Un disparo al aire y el grito: “¡Esto se jodió, nos vamos p’al Yuma!” fue la puerta que condujo a la muerte a tres jóvenes cubanos hace dieciocho años. Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leudan Sevilla García y Jorge Luis Martínez Isaac, tras un juicio sumarísimo y sin garantías procesales fueron fusilados por órdenes directas de Fidel Castro.
Era el 11 de abril de 2003. Pocos días antes, 75 opositores habían sido condenados a altas penas de prisión: desde 13 a 27 años. Fidel Castro había decidido escarmentar a los que clamaban por libertad en la Primavera Negra.
Lee también La Primavera Negra, entre fusilados y lacayosFue en ese contexto que Copello Castillo, Sevilla García y Martínez Isaac, junto a ocho jóvenes más, trataron, infructuosamente, el 2 de abril, de llevarse la lancha Baraguá que transportaba pasajeros entre el pueblo de Regla y La Habana Vieja.
La embarcación quedó sin combustible tras un corto recorrido y las autoridades cubanas detuvieron a 11 personas a las que impusieron severos castigos: desde la pena de muerte y cadenas perpetuas hasta dos años de cárcel.
La suerte de aquellos jóvenes fue decidida en juicios sumarísimos, sin garantías procesales, celebrados entre el 3 y el 8 del mismo mes. Tres días después de emitidos los veredictos tres de ellos fueron ejecutados. O sea, fueron fusilados nueve días después de secuestrar una lancha sin haber causado muertes o lesiones.
Lee también Cuando los intelectuales apoyaron "el terror del castrismo": A 17 años del “Mensaje desde La Habana..."La prensa oficial se limitó a reportar que el tribunal había considerado “probados los hechos, que constituían graves delitos (…) previstos en la Ley 93 contra Actos de Terrorismo, del 24 de diciembre del 2001".
Por esa fecha, en declaraciones a la prensa extranjera, Ramona Copello, madre de Copello Castillo, aseguró: “Un coronel me dijo el jueves que había que esperar que los papeles bajaran del Consejo de Estado, pero al día siguiente, el viernes, amanecieron muertos”.
Por el intento de secuestro fueron sentenciados a cadena perpetua Yoanny Thomas González, Ramón Henry Grillo, Maykel Delgado Aramburo y Harold Alcalá Aramburo; treinta años para Wilmer Ledea Pérez; cinco para Ana Rosa Ledea Ríos; tres a Yolanda Pando Rizo y 2 a Dania Rojas Góngora.
El 19 de abril, un grupo de artistas y escritores cubanos firmaron una carta respaldando estas acciones del gobierno cubano.
La carta divulgada como “Mensaje desde La Habana para amigos que están lejos” respondía a otro documento suscrito por decenas de intelectuales del mundo entero, incluyendo tradicionales amigos de la Revolución, en el que condenaban la represión por delitos de opinión en Cuba y ponían en entredicho la legalidad y la “justicia revolucionaria”.
Uno de esos intelectuales del mundo era José Saramago, premio Nobel de Literatura. Declaró en el diario El País: "Cuba no ha ganado ninguna heroica batalla fusilando a esos tres hombres, pero sí ha perdido mi confianza, ha dañado mis esperanzas, ha defraudado mis ilusiones. Hasta aquí he llegado".
El 21 de octubre de 2006, luego de años de análisis y deliberaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que el Estado cubano violó los derechos establecidos en la Declaración Americana de proporcionar un juicio justo y con las debidas garantías procesales a los implicados en el proceso y recomendó a las autoridades de La Habana:
1. Adoptar las medidas necesarias para adecuar las leyes, procedimientos y prácticas a las normas internacionales sobre derechos humanos. En particular, la Comisión recomienda al Estado de Cuba reformar la legislación penal con el objeto de asegurar el derecho de justicia y el derecho de proceso regular, así como iniciar un proceso de reforma a su Constitución Política con miras a asegurar la independencia del Poder Judicial.
2. Reparar a los familiares de las víctimas por el daño material e inmaterial sufrido en virtud de las violaciones a la Declaración Americana aquí establecidas.
3. Adoptar las medidas necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a cometerse, de conformidad con el deber del Estado de respetar y garantizar los derechos humanos.
El régimen argumentó en su respuesta que la CIDH “no tiene competencia, ni la Organización de los Estados Americanos autoridad moral para analizar este, ni ningún otro tema sobre Cuba”.