Al cumplirse el primer aniversario de la ejecución extrajudicial del periodista saudí Jamal Khashoggi, lejos de aminorar, la lucha de los ciudadanos saudíes por el derecho a expresarse libremente ha experimentado un fortalecimiento, pese a que la represión ha aumentado en los últimos 12 meses y, a pesar de la falta de voluntad demostrada por el poder de hacer que los responsables rindan cuentas de sus actos.
Lee también Quiñones junto a Khashoggi en lista de 10 injusticias más graves contra la prensaEntre al menos 30 prisioneros de conciencia documentados por Amnistía Internacional, cumpliendo condenas que oscilan entre los 5 y los 30 años sólo por ejercer su derecho a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, se encuentran Mohammad al Qahtani, miembro fundador de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, quien brindara apoyo jurídico a familiares de personas detenidas y Waleed Abu Al Khair, abogado que prestaba sus servicios legales a defensores de los derechos humanos. Ambos fueron juzgados por un tribunal antiterrorista que los condenó a 10 y 15 de cárcel respectivamente.
El pasado 29 de septiembre, Mohamed bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudí, en un documental emitido por los medios de comunicación, dijo asumir la responsabilidad por el asesinato de Jamal Khashoggi “porque ésta ocurrió bajo mi vigilancia”, a lo cual, Lynn Maalouf, directora de investigación de Amnistía Internacional para Oriente Medio, respondió:
Mohamed bin Salman’s taking responsibility for Jamal Khashoggi’s killing will just be yet another failed PR stunt if it is not met with meaningful, concrete & immediate action. https://t.co/JKs2Ko2VlD
— Amnesty International (@amnesty) October 2, 2019
“El hecho de que Mohamed bin Salman asuma la responsabilidad del asesinato de Jamal Khashoggi no será más que otra maniobra fallida de relaciones públicas a menos que venga acompañado por acciones significativas, concretas e inmediatas. Estas acciones deben incluir el final inmediato de la represión y la liberación de todos los defensores y defensoras de los derechos humanos, por un lado, y el acceso inmediato y sin restricciones de observadores independientes de los derechos humanos al país, para que –entre otras cosas- observen e informen públicamente respecto al juicio que está teniendo lugar sobre el caso del asesinato de Jamal Khashoggi”.
Según indican algunos informes, Khashoggi fue estrangulado poco después de entrar en el consulado saudí de Turquía en lo que fue considerado por la relatora especial de la ONU, Agnes Callamard, una “ejecución extrajudicial”. Hasta hoy, no existe información de dónde puedan encontrarse los restos mortales del periodista.