Sumario
- Este sistema de control, explicaron, combina monitoreo tecnológico, coerción institucional y presión social, generando un efecto disuasorio extremo sobre la participación cívica y el ejercicio de derechos fundamentales de los ciudadanos cubanos, tanto dentro como fuera del país.
"La vigilancia digital en Cuba no es un fenómeno aislado, sino una política estructural de control estatal que se ha intensificado con la expansión del acceso a Internet y las tecnologías de la información", recoge el más reciente informe de la organización independiente Prisoners Defenders,
Este sistema de control, explicaron, combina monitoreo tecnológico, coerción institucional y presión social, generando un efecto disuasorio extremo sobre la participación cívica y el ejercicio de derechos fundamentales de los ciudadanos cubanos, tanto dentro como fuera del país.
El texto, el primero de su tipo realizado por la ONG, se basa en el análisis de 200 declaraciones recogidas entre el 28 de noviembre de 2025 y el 5 de enero de 2026 mediante un formulario estructurado.
Según los datos, el 98,5 por ciento de los declarantes, es decir, 197 de 200 personas, han sido sancionadas penal o administrativamente, citadas, amenazadas, detenidas o sometidas a represalias, ya sea de manera directa o a través de sus familiares, como consecuencia de sus publicaciones y comunicaciones digitales, incluidos mensajes privados.
Prisoners Defenders documenta que la vigilancia digital se ejerce de forma sistemática y con una cobertura amplia. El 88 por ciento de los participantes afirmó que las autoridades cubanas mencionaron o reprocharon sus publicaciones o mensajes digitales durante interrogatorios, citaciones u otros actos represivos.
Uno de los hallazgos más preocupantes señalados por la organización es que la vigilancia no se limita a contenidos públicos. Un 46,5 por ciento de los declarantes aseguró que sus comunicaciones privadas fueron intervenidas y utilizadas por las autoridades sin su conocimiento ni tutela judicial.
El informe de Prisoners Defenders recoge además indicios graves de acceso no autorizado a cuentas y dispositivos móviles. En varios casos, denunció la organización, agentes de seguridad llegaron a sustraer el saldo de telefonía móvil de personas detenidas, citadas o interrogadas.
El 88 por ciento de los declarantes aseguró que sus familiares o allegados sufrieron represalias como consecuencia de sus comunicaciones o publicaciones. Solo 24 de las 200 personas encuestadas indicaron que sus familiares no fueron objeto de hostigamiento.
Prisoners Defenders informó que el informe completo y todas sus conclusiones ya han sido remitidos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que espera pronunciamientos oficiales en los próximos meses.