Naciones Unidas y el Banco Mundial, una vez que el Congreso argentino apruebe la ley de expropiación decidida por la presidenta Fernández.