La inversora canadiense Kinross, involucrada en el proyecto minero Fruta del Norte en Ecuador, anunció su retiro del país, por desacuerdos con el Gobierno en los términos legales y comerciales del contrato de explotación.
Kinross anunció su pérdida de interés en el proyecto, mientras en la Asamblea Nacional (Parlamento) se esperaba para iniciar el segundo debate de las reformas a la controvertida Ley de Minería que el legislativo pretende aprobar.
En dos años, la empresa canadiense y el gobierno de Ecuador no lograron conciliar sus posiciones, sobre todo en el nuevo porcentaje de ganancias fijado por el Gobierno (70%) contra el 30% de los inversionistas. Kinross manifestó su desacuerdo con el Impuesto a los Ingresos Extraordinarios que impuso el Ejecutivo para la actividad minera en el país, por lo que junto a otras empresas mineras expresaron que dicho impuesto hacía inviable el negocio.
Cuando parecía que ambas partes habían llegado a un acuerdo, e inclusive el Gobierno decidió reformar la Ley de Minería para cobrar el impuesto después de que las mineras recuperaran sus inversiones, Kinross consideró insuficiente ese ajuste, pues no tenía en cuenta que cuando suben los precios en el mercado mundial también aumentan los costos. La empresa exigía que al calcular los ingresos extraordinarios se observara el respectivo descuento de costos. Pero el Gobierno no aceptó y manifestó que si no estaban de acuerdo tendrían que abandonar el país.
El permiso de operación de Kinross vencía el próximo 1 de agosto, pero la compañía canadiense informó, desde Toronto, Canadá, que “ha decidido no continuar con el desarrollo del proyecto Fruta del Norte en Ecuador”.
Kinross anunció su pérdida de interés en el proyecto, mientras en la Asamblea Nacional (Parlamento) se esperaba para iniciar el segundo debate de las reformas a la controvertida Ley de Minería que el legislativo pretende aprobar.
En dos años, la empresa canadiense y el gobierno de Ecuador no lograron conciliar sus posiciones, sobre todo en el nuevo porcentaje de ganancias fijado por el Gobierno (70%) contra el 30% de los inversionistas. Kinross manifestó su desacuerdo con el Impuesto a los Ingresos Extraordinarios que impuso el Ejecutivo para la actividad minera en el país, por lo que junto a otras empresas mineras expresaron que dicho impuesto hacía inviable el negocio.
Cuando parecía que ambas partes habían llegado a un acuerdo, e inclusive el Gobierno decidió reformar la Ley de Minería para cobrar el impuesto después de que las mineras recuperaran sus inversiones, Kinross consideró insuficiente ese ajuste, pues no tenía en cuenta que cuando suben los precios en el mercado mundial también aumentan los costos. La empresa exigía que al calcular los ingresos extraordinarios se observara el respectivo descuento de costos. Pero el Gobierno no aceptó y manifestó que si no estaban de acuerdo tendrían que abandonar el país.
El permiso de operación de Kinross vencía el próximo 1 de agosto, pero la compañía canadiense informó, desde Toronto, Canadá, que “ha decidido no continuar con el desarrollo del proyecto Fruta del Norte en Ecuador”.