Sumario
- Al menos 118 adolescentes fueron imputados en Venezuela por delitos contemplados en la Ley contra el Odio entre 2024 y 2025.
- La organización Cecodap denuncia detenciones arbitrarias, incomunicación, amenazas y violaciones de garantías judiciales durante la represión posterior a las elecciones presidenciales de 2024.
La revisión de teléfonos celulares, publicaciones en redes sociales y mensajes difundidos a través de los estados de WhatsApp estuvieron entre las circunstancias que dieron lugar a detenciones y procesos judiciales contra adolescentes en Venezuela, según denunció la organización defensora de los derechos de la infancia Cecodap.
En entrevista con Martí Noticias, el coordinador general de la organización, Carlos Trapani, explicó que al menos 118 adolescentes fueron imputados por delitos previstos en la Ley contra el Odio entre 2024 y 2025, principalmente en el contexto de la crisis política y la represión desencadenada después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
“Por publicaciones en redes sociales y, sobre todo, donde hubo delación de miembros de la comunidad o funcionarios policiales que revisaron teléfonos y en función a eso hubo detenciones, hubo presentación en los tribunales. Fue el caso más recurrente”, afirmó Trapani.
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Denuncian violaciones de derechos de adolescentes imputados por ley contra el odio en Venezuela
El defensor de derechos humanos señaló que los procedimientos estuvieron acompañados de violaciones de las garantías judiciales especiales que deben proteger a los menores de edad.
Entre las irregularidades identificadas mencionó detenciones arbitrarias, incomunicación, falta de notificación inmediata a los familiares y restricciones al ejercicio de la defensa privada.
“El patrón fue muy característico: la incomunicación, la detención arbitraria, la falta de información inmediata a los padres, las limitaciones de la defensa privada y, sobre todo, mantenerlos en un juicio con medidas cautelares por no haber ningún elemento de culpabilidad”, explicó.
Trapani precisó que algunos adolescentes permanecieron inicialmente recluidos en instalaciones policiales y militares antes de ser trasladados, en su mayoría, a entidades de atención contempladas en la legislación venezolana para menores de edad.
Sin embargo, las denuncias de Cecodap también incluyen episodios de violencia física y psicológica, intimidación y amenazas de agresión sexual.
“Violencia física, sobre violencia psicológica, amenaza e intimidación, amenaza de violencia sexual por parte de un agente [...] O sea, esos hechos tienen que ser investigados”, sostuvo el coordinador general de Cecodap.
La organización considera necesario investigar estas denuncias y determinar las responsabilidades de los funcionarios involucrados, además de garantizar la protección integral de los adolescentes afectados.
Reforma de la Ley contra el Odio bajo cuestionamiento
Las revelaciones se producen mientras la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo impulsa una reforma de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada en 2017 por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente.
La iniciativa surgió después de que Delcy Rodríguez reconociera que la legislación había sido aplicada de manera abusiva. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado que una reforma parcial sea suficiente para eliminar los mecanismos que, según denuncian, han permitido criminalizar la expresión de opiniones y la disidencia política.
Trapani advirtió que cualquier modificación legislativa debe estar acompañada de cambios estructurales en el sistema de justicia.
Para Cecodap, la protección de los adolescentes no puede limitarse a la despenalización de determinadas conductas, sino que requiere instituciones independientes, funcionarios idóneos y garantías efectivas del debido proceso.
Derechos humanos y transición democrática
Estados Unidos ha mantenido entre sus preocupaciones la situación de los derechos humanos en Venezuela, incluidas las restricciones a la libertad de expresión y la utilización del sistema judicial contra voces disidentes.
El Departamento de Estado ha documentado en sus informes sobre derechos humanos mecanismos de persecución y restricciones a las libertades fundamentales en el país.
Washington también ha expresado su respaldo a una salida de la crisis venezolana que permita avanzar hacia la recuperación de las instituciones democráticas, el respeto al Estado de derecho y la protección de los derechos fundamentales.