Sumario
- Los representantes se reunirán el jueves con familiares de las víctimas y líderes del exilio cubanoamericano en el Museo de la Brigada de Asalto 2506. El acto busca “honrar la memoria” de Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales, y presionar por acciones judiciales contra el exministro de Defensa cubano.
Los conngresistas cubanoamericanos del sur de Florida, Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos A. Giménez, conmemorarán esta semana el 30 aniversario del derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate en 1996 y renovarán su llamado para que Estados Unidos procese formalmente a Raúl Castro por su responsabilidad en el hecho.
Los representantes se reunirán el jueves con familiares de las víctimas y líderes del exilio cubanoamericano en el Museo de la Brigada de Asalto 2506. El acto busca “honrar la memoria” de Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales, y presionar por acciones judiciales contra el exministro de Defensa cubano.
La semana pasada, los tres congresistas, junto con la representante Nicole Malliotakis, enviaron una carta al presidente Donald Trump en la que solicitaron al Departamento de Justicia considerar cargos contra Raúl Castro.
En la misiva, los legisladores afirman que el derribo fue “el asesinato a sangre fría de tres ciudadanos estadounidenses y un residente permanente” y piden evaluar la emisión de “notificaciones rojas de Interpol” en su contra.
Asimismo, aclaran que existen evidencias públicas que vinculan a Castro con la cadena de mando que ordenó el ataque. Los firmantes citan una grabación en la que se escucha a Castro decir: “Les dije [a los pilotos cubanos de MiG] que intentaran derribarlos sobre territorio cubano” y “que los tiren al mar cuando reaparezcan”. También mencionan declaraciones atribuidas a Fidel Castro en 1996 que situaban a su hermano dentro de la decisión operativa.
Las avionetas Cessna desarmadas fueron derribadas por cazas MiG en aguas internacionales. La Organización de Aviación Civil Internacional concluyó que la acción fue ilegal. Los congresistas sostienen que llevar a los responsables ante la justicia es clave para “restaurar la seguridad, la libertad y la justicia” en la política hacia Cuba.