La Habana hace caso omiso a los fallos de cortes estadounidenses e internacionales que la han sentado en el banquillo de los acusados
El número de personas que ha decidido demandar al Gobierno de Cuba en cortes internacionales va en aumento. El caso más reciente es el del empresario chileno Max Marambio quien lograra esta semana que el Tribunal Arbitral de París fallara a su favor y determinara la disolución de la empresa Río Zaza cuya propiedad compartía con el gobierno cubano.
La Corte Internacional de Arbitraje de París ordenó la disolución y posterior liquidación de los bienes de la empresa y solicitó a la isla que pague a Marambio una indemnización de 143 millones de pesos por lucro cesante y 10 millones por daño moral. El tribunal falló que la disolución y la venta de activos se realice en un período de 60 días.
En 2009, el magistrado Peter Adrien concedió una indemnización por más de 1.000 millones de dólares al cubano Gustavo Villoldo por el suicidio de su padre, del mismo nombre, quien se tomó una botella de píldoras para dormir poco después de que el “Che” Guevara, gerente del Banco Nacional de Cuba en 1959, le hiciera saber que su compañía, distribuidora de General Motors, sería decomisada.
Otra indemnización de 253 millones de dólares fue otorgada por un jurado de Miami-Dade a los hijos del cubano Rafael del Pino Siero, quien murió en prisión en la isla, donde fue encarcelado poco después de volar aviones desde Miami a Cuba con infiltrados que participarían en actividades anticastristas.
Del Pino fue condenado a 30 años de cárcel y murió en la Prisión Combinado del Este en 1977 a los 51 años.
Otro caso es el de la familia del estadounidense Thomas Willard Ray, de 30 años de edad, cuyo avión fue derribado en abril de 1961 en una misión de apoyo a la Invasión de Bahía de Cochinos y luego asesinado de un balazo en la sien derecha. Su hija, Janet Ray Weinninger ganó una demanda por daños contra el gobierno cubano por 87 millones de dólares en la corte de Miami-Dade, en Florida.
Por otra parte, la viuda e hijos del estadounidense Howard Frederick Anderson, obtuvieron 67 millones de dólares en una corte federal estadounidense en abril de 2003. Anderson, de 41 años, fue arrestado en marzo de 1961 en Cuba y acusado de participar en una conspiración contra Fidel Castro. Antes de ser ejecutado frente a un pelotón de fusilamiento, fue torturado salvajemente y le extrajeron la sangre.
En Fort Lauderdale, al norte de Miami, Florida, el activista cubano José Basulto ganó en enero de 2003 una demanda por más de 40 millones de dólares contra el Gobierno de Cuba tras expirar el plazo otorgado a las autoridades cubanas para que hicieran su defensa en un tribunal de Estados Unidos.
Basulto acusó a La Habana de ordenar el derribo de dos avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, en aguas internacionales, en febrero de 1996. En el ataque de aviones caza MiG 29 cubanos murieron Pablo Morales, Armando Alejandre, Mario de la Peña y Carlos Costa.
Además, Ana Margarita Martínez, exesposa del espía cubano Juan Pablo Roque presentó una demanda que busca retener los pagos que Estados Unidos (sur de Florida) hace a La Habana por sus vuelos fletados.
Martínez busca recibir una parte de los 27 millones de dólares que ya había ganado contra el gobierno cubano, al que había acusado de ordenarle a Roque que se casara con ella para lograr sus objetivos políticos.
Tenemos también el caso de Sherry Sullivan, hija del piloto estadounidense Geoffrey Francis Sullivan, a quien un juez del condado de Waldo, Maine, le concedió una demanda por 21 millones de dólares contra el Estado cubano en 2009.
Su padre participó en una actividad encubierta de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en la isla en 1963 y después de ser capturado por agentes del Gobierno fue torturado y ejecutado.
El Gobierno de Cuba no acata las decisiones de los tribunales extranjeros y no paga a los familiares de sus víctimas. El Departamento del Tesoro estadounidense mantiene congelados 245 millones de dólares a la isla en los bancos norteamericanos.
La Corte Internacional de Arbitraje de París ordenó la disolución y posterior liquidación de los bienes de la empresa y solicitó a la isla que pague a Marambio una indemnización de 143 millones de pesos por lucro cesante y 10 millones por daño moral. El tribunal falló que la disolución y la venta de activos se realice en un período de 60 días.
En 2009, el magistrado Peter Adrien concedió una indemnización por más de 1.000 millones de dólares al cubano Gustavo Villoldo por el suicidio de su padre, del mismo nombre, quien se tomó una botella de píldoras para dormir poco después de que el “Che” Guevara, gerente del Banco Nacional de Cuba en 1959, le hiciera saber que su compañía, distribuidora de General Motors, sería decomisada.
Otra indemnización de 253 millones de dólares fue otorgada por un jurado de Miami-Dade a los hijos del cubano Rafael del Pino Siero, quien murió en prisión en la isla, donde fue encarcelado poco después de volar aviones desde Miami a Cuba con infiltrados que participarían en actividades anticastristas.
Del Pino fue condenado a 30 años de cárcel y murió en la Prisión Combinado del Este en 1977 a los 51 años.
Otro caso es el de la familia del estadounidense Thomas Willard Ray, de 30 años de edad, cuyo avión fue derribado en abril de 1961 en una misión de apoyo a la Invasión de Bahía de Cochinos y luego asesinado de un balazo en la sien derecha. Su hija, Janet Ray Weinninger ganó una demanda por daños contra el gobierno cubano por 87 millones de dólares en la corte de Miami-Dade, en Florida.
Por otra parte, la viuda e hijos del estadounidense Howard Frederick Anderson, obtuvieron 67 millones de dólares en una corte federal estadounidense en abril de 2003. Anderson, de 41 años, fue arrestado en marzo de 1961 en Cuba y acusado de participar en una conspiración contra Fidel Castro. Antes de ser ejecutado frente a un pelotón de fusilamiento, fue torturado salvajemente y le extrajeron la sangre.
En Fort Lauderdale, al norte de Miami, Florida, el activista cubano José Basulto ganó en enero de 2003 una demanda por más de 40 millones de dólares contra el Gobierno de Cuba tras expirar el plazo otorgado a las autoridades cubanas para que hicieran su defensa en un tribunal de Estados Unidos.
Basulto acusó a La Habana de ordenar el derribo de dos avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, en aguas internacionales, en febrero de 1996. En el ataque de aviones caza MiG 29 cubanos murieron Pablo Morales, Armando Alejandre, Mario de la Peña y Carlos Costa.
Además, Ana Margarita Martínez, exesposa del espía cubano Juan Pablo Roque presentó una demanda que busca retener los pagos que Estados Unidos (sur de Florida) hace a La Habana por sus vuelos fletados.
Martínez busca recibir una parte de los 27 millones de dólares que ya había ganado contra el gobierno cubano, al que había acusado de ordenarle a Roque que se casara con ella para lograr sus objetivos políticos.
Tenemos también el caso de Sherry Sullivan, hija del piloto estadounidense Geoffrey Francis Sullivan, a quien un juez del condado de Waldo, Maine, le concedió una demanda por 21 millones de dólares contra el Estado cubano en 2009.
Su padre participó en una actividad encubierta de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en la isla en 1963 y después de ser capturado por agentes del Gobierno fue torturado y ejecutado.
El Gobierno de Cuba no acata las decisiones de los tribunales extranjeros y no paga a los familiares de sus víctimas. El Departamento del Tesoro estadounidense mantiene congelados 245 millones de dólares a la isla en los bancos norteamericanos.