Sumario
- El régimen cubano presentó 176 transformaciones económicas y sociales como una profunda reestructuración.
- Pese a incorporar mecanismos asociados a economías de mercado, Díaz-Canel afirmó que el Estado seguirá mandando y que “el mercado es una herramienta, no un amo”.
- El economista Elías Amor advierte que varias medidas podrían chocar con vacíos o límites del marco jurídico cubano, lo que generaría inseguridad jurídica para inversionistas y dudas sobre la viabilidad real de la apertura.
El régimen cubano presenta sus 176 transformaciones económicas y sociales como una profunda reestructuración de la economía. El paquete, aprobado en junio por la Asamblea Nacional, está organizado en 23 ejes e incluye cambios relacionados con la empresa estatal, las formas de gestión no estatal, el sistema financiero, la inversión extranjera, el comercio exterior y la política tributaria.
Las medidas incorporan mecanismos habitualmente asociados a economías de mercado, entre ellos una mayor participación del sector privado, instituciones financieras no estatales y nuevas posibilidades para la inversión extranjera.
Pero el propio Miguel Díaz-Canel ha marcado públicamente los límites políticos y económicos de esa apertura.
“¿Y eso es capitalismo? No. Primero, el Estado es quien manda. Aquí no nos va a mandar el capital”, afirmó el gobernante cubano, quien agrego: “El mercado es una herramienta, no un amo como en el capitalismo. El mercado lo que nos va a dar es señales que vamos a tener en cuenta en la planificación”.
La afirmación coincide con los límites establecidos por la Constitución cubana de 2019. Su artículo 18 define el sistema económico como socialista y establece una dirección planificada que “regula y controla el mercado”. El artículo 19 va más allá: determina que el Estado dirige, regula y controla la actividad económica y define la planificación socialista como el “componente central” del sistema de dirección económica y social.
Es decir, las transformaciones introducen una mayor presencia de mecanismos de mercado, pero no modifican, por sí mismas, el principio constitucional que coloca esos mecanismos bajo la dirección de la planificación estatal.
Las dudas sobre el marco jurídico
El economista cubano Elías Amor considera que precisamente ahí aparece uno de los principales obstáculos para la implementación de algunas de las transformaciones.
“Las transformaciones que ha aprobado el régimen y que están implementando van a tener muchas dificultades, porque muchas de ellas van a tropezar con el articulado de la Constitución o con las faltas que existen en la Constitución cubana”, afirmó Amor en entrevista con Martí Noticias.
El economista señaló particularmente las dificultades que, a su juicio, pueden enfrentar determinados mecanismos de inversión empresarial dentro del marco jurídico existente.
“Por ejemplo, en la Constitución cubana no existe lo que llamamos acción de una empresa. Acción de una empresa es un título que acredita al propietario una parte del capital de la empresa, y por tanto, quien vaya a invertir en una empresa tiene que ser consciente de que va a invertir con algo que no es una acción y eso crea una inseguridad jurídica muy grande”, explicó.
El debate adquiere relevancia porque entre las transformaciones anunciadas aparecen precisamente fórmulas para ampliar la participación del capital privado y extranjero y diversificar las formas de gestión y financiamiento de la economía.
El paquete presentado en junio contempla además instituciones financieras privadas y una mayor apertura de las empresas a distintas formas de participación económica.
Mercado y planificación: dos modelos diferentes
Para comprender el alcance del debate es necesario distinguir entre incorporar mecanismos de mercado y convertir al mercado en el principal mecanismo de asignación de recursos.
En términos generales, una economía de mercado utiliza precios, oferta, demanda, competencia y decisiones descentralizadas de consumidores y empresas para orientar una parte sustancial de la producción y la distribución. Las economías socialistas de planificación central, en cambio, conceden al Estado un papel predominante en la determinación de prioridades económicas y en la asignación de recursos.
En la práctica existen numerosos modelos mixtos y diferentes grados de intervención estatal y libertad de mercado. En el caso cubano, sin embargo, la Constitución define expresamente la planificación socialista como el componente central del sistema económico y reconoce al mercado como un elemento que debe ser regulado y controlado por el Estado.
Amor sostiene que esa diferencia es fundamental para analizar las transformaciones anunciadas.
“De alguna manera, la diferencia fundamental está en que en el capitalismo la economía de mercado es un sistema espontáneo, ágil y eficiente para satisfacer las necesidades de las personas, y el socialismo es un sistema ideológico que impone determinado tipo de decisiones a las personas, a las empresas, básicamente porque hay que cumplir las que están establecidas en un plan”, afirmó.
¿Apertura económica sin abandonar el socialismo?
El propio diseño constitucional cubano permite la existencia del mercado y de formas de propiedad privada, pero dentro de un sistema definido explícitamente como socialista. De hecho, la Constitución de 2019 incorporó el reconocimiento del mercado y de la propiedad privada que no aparecían de la misma manera en el texto constitucional anterior.
Por eso, el debate no está únicamente en determinar si las 176 transformaciones utilizan instrumentos asociados al mercado, sino en establecer qué autonomía tendrán esos mecanismos frente al poder de decisión del Estado.
Las declaraciones de Díaz-Canel despejan al menos una parte de esa interrogante: para el régimen cubano, la introducción de mecanismos de mercado no supone entregar al mercado la conducción de la economía. Canel lo resumió en una frase: “Aquí no nos va a mandar el capital”.
Para Amor, esa estructura también tiene consecuencias a la hora de evaluar una eventual inversión en la isla. El economista sostiene que actualmente invertir en Cuba carece de suficientes garantías desde diferentes perspectivas.
“No la tiene desde el punto de vista de rentabilidad, no la tiene desde el punto de vista de la seguridad jurídica, no la tiene desde el punto de vista de la elección de oportunidades y no la tiene desde el punto de vista administrativo”, afirmó.
Tres meses después de su aprobación, las 176 transformaciones colocan así sobre la mesa una pregunta que va más allá del número de medidas implementadas: ¿hasta dónde puede llegar la apertura económica cubana si el mercado continúa subordinado, por mandato constitucional y por decisión política, a la planificación del Estado?