Amnistía Internacional denunció la escalada de represión que vive Cuba en la presentación de un informe a la 44 Sesión del Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal (EPU), al cual será sometido el régimen de la isla el 5 de noviembre de 2023 en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra.
El EPU es obligatorio para los países miembros de la ONU y tiene el fin de evaluar la situación de los derechos humanos en el país.
El documento de Amnistía evalúa la implementación de las recomendaciones hechas a Cuba en el anterior EPU, principalmente en lo que concierne a las libertades de expresión y reunión.
Lee también CUBA: REPRESIÓN ESCALADA (en inglés)Por ejemplo, Amnistía advierte que desde el EPU de mayo del 2018 hasta el presente, Cuba "ha fortalecido su sofisticada maquinaria de control sobre las libertades de Expresión y Reunión a un nivel no visto en casi dos décadas".
También lamenta que sigue habiendo malos tratos en las prisiones de Cuba, aunque el régimen aceptó en 2018 "garantizar que los presos sean tratados con dignidad y humanidad".
Otro problema que cita Amnistía es que muchas de las recomendaciones que no contaron con el apoyo de Cuba se relacionaron, en términos generales, con fomentar un mayor respeto por el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica.
Amnistía también aborda en su informe al Grupo de Trabajo el marco legal de los derechos humanos en Cuba, teniendo en cuenta el nuevo Código Penal y la política del régimen de no ratificar convenios claves de la ONU sobre derechos humanos.
Las recomendaciones que plantea Amnistía incluyen pedir a Cuba que autorice la presencia de equipos internacionales para observar los juicios a los activistas de derechos humanos, pedir la ratificación del Convenio de la ONU contra la Tortura y cesar su política de interrumpir el acceso de internet a los disidentes.
De implementarse, las recomendaciones "contribuirían a mejorar la situación de los derechos humanos" en Cuba, subrayó la organización.
Con respecto a la situación de los derechos humanos sobre el terreno, Amnistía expresa su preocupación "por el encarcelamiento masivo en curso de personas tras las protestas de julio de 2021, la situación de los presos de conciencia y las restricciones de Internet".
Las recomendaciones de Amnistía Internacional:
La organización insta al gobierno de Cuba a:
- Ratificar, sin demora, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
- Otorgar acceso de inmediato a organizaciones independientes de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, para monitorear y observar los juicios de los defensores de los derechos humanos y los detenidos durante las protestas.
- Extender invitaciones a los Relatores Especiales de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y sobre los defensores de los derechos humanos y facilitar sus visitas para fines de 2024.
- Inicie de inmediato un diálogo genuino con los defensores de los derechos humanos, los periodistas independientes y otros actores, incluidos aquellos que critican a las autoridades.
- Liberar de forma inmediata e incondicional a todas las personas detenidas por el ejercicio de su libertad de expresión y reunión pacífica.
- Modificar disposiciones del nuevo Código Penal que históricamente han sido utilizadas para criminalizar a defensores de derechos humanos, periodistas independientes, activistas, artistas u otras personas críticas con las autoridades, tales como "desacato", "desorden público" y "resistencia", y que ahora conllevan penas mínimas más severas.
- Modificar o derogar disposiciones del nuevo Código Penal que limiten aún más la libertad de expresión, como el artículo 143, que prohíbe la recepción de fondos que se consideren para "financiar actividades contra el Estado cubano y su orden constitucional", y el artículo 120.1 que permite reprimir a quien “ponga en peligro el orden constitucional y el normal funcionamiento del Estado y del gobierno cubano” con prisión de cuatro a 10 años.
- Dejar de someter a activistas de derechos humanos y periodistas independientes a vigilancia y detenciones arbitrarias, incluido el arresto domiciliario de facto.
- Liberar de forma inmediata e incondicional a todas las personas que hayan sido encarceladas únicamente por el ejercicio pacífico de sus derechos a la libertad de expresión, asociación o reunión pacífica.
- Desistir de utilizar interrupciones de Internet que son incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos para reprimir la libertad de expresión y reunión.
- Asegurar que se cumplan los derechos económicos, sociales y culturales de la población, y atender su necesidad de mayor acceso a alimentos y medicinas.